La senadora priista Mely Romero Celis, el diputado Martín Flores Castañeda, así como cuatro ex alcaldes han ofrecido cantidades entre 50 mil y 200 mil pesos a cada trabajador que se ha adherido al Sindicato Libre de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc para evitar su conformación, denunció su dirigente Claudia Zurita.
Esta mañana en rueda de prensa, Zurita señaló que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) del Estado de Colima negó el registro del nuevo sindicato argumentando que no entregaron un acta constitutiva. Sin embargo, sostuvo que el documento firmado de recibido por la autoridad «especifica que nos recibieron el acta constitutiva». Por tal razón, recurrirán a la justicia federal a través de un amparo para revertir la resolución local.
«Sabemos que estamos en una situación difícil porque el sistema quiere el control de todos los sindicatos y lamentablemente se valieron de artimañas muy bajas», manifestó.
Agregó que varios de los trabajadores de Cuauhtémoc han sido visitados para ser hostigados, presionados y sobornados por «actores políticos».
– «Fueron cuatro ex presidentes municipales, un diputado local y una senadora. Un diputado que está interesado en la cuestión de los sindicatos, y de senadora pues nomás hay dos: Manzanillo y Cuauhtémoc», expresó.
– «¿Podemos decir Mely Romero y Martín Flores ?», cuestionó una reportera.
-«Así es», respondió.
Para la líder sindical es claro que el priista Martín Flores, dirigente de la Unión de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, está desesperado porque está perdiendo el control de los sindicatos.
El recién creado Sindicato Libre cuenta con 25 trabajadores afiliados, cinco más de los requeridos por la ley, mientras que el otro cuenta con 143 agremiados.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, lamentó que después de que el hostigamiento y presión por parte de los actores políticos no dieron resultados, el Tribunal fue quien negó el registro «con un fundamento que está claramente rebasado jurídicamente».
«Es una situación lamentable que quienes se han dedicado a la vida pública se muestran del lado de los que pretender violentar la ley (…) desde ahí se percibe el modus vivendi de estas personas, no nada más hostigan (sino) ofrecen dinero de 50 mil a 200 mil pues hasta para extorsionar hacen distinciones, no todos son iguales», manifestó la perredista.