Aunque han sido omisos y tardíos, para el Gobierno del Estado de Colima y la Comisión de Derechos Humanos, la organización colimense Bios Iguana y la Misión Internacional y Nacional de Observación del Caso Zacualpan son no sólo agresivos sino que también han criminalizado la protesta del grupo priista.
Ayer en rueda de prensa, Rogelio Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno, acusó a estos “grupos ajenos” y “extraños” de intentar criminalizar al grupo disidente de Zacualpan, quienes han bloqueado ilegalmente el acceso al manantial Ojo de Agua desde diciembre pasado y mantuvieron el control desde agosto 2014.
Rueda Sánchez negó que su gobierno sea represor, sino que siempre se opta por el diálogo porque “encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que se ese diálogo se dé”.
Agregó que el motivo inicial de la Misión de Observadores era conocer la situación de la actividad minera en Zacualpan, pero posteriormente su interés fue por los derechos humanos de sus habitantes, “incluso hemos visto que pretender inmiscuirse en la vida interna de la comunidad”.
Por su parte, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), acusó a la Misión de venir a Colima en “plan agresivo”.
“Venían en un plan agresivo, cuestionando a todo mundo, que había sido omiso el Gobierno del Estado y hasta la CEDH (…) No vamos a permitir que vengan aquí a insultarnos a o imponernos, los problemas los vamos a resolver nosotros dentro de la ley y así lo estamos haciendo”, señaló.
Asimismo, acusó que el objetivo de la Misión era también defender a la organización ambientalista de Colima, Bios Iguana. En ese sentido, afirmó que dicho grupo no ha sido reprimido, y por el contrario, han sido escuchados.
Desde el 30 de noviembre, la Procuraduría Agraria celebró elecciones bajo un fuerte dispositivo de seguridad donde participaron agentes de la Policía Estatal y municipal.
En esta sesión, Taurino Rincón Lorenzo -miembro del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan- resulto electo, pero desde entonces un reducido grupo de habitantes ligados al PRI y al presidente Carlos Guzmán Teodoro intentaron desconocerlo y se negaron a cederle la administración del manantial Ojo de Agua. En esta ocasión, los disidentes y elementos policiales intentaron obstruir la labor periodística de tres reporteros mediante agresiones e intimidaciones.
Un mes después, el 30 de diciembre, el nuevo presidente Taurino Rincón fracasó en su intento de tomar el control legal del balneario; aunque hubo presencia de elementos de la policía estatal, municipal, federal y ministerial, éstos se limitaron a observar a pesar que hubo actos de violencia por parte del grupo disidente. Desde entonces, este último grupo ha bloqueado el acceso al manantial, resguardados por la Policía Estatal.
El 15 de enero pasado, miembros del Consejo Indígena se manifestaron en el Congreso del Estado durante el quinto informe de labores de Chapula de la Mora. Ahí exigieron su renuncia pues durante más de un año han presentado al menos ocho quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y no había ninguna respuesta.
Fue hasta el martes pasado con la visita de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan cuando Roberto Chapula de la Mora emitió medidas cautelares y el Gobierno del Estado intervino para limitar los bloqueos que realiza el grupo disidente de Zacualpan, sin embargo, aún continúa cerrado el acceso al manantial y totalmente negado a miembros de Bios Iguana.
Cabe señalar que las agresiones y amenazas contra periodistas por parte del grupo priista han sido constantes durante todas las visitas a Zacualpan, sin que la policía estatal intervenga aunque lo atestigüe.