Los diputados locales buscan reformar por tercera vez en lo que va del año la Ley de Transporte y Seguridad Vial para limitar los motivos por las que un vehículo puede ser asegurado por las autoridades competentes.
El reciente refuerzo de operativos por parte de los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez para recoger los automotores con alguna irregularidad fue criticado por el PAN y PRD, quienes consideraron esta acción como una revancha por parte de los alcaldes priistas tras derogarse la llamada ‘Ley Chaleco’ el 8 de julio pasado.
Al respecto, el alcalde capitalino Federico Rangel Lozano negó que estos operativos fueran «especiales» y afirmó que se tratan de estrategias en materia de seguridad pública para «salvaguardar a la sociedad».
En ese sentido, la legisladora panista Yulenny Cortés León señaló que el esfuerzo para instalar retenes y llevarse los vehículos también debe realizarse para hacer una campaña gratuita de regularización de los documentos de conductores y sus vehículos.
El jueves 10 de julio a nombre de la Comisión de Gobierno Interno integrada por los seis partidos representados en el Congreso, el perredista Francisco Rodríguez García presentó una propuesta para reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis de la Ley de Transporte.
Actualmente la ley faculta tanto a las direcciones de seguridad vial municipal y a la estatal, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el aseguramiento del auto o moto en caso de reincidir en una omisión.
Las razones para asegurar un vehículo son: la falta de placas de circulación, no estar inscrito en el Registro Público Vehicular (Repuve), carecer de tarjeta de circulación, calcomanía, holograma o engomado, así como tener los vidrios polarizados o que las condiciones físicas o mecánicas de la unidad no sean las adecuadas.
La propuesta de reforma busca que el aseguramiento vehicular opere en «situaciones extremas que pongan en riesgo a la sociedad como lo es la falta de certeza de la procedencia de un vehículo por no portar placas de circulación vigentes o por la dificultad que genera el cristal polarizado para la identificación de los ocupantes».
Asimismo, se busca remover esa atribución a la SSP y PGJE porque su función solamente «consiste en prevenir el orden público, la investigación y la persecución del delito pero no a lo relativo de la vigilancia de las normas del transporte y seguridad vial».
La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes. El mismo jueves se aprobó un exhorto a todos los municipios para evitar utilizar las grúas cuando en un accidente vial el automóvil continúe en condiciones para circular para así evitar el pago del traslado.
Ayer Yulenny Cortés denunció a través de Facebook que estos operativos continuaban en Villa de Álvarez, específicamente en el centro comercial Soriana.
«Hay operativo en Soriana. Las gruas hacen fila para llevarse los vehículos automotores. Mal plan», publicó la legisladora.
La semana pasada advirtió de otros operativos en la avenida Anastacio Brizuela y 20 de noviembre en el municipio de Colima, al igual que en la avenida Pablo Silva de Villa de Álvarez.
Se acordarán de nosotros los ciudadanos cuando lleguen las elecciones del 2015! ya lo verán !
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