El Gobierno de Mario Anguiano Moreno asignó contratos por 81 millones de pesos a empresas de servidores públicos, así como a proveedores con incapacidad financiera, con domicilio inexistente o con un giro diferente al servicio contratado.
En el informe de la revisión financiera que realizó la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), dentro una muestra de 85 contratos se detectaron irregularidades en 16 adquisiciones del Gobierno del Estado de Colima en los años 2014 y 2015.
El también denominado Libro Blanco señala la asignación de un contrato por 1.2 millones de pesos en artículos de limpieza a Comercializadora Guro 3H S.A. de C.V., administrada por Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces secretario de Fomento Económico.
También se detectó que se contrató «el servicio de base de datos civiles para las Entidades Federativas de México» por 31.9 millones de pesos.
Sin embargo, dos de los socios de la compañía se desempeñaban al mismo tiempo como servidores públicos: el primero como Coordinador Estatal de Conectividad y el segundo como Director A.
Asimismo, se adjudicó —sin licitación— un contrato por 5.2 millones de pesos a una empresa cuyo representante legal fungía a la par como agente ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Incluso, este servicio contratado fue para desarrollo web pero el giro del proveedor corresponde a proyectos de energías renovables y de impacto ambiental.
De igual manera, en la adquisición de uniformes y chalecos para la Policía Estatal Preventiva se asignaron 3.1 millones de pesos a una empresa que se dedica a la construcción de obras para telecomunicaciones.
El informe también resalta que la administración de Anguiano Moreno pagó aproximadamente 104 mil pesos de sobreprecio en la adquisición de llantas, latas de atún, huevos, jugos, tortillas, pastel y palillos para brochetas.
También se asignaron tres contratos —que en conjunto casi alcanzan los 20 millones de pesos— a igual número de empresas que no fueran localizadas en el domicilio registrado.
PwC también apuntó que en la licitación de placas de transporte privado —por 4.4 millones de pesos— pudo haberse violado la ley.
La consultora considera que los tres participantes posiblemente incurrieron en una práctica monopólica, toda vez que las tres propuestas económicas tuvieron un incremento porcentual idéntico en todos los conceptos licitados.
En siete contratos más que suman 13 millones de pesos, la consulta señaló otras irregularidades como la incapacidad financiera de las empresas para ofrecer los bienes contratados, así como la falta de un proceso de licitación e inconsistencias en las fechas de los procedimientos.