Cuando pensamos en poblaciones vulnerables a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia actual, los adultos jóvenes son lo último que se nos viene a la mente. Hay un relativo consenso en que se mueren menos y en que sobreviven con menos (cerveza y sopa maruchan) por lo que pronto tendrán la posibilidad de seguir produciendo, estudiando, fumando mota o haciendo cualquier cosa que hacían antes del virus.
Pocas de las acciones emergentes de los gobiernos los han tenido como depositarios directos, y en algunos casos, hasta se les ha condenado por expandir la enfermedad sin saberlo, principalmente debido al alto porcentaje de casos asintomáticos que se presentan en su grupo poblacional. Se ha construido la idea de que son -si no se cuidan- un peligro potencial para sus seres queridos de mayor edad.
Paradójicamente, los datos sobre empleo y desocupación disponibles hasta el momento indican que las y los jóvenes podrían estar más cerca del cataclismo de lo que parece.
Resulta que los paraísos de informalidad, outsourcing y contratos de tres meses presentes en los países “en desarrollo” son un entorno muy propicio para que las juventudes terminen (porque ya habían empezado) de quedarse sin trabajo en el contexto de la nueva crisis económica.
En México, la situación ya comenzó a dibujar signos muy específicos: datos del IMSS liberados a principios de abril refirieron que los menores de 29 años fueron los principales afectados por los despidos masivos en el sector formal, disparados en el contexto de la pandemia.
A principios de sexenio, el Gobierno federal echó toda la carne al asador del desempleo juvenil con su programa estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro.
Con un presupuesto monstruoso, les brindó a miles de jóvenes la posibilidad de recibir por un año una beca de un poquito más de un salario mínimo mensual con la condición de entrarle a una “capacitación” de cinco horas diarias en alguna empresa, institución de gobierno o asociación civil.
El éxito del programa (y su expansión masiva) se anunció con prisa y sin haber evaluado seriamente sus resultados. En ese contexto surgieron una serie de denuncias alarmantes: centros de trabajo que no capacitaban, sustitución de puestos de empleo formal con puestos para becarios, y un alto número de empresas que pedían a los jóvenes el moche de una parte de sus becas para entrarle al bisnes.
Hasta la fecha, prácticamente no hay evidencia que indique que la principal (¿la única?) política pública de acceso al mercado laboral para jóvenes (y para reducir su reclutamiento en el crimen organizado) ha logrado su objetivo. En todo caso, les ha conseguido a algunos una chamba parcial mal pagada, con poca garantía de permanencia o ascenso en los lugares de trabajo. Cuando mucho, sus beneficiarios han pospuesto su precariedad por un rato, regresando al desempleo una vez concluido su periodo en el programa.
La Organización Internacional del Trabajo refirió en un informe reciente algunos factores de riesgo que detallan la razón por la cual los jóvenes son el eslabón más débil del mercado laboral: cuando hay que recortar, los despiden primero porque llevan menos tiempo trabajando, y les cuesta mucho más encontrar un empleo nuevo al carecer de experiencia y de contactos en la industria.
Por si fuera poco, los jóvenes trabajan sobre todo en el sector terciario (el más afectado por la suspensión de actividades), tienen pocos ahorros para esperar a que mejoren los tiempos, y en general carecen de la posibilidad de acceder a seguros médicos, fondos de ahorro para el retiro o cualquier cosa parecida a un sistema de protección social.
Revolución o contradicción
Unos meses antes de suicidarse para evitar ser aprisionado por las fuerzas de Pinochet en aquel golpe de Estado chileno del 73, Salvador Allende les advirtió a los jóvenes de la Universidad de Guadalajara que si no optaban por ser un poco más revolucionarios estarían contradiciendo su propia biología.
Con la crónica de una crisis económica anunciada -la mayor desde 1929, entonces fotografiada en blanco y negro- la advertencia se materializa de nuevo.
Si los jóvenes no empezamos a tomar consciencia del futuro de explotación, miseria y precariedad que con poca sutileza se ha labrado para nosotros, entraremos en abierta contradicción con uno de los principios biológicos más elementales: el de comer para sobrevivir.
La fantasía de la movilidad social y del Jetta con frecuentes viajes a Acapulco, que iba a ser garantizada a través del estudio perpetuo y del trabajo duro, se está terminando de desmoronar frente a la realidad de un sistema económico que no duda en escupir, pisotear y relegar a su población más joven cada que le resulta necesario.
Con un panorama como este, la historia requiere de un nuevo ciclo de organización política de las juventudes, en el cual logren poner en el centro de sus objetivos la generación de condiciones económicas y sociales suficientes para su supervivencia, desarrollo y autonomía. Reconstruir la posibilidad de puestos de trabajo suficientes, bien pagados y mínimamente estables es el punto de partida más impostergable.
Corolario
Otro zape para López Obrador. Ignorando con descaro toda cifra, registro y denuncia que indica contundentemente lo contrario, afirmó con seguridad que no ha aumentado la violencia contra las mujeres en el contexto de la cuarentena.
El mandatario se refirió a una imaginaria “fraternidad familiar” capaz de burlar todo factor de riesgo para este sector en sus hogares.
El problema no son sus opiniones personales, que podrían matizarse teniendo en cuenta su edad y su acentuado conservadurismo. El problema es que conforme el sexenio pasa, se vuelve más evidente que un gran porcentaje de la política pública federal se impulsa, sostiene o detiene por la idiosincrasia del presidente.
Frente a la imposibilidad de contener el creciente panorama de golpizas, violaciones y feminicidios a los que las mujeres se enfrentan en muchos hogares, AMLO no agarra la onda.
No será la historia, sino el feminismo contemporáneo (actualmente el único movimiento realmente capaz de articular oposición popular al gobierno actual) quien se encargue de juzgar al mandatario en sus justas proporciones.