El Gobierno del Estado de Colima encabezado por Mario Anguiano Moreno “procura no procurar la justicia” en la entidad, lo que ha abonado que exista impunidad con el reducido grupo de habitantes -ligados al PRI- que actúa fuera de ley en Zacualpan.
“En Colima, el Gobierno del Estado procura la no procuración de justicia, la impunidad, la recurrencia a la violación de los derechos humanos, el no respeto a la ley, la discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas”, señalaron los integrantes de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan en su informe preliminar presentado ayer ante los medios de comunicación.
“Nos vamos profundamente dolidos”, subrayó el profesor y antropólogo Gilberto López, “por no haber podido acompañar a los compañeros (de Zacualpan) a su comunidad y escuchar las razones de su lucha”.
Para los activistas pro-derechos humanos nacionales e internacionales, el bloqueo que persistió en la entrada a Zacualpan el martes pasado fue parte de una “escenografía montada” por parte del gobierno estatal, para que “se disuadiera nuestro intento de entrevistarnos con la población”.
“En todo los años de antropólogo, 40 años, jamás había ocurrido que no pudiéramos entrar a una comunidad indígena porque estaba bloqeado por personas que han favorecido la permanencia de la mina”, abundó Gilberto López.
“Se ha demostrado a lo largo de estos días las complicidades del Gobierno con las empresas mineras que pretenden explotar la mina en suelo de Zaculpan. Esa concesión no ha sido revocada, es una amenaza latente”, añadieron.
Aseguraron que aunque el titular de la concesión “Heliotropo” está muerto, alguien continúa pagando los derechos ante la Secretaría de Economía, una información que el delegado en Colima dice desconocer. Asimismo, indicaron que durante el año 2012 se extrajeron ilegalmente de Zacualpan entre 25 y 30 cargas demineral “con el pretexto de exploración”, pero que en realidad representa un “robo a la nación”.
En ese sentido, reiteraron que el detonante del conflicto fue la “política entreguista” del gobierno federal, que otorgó dos concesiones del terreno comunal de Zacualpan sin haber consultado a la población.
“En nuestra visita hemos constatado la divergencia total entre el discurso de los funcionarios y su práctica concreta”, acusaron las organizaciones. Por tal razón, responsabilizaron al Gobernador Mario Anguiano “sobre cualquier hecho violento o muerte” que ocurra en la comunidad derivados de su “falta de oficio político” para resolver la problemática.
Asimismo, exigieron garantizar el libre tránsito tanto a la comunidad como al balneario Ojo de Agua, el cual legalmente debe ser administrado por Taurino Rincón Lorenzo, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan. Además de la restitución del Estado de Derecho en la zona, la cancelación definitivade las concesiones mineras, y el cese de las expresiones de hostigamiento y amenazas contra los integrantesde la organización colimense Bios Iguana.
Doc Final Mision Preliminar by Perriodismo