¿Martín Flores en Derechos Humanos?

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Esta semana podría ser definitiva para los próximos seis años en Colima.

Casi al ritmo que el Congreso y el Ejecutivo emitan las respectivas convocatorias, se empezarán a mover las fichas para renovar la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, así como el órgano de Auditoría y Fiscalización de las cuentas públicas.

La justicia laboral, la promoción y protección de derechos humanos, la transparencia y el acceso a información, así como la rendición de cuentas, están en juego. La renovación de esta terna de instituciones es vital no sólo para el funcionamiento del gobierno, sino para el fortalecimiento de una ciudadanía activa que en Colima es más que germen.

De manera lamentable, parece que quienes ayer y hoy se dicen afectados por la corrupción del poder político, no están movilizándose para transparentar procesos y posicionar perfiles. Ni la oposición política ni la ciudadanía organizada están trabajando públicamente por dar la relevancia necesaria a la renovación de estos órganos -a excepción de la OSAFIG-.

Y esto es de llamar la atención, pues las protestas sociales que se han registrado en los últimos años en Colima han tenido como saldo el registro de violaciones a los derechos civiles y políticos, que ha decir de los denunciantes, pueden llegar a la persecución y la intimidación. Apenas hace una semana un reportero en Manzanillo fue objeto del abuso de autoridad de la fuerza pública, hechos que se vuelven una constante y elevan cada año las denuncias ante la CEDH, donde la policía estatal y la PGR son los principales demandados.

Incluso partidos políticos que abiertamente han denunciado un estado de represión, parecen estar al margen.

En cuanto a la justicia laboral, Colima tiene el peor desempeño nacional -según el IMCO-, y la renovación del TAE debería recordarnos casi de forma inmediata al grupo de catedráticos universitarios que han experimentado en propia piel, cómo este órgano parece actuar bajo consigna política en detrimento de los derechos de los trabajadores y violando la ley misma.

Del INFOCOL no hay mucho que hablar, es incipiente el uso de los mecanismos de acceso a la información y más bien parece darse de manera atomizada. Esto no le quita valor pues las instituciones ponen montón de obstáculos al ejercicio de este derecho, tanto que hasta desmotivan. Los medios de comunicación deberían ser los más interesados.

Tan solo unos cuantos grandes empresarios se han organizado en torno al tema de las cuentas públicas, dicen que se preocupan por el manejo financiero del gobierno y tienen meses presionado para ser parte de la fiscalización pública. Ya lograron incidir en la convocatoria de renovación del OSAFIG y se han colado como parte de una suerte de jurado que evaluará las ternas.

Es cierto que la democracia no viene del palacio, por eso debería preocuparnos que a pesar de tanto descontento social, no parezca materializarse una oportunidad política que no es lejana. El estigma de la politización y los recelos entre formaciones sociales y políticas nos orilla a ejercer un papel de expectadores, donde no nos queda más que rezar porque la CDHEC no quede en manos de alguien como Martín Flores, que aunque lo niegue, se sabe que la quiere.

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