Zacualpan, la síntesis del monopolio político (o de la imposibilidad de desafiar a los caciques)

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Sobre Zacualpan abundan las especulaciones, y parece que las autoridades -en teoría- competentes tienen todas las respuestas, pero no logran dar salida al conflicto que se ha instalado en esta comunidad que hace un par de años no figuraba en el mapa de las agendas políticas del gobierno, los partidos y los medios de comunicación.

Los guardianes del régimen colimense (autoridades estatales, el partido en el poder, organismos “independientes” y opinólogos) han construido un relato propio del autoritarismo con el que se sirven del sistema político local: Zacualpan es una comunidad pacífica que ha sido violentada por intereses políticos externos (organizaciones ambientales, partidos políticos y ahora hasta organizaciones internacionales).

Es curioso que quienes se llenan la boca hablando de modernidad, democracia, globalización y desarrollo, ahora demuestran un pensamiento provinciano y cerrado, propio de hacendados o caciques políticos de mediados del siglo XX.

La misión nacional e internacional de observación en Zacualpan conformada por más de 13 organizaciones civiles y personalidades del ámbito científico, fue percibida por el poder estatal como una amenaza: ¿cómo es posible que extranjeros y con nacionales vengan a señalar lo que está mal?

El régimen político colimense ha demostrado sus cimientos autoritarios, la clase política y los “líderes” de opinión su simpleza de pensamiento, y las autoridades implicadas su ignorancia y perversidad. El secretario general de Gobierno y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuaron por berrinche, el gobernador estuvo ausente -como en todo su sexenio-, y los diputados ni siquiera dieron la cara en la visita diplomática.

Los hechos hablan pos sí solos, Roberto Chapula y Rogelio Rueda, como voceros oficiales, han recurrido a la descalificación de la misión de observadores lanzando más epítetos que argumentos para intentar expandir la versión en la que intentan hacerse pasar como los estadistas incomprendidos y violentados.

La parcialidad y protección del gobierno del estado hacia el grupo de pobladores presuntamente afines al PRI y al depuesto comisario de bienes comunales ha sido evidente y quedó documentada. Por si esto fuera poco, el titular de un organismo que protege los derechos fundamentales de los seres humanos prácticamente corrió a los observadores; “Ya váyanse de Colima”, les dijo quien siente sobre sus hombros el derecho de expulsión del territorio.

¿No es lo mismo quienes protestan contra la instalación de una mina que quienes lo hacen por rabieta de recuperar su poder? No, pues mientras los primeros tienen sustento político y actúan de acuerdo a los mecanismos formales e informales de participación, los otros simplemente recurren a la violencia.

Pero más allá de la forma, los argumentos de los inconformes que han agredido a su pueblo, periodistas, activistas y observadores, son incongruentes, irreales y lastimeros; a una de las observadoras le dijeron que venía representando a la mina, a otros les dijeron “biosiguanos”, a los periodistas de 3.0, Perriodismo y Proceso también les dijeron ser parte de un complot donde la asociación civil Bios Iguana intenta apoderarse de sus tierras para explotarlas.

A pesar de las diferencias, hay un hilo común o puntos de convergencia entre los guardianes del régimen y quienes ejercen su derecho a la participación a través del Comité Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y organizaciones afines: en los discursos y acciones parece que aún no se asume la dimensión política del conflicto, y mientras esa zona continúe oscura, crecen las oportunidades para especular, denostar y crear enemigos ficticios.

¿Bios Iguana está detrás del conflicto? ¿Morena se quiere colgar del movimiento indígena? ¿El gobierno estatal azuza y protege a los comuneros anti bios iguana?

Estas preguntas seguirán sembrando duda mientras los actores no se asuman y manifiesten en su justa dimensión en este conflicto público, que atañe a todos pues Zacualpan no es una isla independiente.

Aunque si seguimos el discurso de los pobladores en rebeldía y el gobierno estatal, entonces en Zacualpan no debería haber campañas políticas ni elecciones, no debería entrar el IFE o el INEGI, no debería haber radio o televisión abierta ni iglesias, pues todos esos son agentes externos que trastocan la vida interna de la comunidad.

El conflicto de Zacualpan es político, hay que asumirlo con todas las palabras y sus implicaciones, pues su resolución, o al menos su gestión, deberá pasar por diálogo, negociaciones, toma de posturas y el ejercicio justo de la ley. Y esto es justamente lo que la misión vino a proponer, pero pareciera que en Colima no estamos acostumbrados a ejercer la política bajo los cánones democráticos, sino a la guerra de posiciones con la bandera de la pureza antipolítica.

A más de un año de que se hizo público el conflicto en Zacualpan por las intenciones de instalar una mina a cielo abierto, este pueblo sigue siendo una síntesis del sistema político colimense, o para decirlo con mayor precisión, en la escalada de este conflicto Zacualpan sigue siendo una muestra de cómo opera el monopolio del poder político en el estado, pero también de cómo opera la imposibilidad efectiva de desbordarlo.

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