Entregan más de 500 amparos contra reforma educativa

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Maestros de Colima entregaron anoche el último de los 538 amparos contra la reforma educativa en el estado, tras una marcha-caravana que inició en el jardín Núñez y concluyó en el Poder Judicial de la Federación.

El contingente arribó a las 8:30 de la noche al juzgado distrital para entregar en manos del profesor René Hernández Corona los últimos catorce amparos de la entidad, luego de que 164 fueran entregados directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes 21 de octubre.

“La credibilidad (del Poder Judicial) depende de ellos, no de nosotros. Tenemos la fe que es gente con valores que no va atender los intereses de quienes promueven esta mal llamada reforma educativa”, manifestó Hernández Corona.

Según datos de los profesores, son 178 los maestros que tramitaron este recurso legal a través de la Asamblea Estatal Magisterial en la capital del estado, además de aproximadamente 360 en Manzanillo que lo hicieron a través del Frente Magisterial Democrático Colimense.

Sin embargo, existe otra cantidad de profesores que lo tramitaron de forma independiente y que se suman a los más de 200 mil amparos que se han promovido a nivel nacional.

Los artículos impugnados son –entre otros- el 3, 73 y 123 apartado B constitucionales, algunos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Educación y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En su intervención, la maestra Paula Delia González afirmó que los maestros están actuando dentro del marco jurídico y confía en alcanzar su objetivo. “Vamos a continuar en esta lucha”, añadió.

Ayer a las 11:59 de la noche venció el plazo fatal para la recepción de los amparos contra las reformas de las leyes secundarias de la reforma educativa. En ese sentido, Hernández Corona consideró que “estos amparos representan el grito del magisterial nacional para que salga a la luz pública que es una reforma anticonstitucional, que atenta contra los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y la escuela pública”.