Sobre el conversatorio “¿Reformar la Ley Orgánica de la UdeC?”

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El pasado 13 de diciembre, como Coordinadora Socialista Revolucionaria organizamos el conversatorio titulado “¿Reformar la Ley Orgánica de la UdeC?” en el Archivo Histórico del Municipio de Colima.

Con un patio central lleno, en el que estaban presentes estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil y una cámara de video enviada por rectoría con el pretexto cubrir la nota para su diario El Comentario, estuvimos abriendo el debate cuatro personas representando sectores clave para el análisis de la propuesta de reforma: Vladimir Parra como su impulsor desde el Congreso, Tracy Valencia hablando de su experiencia como actual estudiante de licenciatura, Yanalúm Cerda dando su testimonio como trabajadora universitaria despedida por participar en la huelga de 2014 y su servidor, antiguo vocero de lo que fue la Coordinadora Estudiantil Universitaria, organización estudiantil que tuvo como una de sus demandas la puesta al día de la Ley Orgánica. Las intervenciones giraron en torno a tres ejes: la necesidad de reformar la Ley Orgánica actual, la pertinencia de dicha reforma y el asunto de la autonomía universitaria.

Una de las mayores coincidencias entre los presentes fue el cuestionamiento de la vigencia de la actual Ley. Promulgada en 1980, hace casi 40 años, proyectó una universidad reflejo de la configuración política de aquel entonces en el que el PRI y el gobierno era una misma cosa. El título de “jefe nato” que se le da al rector en ella y la estructuración burocrática por delegaciones fue la calca y copia del presidencialismo autoritario priista y su organización territorial. En los últimos años, el PRI ha tenido que ceder su dominio absoluto en las instituciones públicas, empujado por procesos democratizadores que demandaban mayor apertura y pluralidad. No así en la Universidad de Colima, que sigue encerrada en sí misma.

En una casa de estudios que cobra cuotas altas para tratarse de una universidad pública, garantizar el derecho a la educación debe traducirse en la eliminación de los montos de inscripción. Tracy Valencia nos recordó nuestros tiempos de bachillerato y licenciatura al mencionar las dificultades que ha tenido ella y muchos de sus compañeros cada semestre para reunir el dinero necesario. La propuesta de reforma señala explícitamente que la educación en la Universidad de Colima deber ser gratuita. Al respecto, el diputado Vladimir Parra mencionó que esto es económicamente posible pues las cuotas representan apenas el 5% de los ingresos totales de la Universidad.

Para muchos de los presentes, el recuento que hizo Yanalúm Cerda de la lucha que libran los trabajadores universitarios desde hace cinco años por el dinero perdido del fondo de pensiones, nos recordó hasta qué punto la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo temas pendientes. Vladimir señaló también que en la comparecencia ante los diputados, el rector José Eduardo Hernández Nava no tuvo respuesta cuando se le cuestionó por las deudas que tiene la Universidad con el IMSS, el FONACOT y el SAT. Por ello, en la propuesta de reforma se establece la creación de una Contraloría Interna para la evaluación, auditoría y fiscalización del manejo de recursos de la Universidad.

En cuanto a mi participación, puse sobre la mesa el tema de la democratización de la Universidad. La reforma a la Ley Orgánica le quita la exclusividad de la representación estudiantil a la Federación de Estudiantes Colimenses y estipula que las elecciones a los puestos representativos se realicen por medio de asambleas en las escuelas y facultades, previa convocatoria e información en un plazo pertinente. También, abre la posibilidad de que los trabajadores se organicen sindicalmente de forma independiente al SUTUC, el cual, como mencionó Yanalúm, se ha convertido en una dirección general más que apoya a la patronal en lugar de a los trabajadores. El solo hecho de que las elecciones en el Consejo Universitario sean secretas e informadas disminuye el margen de manipulación que las autoridades universitarias poseen ahora con votaciones a mano alzada.

¿Debilita todo esto a la autonomía universitaria? Quienes externamos nuestra opinión coincidimos en que no, al contrario, la apoya en su deber de garantizar el derecho a la educación. Autonomía no es sinónimo de protección de los intereses personales de un solo grupo. La Universidad, al formar parte de las instituciones del Estado, debe acatar los lineamientos y las políticas educativas y rendir cuentas a las instancias para ello establecidas y a la sociedad en general, la cual es quien provee, a través de sus impuestos, el presupuesto que recibe nuestra alma máter. “El concepto de autonomía resulta exagerado y va más allá de lo razonable y, especialmente cuando se le utiliza de refugio para proteger intereses opuestos a las tan necesarias reformas e innovaciones académicas, se puede convertir en autodestructivo”, dice el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación. Pues si nos ponemos estrictos, ¿no vulneró la autonomía universitaria que, en 2012, Miguel Ángel Aguayo fuera candidato a diputado federal por el PRI al mismo tiempo que rector? ¿O que en 2015 el presidente de la FEC, Héctor Magaña, haya utilizado las estructuras de representación estudiantil para promover su candidatura a una diputación local? ¿O que los dueños de empresas como Coca-Cola y Peña Colorada, u organizaciones económico-políticas como la Coparmex tengan peso en decisiones universitarias a través del Consejo de Vinculación Social?

En el conversatorio, reconocimos las resistencias que enfrenta una iniciativa de tal calado, pues amenaza las pensiones de miles de pesos de los ex rectores, le quita el control al pequeño grupo que se cree dueño de la Universidad y da la oportunidad de participar en su vida interna a quienes han sido excluidos de ella por razones políticas. Por eso, se hizo hincapié en que solo se hará realidad si los académicos, los estudiantes, los trabajadores y la sociedad colimense se suma a exigir la puesta al día de la máxima ley de la Universidad de Colima. Que sea el primero de muchos foros de análisis que sobre la propuesta de reforma se hagan, dentro y fuera de las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. Nos merecemos una Universidad realmente pública, de alto nivel académico, democrática y con responsabilidad social.

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