Colima, lugar 11 en agresiones contra activistas

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Colima está en el lugar 11 de las 18 entidades que han violado los derechos humanos de activistas sociales, según un informe del Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos.

De acuerdo al informe Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política, de junio de 2015 a mayo de 2016 en Colima hubo 13 agresiones cometidas contra miembros de la organización ambientalista Bios Iguana y del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan.

El primer lugar nacional lo ocupa Guerrero con 83 agresiones, le sigue Chiapas con 67, Oaxaca con 55, Michoacán con 48  y Veracruz con 40.

Las trece entidades restantes acumulan en conjunto 189 vejaciones en contra de los defensores de derechos humanos. La Ciudad de México figura con 35 casos, mientras que Guanajuato, Sinaloa y Tabasco registran una agresión contra activistas.

A consideración del Comité Cerezo, los actos violatorios ocurridos en Guerrero han sido la respuesta  por parte del Estado a las manifestaciones por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y contra la reforma educativa.

Además, el  informe revela que el 64 por ciento de los afectados son hombres, mientras que un 44 por ciento mujeres.

Alejandro Cerezo, activista del Comité, señaló que las violaciones a los derechos humanos de los defensores se presentan en forma de agresiones físicas,  amenazas,  criminalización, hostigamiento, allanamiento e intervención de comunicaciones.

Actualmente, la tortura, la represión, el hostigamiento y la represión política, abundó, la padecen incluso los movimientos sociales. “Hoy el enemigo sistémico son los movimientos sociales y sus líderes (…) Hay una normalización de la violencia”, expresó.

El estudio también documentó 41 amenazas de muerte, tres de desaparición forzada, 186 agresiones físicas, 55 de desalojo y nueve casos donde se produjeron disparos e igual número de daño o robo de bienes.

Respecto a las detenciones arbitrarias, Oaxaca contabiliza 114 casos y Michoacán 106 expedientes.

“En general, observamos que las cifras que hemos documentado muestran que existe una casi nula voluntad política del Estado mexicano para garantizar, respetar y satisfacer el derecho humano a defender derechos humanos. Al contrario, observamos la consolidación de una política represiva como solución a los conflictos”, afirma el documento.

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El informe completo puede consultarse en: http://comitecerezo.org/spip.php?article2557

(Con información de Proceso)

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