Exigen organizaciones internacionales seguridad en Zacualpan… y nada

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Autoridades federales, estatales y municipales no han garantizado la seguridad de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ni de los integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana, a pesar de que organizaciones pro derechos humanos de Irlanda, Canadá, Argentina, Colombia, Australia, Chile, Honduras, Perú, El Salvador, Guatemala, Brasil y México han hecho distintos exhortos.

Se trata de la irlandesa Front Line Defenders, la canadiense Mining Watch, la brasileña Ahomar, la colombiana Fundación para la Comunicación Popular (Foncop), la argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), el Comité Ambiental del Valle de Siria en Honduras, entre otras, quienes han enviado mensajes de preocupación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al gobernador Mario Anguiano Moreno, a los diputados del Congreso del Estado y otras autoridades mexicanas, pero nada han hecho.

Apenas el viernes pasado a las 3 de la mañana, la casa de Alejandro Bueno —miembro de Bios Iguana— fue atacada por uno o varios sujetos desconocidos, quienes con piedras quebraron el vidrio de la ventana de la recámara mientras él dormía.

El 25 de septiembre pasado, a través de un mensaje privado en Facebook proveniente de una cuenta falsa bajo el nombre de “Angel Elektrico”, Bueno fue advertido: “PASANDO POR TU CASA (…) ME ACORDE DE TI Y DECIDI ESCRIBIRTE PARA SALUDARTE Y KE SEPAS KE MAS TE VALE ANDAR CON CUIDADO Y CON PINCITAS CABRONSITO. ZACUALPAN NO ESTA EN TODOS LADOS (…) YA NO TIENE SENTIDO KE SIGAN DE VALIENTITOS, ESTAN PERDIDOS (sic)”.

alex fb bios iguana

En ese sentido, Front Line Defenders hizo un llamado para que las autoridades mexicanas “inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial” sobre las amenazas y actos de intimidación que han recibido miembros de Bios Iguana.

Asimismo, pidieron evitar que tanto los ambientalistas como los miembros del Consejo Indígena “sean amenazados, hostigados o criminalizados”, así como garantizar a los defensores de derechos humanos la libertad para operar sin restricciones ni represalias en Zacualpan.

De igual manera, Mining Watch Canadá exhortó a la CNDH otorgar “de manera pronta y expedita” medidas de protección a la organización ambientalista y al Consejo, ante los hechos de “violencia y desprestigio” alentados por el Gobierno y el Congreso del Estado.

En ese mismo sentido, otras organizaciones del mundo —principalmente latinoamericanas— demandaron al gobierno de Mario Anguiano dejar de promover la impunidad y acatar las resoluciones del TUA.

“Igualmente solicitamos se aplique todo el peso de la ley contra quienes fomentan la violencia y puntualmente se investigue y en su caso, procese a Carlos Guzmán y sus seguidores quienes han ocasionado lesiones físicas contra niñas y niños, mujeres y hombres de todas las edades de la comunidad de Zacualpan”, expusieron en una carta dirigida también a la CNDH.

Desde febrero 2014, distintas situaciones de violencia se han suscitado en la comunidad indígena de Zacualpan, en Comala, tras la destitución de Carlos Guzmán Teodoro como comisariado de Bienes Comunales por presuntamente impulsar un proyecto minero en la zona. Inicialmente, la decisión de la asamblea fue impugnada ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), el cual dictaminó en favor de la nueva dirigencia bajo la figura de sustituto hasta el 19 de junio del mismo año.

La nueva dirigencia interpuso un amparo para permanecer en el cargo por 3 años, tal como lo marcan los estatutos, sin embargo, esto ha sido rechazado por un grupo afín a Guzmán Teodoro y al PRI. Éstos últimos han protagonizado actos de violencia como agresiones físicas a algunos habitantes de Zacualpan y hasta la toma ilegal del manantial “Ojo de Agua” de la comunidad, a pesar de la intervención de la Policía Federal.

(Imagen: Archivo)

 

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