Atrasa Gobierno de Colima nómina, otra vez

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Por segunda quincena consecutiva, el Gobierno del Estado de Colima presenta problemas para cubrir al 100 por ciento la nómina de sus trabajadores.

A través de un mensaje enviado a nuestra redacción, una de las afectadas denunció que las autoridades les informaron que el pago correspondiente a la primera quincena de julio será cubierto hasta el viernes 17.

“Nos citaron a reunión donde nos dijeron que la situación (financiera) está muy complicada”, señala la inconforme.

“Hoy citaron a todos los secretarios para decirles que informaran a su personal que no nos pagarían hasta que llegaran las participaciones federales. Igual a los pensionados del Sindicato, les pagarían el 13 (de julio) y no les han pagado”, detalló.

Por su parte, Rumualdo García Mejía, presidente de la Asociación de Secretarios y Proyectistas del Poder Judicial del Estado de Colima, criticó que por “enésima ocasión”, el Supremo Tribunal de Justicia sea “omiso en cubrir la totalidad de la nómina de los trabajadores de confianza”.

Acusó al Presidente Rafael García Rincón y cinco magistrados más de únicamente preocuparse por cubrir la nómina de los sindicalizados pero no la de los demás.

Lo anterior revela que para los tres poderes del Gobierno de Colima, señala García Mejía, “hay dos niveles de trabajadores: los del Sindicato que encabezan los charros (Martín Flores y Víctor Vázquez), a quienes sí les respetan sus derechos laborales; y los de ‘confianza’, a quienes vulneran sistemáticamente sus derechos laborales”.

En ese sentido, detalló que el Gobernador únicamente envió de forma etiquetada la nómina de los sindicalizados, mientras que para el resto la transferencia de dinero a sido “a cuenta gotas”, empezando por los de más bajos ingresos, pero sin pagarles a todos.

La quincena pasada, Anguiano Moreno reconoció el atraso derivado de “dificultades” que existen “desde hace tiempo producto de que se han disminuido las participaciones federales de manera sistemática”.

A continuación el mensaje completo:

UN PODER JUDICIAL QUEBRADO Y SUMIDO EN LA ILEGALIDAD

Por enésima ocasión, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, encabezado por el Magistrado Rafael García Rincón, ha sido omiso en cubrir a la totalidad de los trabajadores de confianza su respectiva quincena, misma que debió haber sido depositada desde el día de ayer, pero que no les fue pagada porque el Gobernador solo mandó una parte, ETIQUETADA solo para los sindicalizados y después, a cuentagotas, ha ido transfiriendo poco a poco dinero para que se empiece a pagar a los demás trabajadores, empezando por los de más bajos ingresos, pero sin pagarles a todos.

Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto recurrente, con el consiguiente perjuicio para esta clase trabajadores; pero solo para ellos, porque valga hacer la aclaración que, coludido con sus amigos Martín Flores y Víctor Vázquez, el Presidente del Tribunal -y sus cinco Magistrados cómplices con los que domina el Pleno- sí se han preocupado (y así ha ocurrido) de que a los trabajadores sindicalizados se les pague en forma oportuna. Desafortunadamente, estos seis nefastos Magistrados ni siquiera han hecho por abogar por sus propios colaboradores, al menos en agradecimiento porque les hacen el trabajo que ellos son incapaces de hacer.

Lo expuesto nos revela que en el Gobierno del Estado de Colima -vale para los tres poderes- hay dos niveles de trabajadores: los del Sindicato que encabezan los charros mencionados, a quienes sí se les respetan sus derechos laborales; y los de “confianza” (quedaría mejor LOS DE SEGUNDA CLASE), a quienes se les vulneran sistemáticamente sus derechos laborales, al no pagarles su salario y, además, al explotarles con jornadas de trabajo extenuantes, sumado al acoso y hostigamiento que existe en su contra, solo por atreverse a cuestionar al podrido régimen de Mario Anguiano y sus alegres compadres. Como muestra de ello, en reiteradas ocasiones, al menos en el Poder Judicial, los seis magistrados que controlan el Pleno del Tribunal han sido el instrumento ejecutor de aquellos que hicimos, hacemos y haremos hincapié en estas anomalías.

Es preocupante esta lamentable situación, que se torna más dramática día a día, por la presión asfixiante a que son sometidos estos trabajadores de confianza, quienes se ven obligados a laborar en estas condiciones, y a quienes se les amenaza para que no externen su inconformidad, chantajéandoles con el despido o con la imposición de condiciones más lesivas todavía.

Y por si fuera poco, como un síntoma más del grave desfalco en que se encuentran las arcas estatales, información confiable del propio Supremo Tribunal indica que, en contra de lo que ordena la ley, los descuentos que se hacen a los trabajadores por diversos conceptos (IMSS, ISR, Pensiones) ni siquiera son enterados a las entidades respectivas, porque se los queda para sí el propio Poder Judicial, para tratar de paliar la quiebra financiera en que se encuentra.

A estas ilegalidades debemos sumar también el saqueo del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que durante la gestión de García Rincón ha alcanzado mínimos históricos, porque se ha dilapidado en obras de relumbrón, además de utilizarse cotidianamente para el pago de gastos operativos del propio Poder Judicial, cuando esas erogaciones se deberían hacer con cargo al presupuesto.

Como cereza del pastel, falta agregar en esta denuncia que, en el colmo del descaro, he tenido conocimiento de peticiones de las propias autoridades del Poder Judicial para que los trabajadores de confianza sean INSTITUCIONALES y guarden silencio ante este oprobio que están viviendo, solicitándoles que se solidaricen con el “esfuerzo” que están haciendo de Anguiano Moreno y García Rincón para conseguir dinero (que ya estaba presupuestado, y sabrá Dios adónde fue a parar), y así poderles pagar su sueldo; y si no es así, que presenten su renuncia. QUÉ POCA MADRE!

Espero que los aludidos sientan un poco de vergüenza (SI ES QUE AÚN LES QUEDA ALGO), y cumplan con su obligación constitucional y legal de cubrir en tiempo los sueldos que se han ganado a pulso los trabajadores de confianza; en caso de no ser así, presentaremos las demandas respectivas ante las instancias correspondientes, para que a partir de noviembre se aplique la ley en contra de estos siniestros personajes que han sumido a Colima en la peor crisis de toda su historia.

Lo único rescatable de todo esto es que, en unos meses más, cuando termine el sexenio, tendrán que dejar su sitio en el Poder Judicial; ojalá que el severo daño que han hecho a las instituciones públicas, sobre todo a la administración de justicia, aún se pueda reparar.

RUMUALDO GARCÍA MEJÍA.
Presidente de la Asociación de Secretarios y Proyectistas del Poder Judicial del Estado de Colima, A. C.

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