Un mapa de los descuentos estudiantiles

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Creo que muy pocas personas podrían negar que el transporte público en Colima es pésimo. El servicio es deficiente e insuficiente, las unidades son inadecuadas, faltan camiones, las rutas no alcanzan, los horarios son irregulares y las paradas casi son decisión del chofer.

Es conocido que Colima está en el top mundial de las ciudades con más automóviles por habitante, y se asume que la gente opta por comprar un carro porque el transporte público no satisface sus necesidades.

Pero no todos pueden elegir la independencia a motor. Según la última encuesta del INEGI, el 51% de las viviendas en el estado cuentan con automóvil. O sea, prácticamente la mitad de las familias necesitan el servicio de transporte público.

En este cuadro reapareció el debate sobre el descuento universal para estudiantes en el transporte público colectivo. La demanda es simple: que cualquier estudiante del Estado pueda acceder a este beneficio sin necesidad de ser afiliado a la Federación de Estudiantes Colimenses.

El último acuerdo sobre tarifas del transporte publicado por el poder ejecutivo, establece que los estudiantes, discapacitados, adultos mayores, así como jubilados y pensionados, tienen derecho al 50% de descuento en los colectivos urbanos. Según el documento, la aplicación de este derecho requiere la acreditación que corresponda.

¿Por qué es la FEC la encargada de acreditar quién es estudiante y quién no, para efectos del descuento? Esto incluso va en contra del acuerdo del ejecutivo, la FEC se convierte en un filtro que convierte un derecho en un privilegio exclusivo.

La federación no tiene argumentos para defender su monopolio, así que tiene que optar por el discurso de la responsabilidad con las finanzas del gobierno y los concesionarios del transporte, y entonces parecen más un órgano oficial de control que una organización para la defensa de los estudiante.

Según los transportistas, ellos subsidian el descuento de al rededor de 40 mil estudiantes en el Estado, y según INEGI hay aproximadamente 200 mil colimenses mayores a 3 años que van a la escuela. Asumamos que la mitad no necesita de camiones; sólo el 40% de los estudiantes podrían acceder a un derecho garantizado por un grupo de interés político.

Para los transportistas es una cuestión de finanzas, aplicar el descuento universal no sólo implica prescindir de la FEC, sino ampliar este beneficio a un mercado de estudiantes que actualmente están excluidos, principalmente los de nivel básico. Y esto disminuye sus ganancias financieras.

He intentado investigar cuánto gana un concesionario pero me ha sido imposible. Tampoco hay claridad sobre cómo se usa el dinero de las concesiones ¿se invertirá en mejorar infraestructura, en subsidiar precios y descuentos, o se pierde en los hoyos negros del gasto estatal?

Imagino que los transportistas defenderán su interés económico y la FEC defenderá su interés político. Parece que en los primeros hay apertura, la FEC no les importa mucho, pero el tema de las finanzas se antoja complicado, y en los segundos la postura es inamovible en defensa del monopolio gremial, e incluso podrán defender las finanzas de los concesionarios y del gobierno.

El PAN ha asumido una nueva cruzada con el mismo arrebato que sus anteriores intentos de cambiar las fichas del juego político. Y un sector heterogéneo de la sociedad levanta una bandera de democratización y derechos colectivos, sin contar con una plataforma común para demostrar fuerza.

El árbitro del conflicto es el poder ejecutivo. El presidente de la Federación de Transporte Urbano y Suburbano del estado, fue presidente de la FEC hace más de treinta años. Si éste asume la voz del gobierno en el tema, ya declaró que los asuntos del descuento sólo los puede tratar el consejo consultivo del transporte, el cual preside “el señor gobernador del estado”.

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