Gobierno de Colima fabricó delitos contra ejidatarios de Ayotitlán

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El Gobierno del Estado de Colima, en complicidad con funcionarios del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, fabricaron delitos en contra de los 34 ejidatarios detenidos el miércoles pasado en las instalaciones de la empresa.

Así lo consideró, en entrevista con Milenio, la presidenta de la organización civil Instituto del Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, quien además criticó que las autoridades colimenses pretendan imputar a los ejidatarios delitos graves para que desistan del amparo 462/2013.

En ese sentido, la organización explicó que el Gobierno colimense señala que los 14 millones de pesos que la minera pagó al Ejido el martes pasado durante la manifestación fueron por el rescate de tres funcionarios de Peña Colorada presuntamente privados de su libertad.

Sin embargo, esa cantidad corresponde al convenio firmado el 22 de julio 2012 entre ambas partes donde la minera se comprometió a pagar 18 mil pesos por cada una de las 801 hectáreas rentadas, en el mes de julio de cada año.

El monto que Peña Colorada transfirió al Ejido fue de 14 millones 805 mil 570 pesos desglosados de la siguiente manera: 865 mil por renta anual para el periodo 2015-2016, 852 mil 780 pesos para reparto directo entre ejidatarios, y 87 mil 636 pesos para las gestiones del comisariado ejidal.

Los pagos se hicieron a las 2:22 de la tarde y a las 5:39 de la tarde.

Para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, estos son los elementos que comprueban el delito, por lo que seis minutos después del segundo depósito, abrió la averiguación por “secuestro consumado”.

Uno de los habitantes del Ejido de Ayotitlán que acudió a la manifestación comentó que en todo momento se mantuvieron pacíficos.

“Hubo un diálogo tranquilo (…) fuimos a la caseta de vigilancia (de la empresa; estuvimos para un arreglo donde (David Cárdenas, representante jurídico de Peña Colorada) nos presentó el pago de los convenios de las 801 hectáreas (…) A las 6:20 de la tarde del 22 de julio, él y Candelario Montes (otro funcionario de la empresa) se fueron de ahí en su carro, sin que nadie los molestara”, narró.

“Eran como las 7 de la noche, la gente andaba buscando su acomodo para dormir, cuando un grupo de antimotines de la Procuraduría de Justicia de Colima llegaron en una Comander negra y en una camioneta blanca y comenzaron a golpear a los campesinos con piedras; los campesinos se defendieron como pudieron, hubo disparos de metralleta R-5, bombas lacrimógenas”, detalló.

El campesino lamentó que los elementos policiacos también hayan golpeado a los ancianos, a los niños y a las mujeres.

Para Raquel Gutiérrez, las instituciones de Colima están actuando en favor de los intereses de la empresa.

Incluso, señala el rotativo, el procurador de Justicia de Colima Marcos Santana Montes le dijo al abogado Eduardo Mosqueda que el amparo 462/2013 “en Colima no sirve”.

El jueves pasado en rueda de prensa, el secretario general de Gobierno de Colima, Rafael Gutiérrez Villalobos, acusó a los ejidatarios de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada, por lo que podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel sin derecho a fianza.

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