La mentira preferida de nuestros políticos es aseverar que existen soluciones simples a problemas complejos. Es prácticamente la norma que quien busca un cargo de elección popular tome un micrófono y repita hasta el cansancio una narrativa más o menos coherente y bastante simplista sobre los retos que tiene la sociedad y las acciones que deben implementarse para corregirse. Sin embargo, los problemas suelen tener un origen multidimensional, y las soluciones tienen la capacidad de generar externalidades imprevistas e indeseadas.
La discusión que tomó lugar en el Senado hace unos días sobre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es un ejemplo que ilustra a la perfección como no existen soluciones simples ni intervenciones enteramente positivas, pues incluso en la provisión de derechos pueden generarse dilemas con implicaciones profundas para el bienestar general de la sociedad.
La ley contiene diversas previsiones, siendo las más relevantes aquellas que tratan sobre patentes de medicamentos. Para no entrar en detalles técnicos, podemos decir que se dieron dos posturas en torno a la ley: Una parte de los senadores querían aumentar el tiempo de patente de medicamentos y prohibir el uso de conocimiento patentado incluso con fines de investigación, para favorecer la innovación; otra parte quería reducir el tiempo de patente y permitir el uso de conocimiento patentado con fines de investigación, para favorecer a los genéricos. Cada postura tiene sus pros y sus contras, que inciden en el derecho de las compañías a disfrutar del fruto de su conocimiento, y el derecho de los individuos a la salud.
Los senadores que querían aumentar el tiempo de patentes querían proteger la propiedad intelectual e incentivar la inversión en investigación e innovación. La lógica detrás de aumentar el tiempo de patentes es darle garantías a las empresas que podrán disfrutar durante más tiempo de las ganancias que se generan con la producción de medicamentos novedosos, lo cual es un aliciente para desarrollar nuevos fármacos que sean más eficientes o que traten enfermedades que se encuentran actualmente sin cura.
Los senadores que querían reducir el tiempo de patentes lo hacían para favorecer la producción de medicamentos genéricos. Los genéricos son medicamentos que reproducen las fórmulas sin patente a bajo costo. Su ventaja sobre los medicamentos de patente es que son mucho más accesibles para el consumidor promedio y para los gobiernos que deben surtirse de fármacos para sus sistemas de salud.
Así aparece el dilema, pues las decisiones que se tomen pueden afectar un derecho u otro. Decantarse por mayor tiempo de patentes y por restricciones para reproducir las investigaciones de fórmulas patentadas indudablemente genera incentivos para tomar el riesgo de desarrollar nuevos fármacos, pero dificulta significativamente la capacidad de los individuos para acceder a la salud, pues se vuelve un servicio con barreras de entrada que excluye a quienes no son capaces de pagar por el fármaco. Decidirse por menor tiempo de patentes y por permitir reproducir las investigaciones de fórmulas patentadas permite que los individuos puedan acceder con mayor facilidad a fármacos, y da precios más competitivos para que el estado provea servicios de salud con un menor costo para el erario; pero desincentiva la generación de conocimiento por parte de empresas, pues las ganancias se reducen respecto al riesgo de investigar y desarrollar nuevos fármacos.
Personalmente, creo que se tiene que apostar por reducir el tiempo de genéricos. Aumentar el tiempo de patentes tendrá un efecto de protección de ganancias que terminan en el extranjero, por lo que no generan una derrama económica interna. Además, dado el volumen de población en situación de pobreza y la baja cobertura de servicios sanitarios de calidad, es importante garantizar alternativas de salud que no desangren las finanzas de prácticamente la mitad de la población mexicana en condiciones de vulnerabilidad económica. Una enfermedad crónica no solo implica para una familia el sufrimiento natural de ver a un ser querido mal, sino que implica un elevado costo de oportunidad que impide invertir en asuntos como educación, alimentación o esparcimiento.
Hasta ahora, la reforma ha sido avalada en lo general. Esperemos que ningún senador haga reservas particulares, y que el congreso de la Unión concuerde con el razonamiento hecho por el senado de dar alternativas en fármacos accesibles a los mexicanos.