“Los planes de ajuste estructural al imponer la liberalización de todas la economías del sur tienen como consecuencia el debilitamiento de los estados, haciéndolos más dependientes de las fluctuaciones exteriores (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y someterlos a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial/FMI”.
– Eric Toussaint, La bolsa o la vida, las finanzas contra los pueblos.
Desde hace 28 años, la política petrolera se ha caracterizado por ejercer una mínima inversión en la industria y extraer los ingresos obtenidos por venta de los hidrocarburos para ser transformados por el gobierno federal al gasto corriente, tanto estatal como central.
Asimismo y debido a una política de desmantelamiento y descapitalización, Pemex tiene problemas operativos y financieros. Se ha privilegiado la extracción de crudo, por encima de las actividades petroleras: exploración, refinación y petroquímicas. 70 por ciento de la inversión total de Pemex se dedica a la extracción, 9 por ciento a exploración, 9 por ciento a la refinación, 8 por ciento al corporativo, y únicamente el 3 por ciento a gas y petroquímica.
Ante esto, se debe detener la perforación inútil donde solamente obtienen ganancia los contratistas, ya que acciones como ésta no benefician a la sociedad. Un claro ejemplo es que el 80 por ciento de los pozos exploratorios son perforados en la región norte, mientras el 20 por ciento restante se reparte en otras tres regiones. Lo insólito es que entre el 71 por ciento y el 90 por ciento de los descubrimientos han sido localizados en las regiones del sur.
Y no siendo suficiente con perforaciones innecesarias, México gasta 11 mil millones de dólares anualmente en compra de gasolina a los E.U., la eliminación de la importación de gasolina ahorraría al país estos 11 mil millones de dólares y significaría la oportunidad de mejoras sociales que apliquen los bajos costos en los alimentos y mayor inversión en otros rubros, tal como el de salud o educación. Por eso, se requiere la construcción de tres refinerías, que además de generar una verdadera soberanía energética, generarían miles de empleos.
En otro caso, como en el del consumo eléctrico, sólo se ha permitido la inversión privada en plantas generadoras para el consumo nacional y para exportación; de este modo, casi el 40 por ciento de la electricidad en México la producen empresas de talla extranjera.
Consecuencia de esta catastrófica política económica es el hecho que la industria privada ha importado de 1998 a 2008, más del 95 por ciento de los petroquímicos indispensables para satisfacer nuestras necesidades básicas.
De 2001 a 2012, el panismo elevó en términos reales los precios promedio de las gasolinas en más de 40 por ciento, el de la electricidad para el uso residencial en más de 70 por ciento y el del gas para uso domestico en 132 por ciento. Estas políticas que responden a los ajustes estructurales dictados desde el FMI y el Banco Mundial que afectan a diario la economía popular y ponen en riesgo la soberanía alimentaria, son las políticas aplicadas por el actual gobierno, un gobierno que ha representado el regreso del priismo con manejos neoliberales y estrategias de control represivas y opresivas contra la sociedad.
La lucha necesaria, hoy en día, en defensa de la soberanía energética, reclama oponerse a la propuesta de privatización, disfrazada de progreso y desarrollo e impulsada por Peña Nieto, además de la lucha por el derecho universal a la energía eléctrica, dando por sentado tarifas justas a la sociedad.
Necesitamos encaminarnos hacia un nuevo modelo energético que sea base de la verdadera independencia, la cabal soberanía, así como del desarrollo económico y social que merece el pueblo de México, un modelo respetuoso del medio ambiente y en la perspectiva de futuro impulsar el desarrollo de energías alternativas, limpias y renovables, será necesaria una campaña de difusión, tal y como lo planteó Andrés Manuel, la gente debe estar informada de lo que este gobierno pretende despojar a toda la Nación.
Ante esto, es importante hacer énfasis en la defensa de la soberanía energética, ya que ésta representa el 40 por ciento del presupuesto nacional y privatizarla representaría el nulo acceso a éste y el retroceso para el desarrollo de México.
Y para concluir, cerraré con la siguiente cita: “Todo país tiene el derecho soberano a disponer libremente de sus recursos naturales para su desarrollo económico y para el bienestar de su población, toda medida o presión exterior, política o económica que se ejerza sobre el ejercicio de ese derecho, es una violación patente al principio de libre determinación de los pueblos de no intervención enunciados en la carta de Naciones Unidas”. ONU.