La política de reinserción social de menores infractores en la Ciudad de México “no existe”, los jóvenes tienen miedo de encontrarse con la libertad y no saber qué hacer con ella.
Una semana antes de salir del centro de internamiento San Fernando, Erick de 19 años de edad sintió un miedo que lo angustiaba día y noche: le atormentaba la libertad. Volver al barrio donde su vida transcurría entre drogas, robos y asaltos; donde los viejos camaradas lo esperaban para rendirle ‘honores’ tras cumplir condena en ‘la correccional’.
“La noche antes de salir tuve pesadillas (…) Tenía miedo, me preguntaba qué pasará una vez que esté en la calle. A mí me angustiaba que me regresaran de volada, porque vi a muchos compañeros que salían muy felices, pero al mes ya estaban de regreso. O a la semana. O incluso al día siguiente”, cuenta.
El miedo de Erick es real, una vez en libertad no existen políticas para dar seguimiento a los jóvenes.
Al salir, no cuentan con un trabajo o seguro de desempleo, carecen de tratamiento de salud para enfrentar sus adicciones, no hay ningún tipo de seguimiento por parte de la autoridad, ni un trabajo previo de sensibilización a sus familiares; además, son nulos los apoyos económicos para continuar sus estudios.
Beatriz Olivares, presidenta de la Comisión de Juventud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), asegura que “sin ningún apoyo se les envía de vuelta a los mismos lugares donde cometieron los delitos y por eso recaen».
De acuerdo con datos de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA), dependiente de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, de una población de 215 menores infractores internos actualmente, 37 son reincidentes (dos o más ingresos). Es decir, dos de cada 10.
De los reincidentes, 50 por ciento es su tercera vez, 40 por ciento su segunda y 10 por ciento restante tiene más de cuatro ingresos.
“No podemos pretender que un niño de 14 años que estuvo recluido hasta los 19, salga perfectamente reintegrado porque cumplió una condena. Ese cambio tan abrupto de volver a la sociedad lo va a desequilibrar, y si no se le da un seguimiento se refugiará en lo mismo” opina Saskia Niño de Rivera, directora organización social Reinserta.
La DGTPA no cuenta con la información del número de jóvenes que salieron de las comunidades de detención y se encuentran presos actualmente en diferentes cárceles de la capital o del país.
Se trata de una cifra clave para conocer el éxito o fracaso de la política de reinserción para menores infractores, que en el caso de la Ciudad de México es inexistente.
Para Jimena Candano, directora de Fundación Reintegra, lograr una política exitosa de reinserción para los jóvenes infractores requiere que las autoridades dejen de verlos como el “patito feo” de la seguridad pública y empiecen a considerarlos como un “grupo vulnerable”, a los que se les debe ofrecer apoyos específicos.
Siete de cada 10 pesos del presupuesto para la reinserción son absorbidos por la burocracia.
Existen comunidades de internamiento como San Fernando donde los jóvenes viven en instalaciones que tienen más de cien años
Ahí hay un solo psicólogo para dar terapia a más de 50 internos y un terapeuta especializado en adicciones para más de 200.
Desorientado y venciendo la tentación de volver con los viejos amigos del barrio, Erick decidió acudir a la organización social Reinserta la cual le brinda terapias y apoyo.
Desde hace una semana, trabaja como garrotero en restaurante y planea continuar con sus estudios.
(Con información de Animal Político)