El consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V. vive en la impunidad por los daños contra el medio ambiente, y la afectación a la salud y terrenos de los pobladores de algunas comunidades de la Sierra de Manantlán, denunciaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Los indígenas nahuas-otomíes de las comunidades Puertecito de las Parotas y El Mameyito, acompañados por integrantes de Bios Iguana A.C., presentaron una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) contra la empresa minera por la presunta violación constante a los derechos humanos.
Desde hace 17 años, esa zona está en controversia territorial entre Colima y Jalisco lo que ha motivado carencia en la seguridad pública y en servicios públicos fundamentales.
De igual forma, los inconformes muestran su descontento por el acuerdo entre una comisión del Ejido de Ayotitlán y la empresa minera para arrendar 801 hectáreas en la Cuenca Alta del Río Marabasco que ahora sirven como vertedero de desechos tóxicos.
Según los denunciantes, el 12 de septiembre 2012 tres cortinas de retención de los desechos se derrumbaron provocando una desastre industrial en la zona que afectó a casi 450 familias de los poblados de El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemadado y La Piedra, así como otras comunidades ubicadas en la cuenca baja del Río Marabasco.
El 22 de mayo los indígenas Federico Denis Gerardo así como los hermanos José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo fueron citados a comparecer al Ministerio Público de Cuautitlán. Los hombres son acusados por el Comisariado Ejidal de Cuautitlán de despojo y daños a la propiedad, por su negativa de ceder sus tierras ahora arrendadas a Peña Colorada.
Por otro lado, Esteban Guzmán dijo haber sido trabajador durante trece años en el área de molienda y concentración de la misma empresa. Aunque dejó de laborar en 1988, algunos años después le surgió una enfermedad en la piel de su brazo izquierdo llamada “psoriaris”, lo que pudo haber sido una consecuencia por su exposición a los químicos y elementos tóxicos del lugar laboral.
Desde la instalación de la minera, 35 campesinos han muerto y otros más han desaparecido a consecuencia de la defensa de las tierras. Felix Monroy recordó que perdió a su padre y a su hijo por esta razón, además su sobrino Celedonio Monroy Prudencio se encuentra desaparecido desde octubre del año pasado.
Finalmente, los afectados hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine a qué entidad pertenecen las comunidades en disputa. Igualmente, piden a la comisión estatal y nacional de derechos humanos intervenir en la indefensión jurídica en la que se encuentran.