Carta abierta a Nacho

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CARTA ABIERTA AL C. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA

Ante este próximo 1° de mayo día del Trabajo; el proceder absolutamente injusto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje local (JLCA-Colima) de resolver los conflictos laborales; la no transparencia de la U de C respecto del FOSAP y la denominada Deducción APPS; y los 600 millones que aprox. el gobierno del estado de Colima adeuda desde 2009 hasta hoy 2016 a la U de C, expongo a Ud. los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

1).- Que con fecha 30 de septiembre de 2015 hice llegar un escrito amplio y extenso de mi parte al Lic. Oscar Francisco Hernández Santos como presidente de la JLCA respecto a la “toma de nota” de 21 de marzo de 2014” otorgada a Luis Enrique Zamorano Manríquez para convertirlo en secretario general del SUTUC, escrito mediante el cual y sustentado en los ESTATUTOS del SUTUC demuestro la forma violatoria e ilegítima adoptada por Zamorano Manríquez para apoderarse del sindicato con el aval de la U de C. Mismo escrito a la vez enviado de mi parte a Zamorano M., quien no tiene la decencia y mínimo decoro de responder al respecto si sus acciones hubieran estado apegado a la norma sindical.

2).- Que con fecha 28 de mayo 2014 mediante Acta de Sesión las comisiones de Consejo Universitario amparándose con la Ley orgánica “deja a las instancias legales competentes quienes decidan en definitiva la validez de la toma de nota donde fue designado como nuevo secretario general del SUTUC a Zamorano Manríquez”, a la vez de que mientras un tribunal jurisdiccional no decida en definitiva lo contrario, “se ratifique por parte de este H. Consejo Universitario el reconocimiento que el C. Rector José Eduardo Hernández Nava, mediante oficio 0531 de 27 de marzo “realizó a favor de Zamorano”

3).- Que con fecha 19 de febrero de 2016 el gobierno federal y rectores de 180 instituciones de educación superior incluida la U de C (ANUIES) firmaron una carta compromiso en materia de derechos humanos. Uno de los objetivos es la armonización del sistema de educación superior con la reforma constitucional en la materia, señalándose al respecto debe llevar los derechos a ser letra viva, a la práctica cotidiana y a su máxima difusión, porque sólo quien conoce sus garantías puede exigirlas y hacerlas valer (La Jornada, 19 de febrero de 2016, p. 38).

4).- Que con fecha 23 de febrero de 2016 por escrito de mi parte entregado a Ud. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador de Colima hice de su conocimiento del humillante e ilegal desalojo ordenado por la JLCA presidida por Oscar Francisco Hernández Santos en marzo de 2014 sufrido por quien hasta entonces era secretario general del SUTUC Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez de las instalaciones del SUTUC, acontecimiento que careció del mínimo decoro legal y legítima pulcritud, a la vez de que a raíz y derivado de este hecho público a modo de represalia política la autoridad universitaria procedió a despedir laboralmente a los trabajadores universitarios: Teresa Hernández Ortiz; Hugo Marcelino Coronado Carreón; Yanalum Cerda Guzmán; Pedro Vidrio Pulido; José Jesús Lara Chávez; y Sergio Elenes Zepeda; sin contar a los profesores universitarios por horas quienes también sufrieron represalias y hostigamiento laboral al ver reducida su jornada laboral. Ambas situaciones que no sólo ofenden el derecho al trabajo sino son una transgresión a los derechos humanos y de familia más elementales.

5).- Que con fecha 28 de marzo de 2016 mediante escrito de mi parte dirigido al C. Oscar Francisco Hernández Santos como presidente de la JLCA-Colima, y con copia para su conocimiento Peralta Sánchez, señalo que Hernández Santos no sólo inobservó deliberada y dolosamente el revisar y cotejar rigurosamente las actas internas y firmas correspondientes entregadas por Zamorano Manríquez a la autoridad laboral al solicitar “la toma de nota”, sino también refiero a la SENTENCIA de 16 de abril de 2015 emitida por el Juzgado Primero de Distrito en que reclama a la JLCA-Colima “la omisión de conceder respuesta y trámite” a la queja legalmente presentada en tiempo y forma por Gutiérrez Chávez, a la vez de ordenar reponer el proceso por no “mediar sentencia definitiva y firme emitida en un juicio en el que este “ haya sido previamente oído y vencido”.

