Recomienda CDHEC reparar el daño a Meyly por abuso policial

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) recomendó a la Policía Estatal Preventiva (PEP) reparar el daño ocasionado a Meyly Pastora Beltrán, ex candidata del PAN a diputada local, durante su detención en mayo pasado mientras grababa un acto policiaco.

El 26 de mayo por la tarde, desde afuera de su negocio de aguas frescas, Pastora Beltrán grababa con su teléfono celular una revisión policiaca que ocurría en el jardín Núñez, frente a su establecimiento.

Por este hecho, dos mujeres policías solicitaron sus datos a la panista. Al mismo tiempo, se acercó un policía masculino con celular en la mano para también grabarla a “escasos 40 centímetros” de su rostro “en actitud intimidatoria”.

Meyly le arrebató el celular al policía y fue acusada de robo a pesar de su insistencia para devolvérselo. El agente ordenó a dos compañeras su detención, la cual se llevó a cabo al interior del establecimiento.

Ante su oposición, Meyly sufrió dolor por una fractura antigua aun sin soldar en el hombro izquierdo. Fue trasladada a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, pero fue dejada en libertad minutos después.

En su declaración ante la Comisión, Pastora Beltrán narró que durante su detención los agentes la denigraron, la maltrataron y le echaron orines.

Al respecto, la CDHEC consideró que desposeer al agente de su dispositivo móvil fue “una reacción a la actitud ilegítima del policía“.

“Los agentes policiacos no se encuentran facultados para videograbar a los ciudadanos, pues mientras que los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido por la ley, en cambio toda autoridad debe sujetarse al principio de legalidad, lo que implica que no pueden realizar conducta alguna que no les faculte la ley”, abundó.

Aunque el organismo reconoció que en primera impresión el hecho pudo haber sido calificado como robo, “la detención se encuentra viciada de origen al ser la consecuencia de realizar una conducta que no se encuentra dentro de sus atribuciones como lo es grabar a civiles”.

La CDHEC también confirmó que la agraviada sufrió el desprendimiento de la clavícula del hombro izquierdo, por lo que la PEP deberá pagar la operación y el tratamiento de recuperación que asciende a 109 mil pesos.

Se concluyó que la Policía violó su derecho a la integridad y seguridad personal porque los agentes negaron identificarse y la sometieron ocasionándole daño a pesar de los gritos de dolor. También se violó si derecho a no ser molestado en su domicilio porque la detención ocurrió dentro del establecimiento.

También se resaltó que actualmente se han “diversificado y modificado” los métodos de tortura para no dejar evidencia que permita acreditarla y sancionarla, como la denigración que señaló Pastora.

La PEP también deberá informar los protocolos de actuación e investigación que deben seguir sus agentes, así como intensificar los cursos de capacitación para evitar detenciones arbitrarias y proteger la integridad personal de los detenidos.

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