Círculo vicioso

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La seguridad es una de las asignaturas pendientes en todo México. Al menos desde 2008, las condiciones nacionales de seguridad se han deteriorado de manera progresiva, y con ellas la calidad de vida de todos los mexicanos. Lamentablemente, Colima no ha escapado de esta tendencia nacional.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, en promedio, 1 de cada 32 colimenses han sido víctima de un delito en los últimos tres años. Para ponerlo en perspectiva, si tuviste más de 30 compañeros en la secundaria, posiblemente tres de ellos fueron víctimas de delitos en esos años; y de seguir la tendencia, otro lo será durante 2020.

El aumento de la criminalidad es un problema complejo, que no puede reducirse a culpar ciegamente gobiernos o estrategias. En su lugar, deben analizarse las condiciones que incentivan el comportamiento fuera de la ley. Hay muchas teorías que arrojan luz a los problemas que estamos viviendo, tantas como disciplinas e interdisciplinas se les puedan ocurrir. En este caso, quiero enfocarme en dos indicadores que podrían explicar parcialmente por qué repuntaron los crímenes en nuestro estado: la baja eficiencia del cierre de carpetas de investigación y los niveles de delitos sin sentencia en el estado.

Cerrar una carpeta de investigación es complicado, porque la Fiscalía está saturada de trabajo. En 2017, la Fiscalía reportó haber iniciado 24,424 carpetas de investigación al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Sin embargo, en ese mismo año tan solo cerró 859 carpetas de investigación, por lo que solo logró cerrar el 3.52% de los casos iniciados. La historia se agravó en 2018: de las 24,488 carpetas de investigación iniciadas, solo se cerraron 379 investigaciones; es decir, el 1.55% de las investigaciones abiertas. Y esto no cuenta las carpetas pendientes, por lo que la Fiscalía tiene el reto de mejorar la eficiencia de la investigación de delitos.

Además del reto en la eficiencia, hay un problema en el número de delitos que no tienen sentencia por año. En 2017, el Poder Judicial Estatal reportó haber emitido 993 sentencias en materia penal, lo que contrasta con los 24,425 delitos cometidos; por lo que quedaron sin sentencia el 95.93% de los delitos en ese año. 2018 fue un caso peor, pues solo se emitieron 26 sentencias penales cuando se cometieron 24,494 delitos; por lo que el 99.89% quedo sin sentencia. Aunque 2019 fue ligeramente mejor, las 356 sentencias penales de ese año implicaron que, de los 26,554 delitos cometidos, el 98.66% quedó sin sentencia.

Sin duda, la investigación y los juicios llevan su tiempo. Sin embargo, en las condiciones actuales, esta lentitud solo agravará el problema. El panorama actual crea alicientes para el crimen mediante un círculo vicioso alimentado por los retos institucionales. La baja eficiencia y las pocas sentencias significan mayor carga de trabajo para las instituciones, por lo que no pueden atender los problemas en lo particular. Entonces, quienes delinquen descubren que las instituciones no pueden atender los problemas y siguen delinquiendo, cuestión que abona a la sobrecarga de trabajo institucional; de modo que el ciclo se perpetúa a la infinidad.

¿Qué se puede hacer ante esto? Aumentar la inversión y poner el dinero a trabajar. Una realidad nacional es que el personal policial y de fiscalías está mal pagado, mal equipado y no recibe la capacitación adecuada; por lo que podría ser útil aumentar el presupuesto, revisar las condiciones laborales, aumentar las contrataciones y mejorar la oferta de capacitación constante para ese personal, con el objetivo de incrementar la capacidad de cerrar las investigaciones. Asimismo, el poder judicial necesita inversión equivalente que amplíe su capacidad operativa para aumentar el número de casos que llegan a juicio y obtienen sentencia.

Sin embargo, esas ideas van a requerir que se implemente un mejor sistema de control y confianza, acompañado de comités de vigilancia ciudadana que garanticen el buen trabajo y el manejo adecuado de los recursos.

En resumidas cuentas, se necesita dinero, voluntad, estrategia y participación ciudadana.

@jkvisfocri

Fuentes: Datos abiertos del SESNSP, CNPEJ 2018-2019 y estadísticas del portal de transparencia del Poder Judicial del Estado de Colima.

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