6).-Que si el Estado de derecho y específicamente el apego irrestricto a los derechos humanos va acompañada del Estado, esto implica que la acción y conducta de quien representa el Poder Ejecutivo del estado de Colima se comporte de manera consistente, predecible, coherente y legítima tanto en su observancia como en la aplicación del marco jurídico. Cuando la certidumbre y el respeto a los derechos humanos de la entidad están fundados en el Estado de derecho, sin duda fomenta que se genere una mayor seguridad humana, pues existen controles y restricciones que rigen las decisiones de los funcionarios públicos, se previene y combate el abuso de su discrecionalidad y se vela por el respeto a la seguridad y los derechos humanos.

7).- Que la seguridad humana es el ejercicio integral, individual y colectivo más frecuente de los 58 derechos humanos y en nueve tratados internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la materia. Para que este ejercicio de derechos humanos se haga realidad, las instituciones del Estado y la sociedad civil deben cooperar con el fin de que los sistemas judiciales, junto con las instituciones de educación, trabajo, etcétera, funcionen con más efectividad, eficiencia, agilidad, coordinación interinstitucional, brindando servicios apegados a la observancia y el respeto a los derechos humanos que las personas necesitan para desarrollarse plenamente (ver Buscaglia, 2015).

8).- Que en el Estado de Colima entre los derechos humanos y laborales que la U de C violó al despedir autoritariamente a los seis trabajadores universitarios por participar en la huelga de hambre exigiendo la transparencia en el manejo y administración del (FOSAP) fueron: el Derecho a la libertad de pensamiento, y conciencia; el Derecho a la libertad de opinión y expresión; el Derecho a la libertad de asociación; el Derecho a la participación política; el derecho al trabajo; y el Derecho a pertenecer a un sindicato.

II

Por lo anteriormente señalado, se desprende que: la JLCA-Colima presidida por el C. Oscar Francisco Hernández Santos procedió y operó bajo superior consigna desconociendo al secretario general del SUTUC Gutiérrez Chávez, resultando una cruel confirmación de la manera tan injusta de cómo maneja la estructura de procuración de justicia laboral habitualmente; el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el disimulo, el escamoteo, la dilatación, la consigna en perjuicio del trabajador, y esencialmente el operar y decidir desde esta instancia laboral al gusto y beneficio de quienes tienen el poder y de sus aliados. No es casual que el IMCO en 2014 ubicó a Colima con “la peor justicia laboral del país” (Avanzada, 29 de abril de 2014)

III

Por lo que como profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U de C., solicito a Ud. respetuosamente siendo Gobernador constitucional sea el conducto oficial ante la U de C de realizar la gestión de que sean reinstalados sin mayor trámite y a la mayor brevedad posible los trabajadores universitarios: Teresa Hernández Ortiz; Hugo Marcelino Coronado Carreón; Yanalum Cerda Guzmán; Pedro Vidrio Pulido; José Jesús Lara Chávez; y Sergio Elenes Zepeda.

IV

Sr. Gobernador Peralta Sánchez: no me cabe la menor duda que el mundo del trabajo y su sistema laboral institucionalmente constituye lo más sensible de cualquier sociedad, de tal manera que tarde o temprano todo procedimiento laboral caprichosamente dilatorio e inhumano observado por la autoridad laboral, los despidos de índole política, o las destituciones ilegales favorables a los patrones, son heridas profundas y la vez acumulación de desesperanza y odio.

Dejan heridas a las instituciones y, muchas veces, volverles a otorgar la credibilidad y la confianza se torna irreversible contagiando al resto de la sociedad como hoy es perceptible en Colima. En ocasiones, cuando se trata de la destitución de un personaje político corrupto, de un violador de derechos humanos, etcétera, puede argumentarse que es saludable asumiéndolo como un mecanismo que tiene la democracia para purificarse, para oxigenarse. Es una evidencia de que los sistemas tienen fórmulas que autorregulan sus barbaridades o excesos. Generalmente, cuando estas circunstancias existen, hay unanimidad en la sociedad, ninguna duda ensombrece el proceso legal y la opinión local, nacional, internacional tiene un consenso generalizado.

Es deseable que impere y predomine siempre el criterio de la búsqueda de la justicia pronta y expedita, el apego al debido proceso, la legalidad, y el equilibrio entre patrón y trabajador, pues cuando la confrontación laboral y política se vale de todos los instrumentos, incluso los ilegítimos, las heridas al sistema político y al cuerpo social se vuelven un sinsentido de efectos sociales impredecibles y que a nadie convienen.

No hay otro camino para que México se enderece sino es convirtiéndolo en un Estado de derecho real. Entender que la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho de un pueblo reside en la percepción social de la legitimidad y aplicación irrestricta de sus leyes.

Colima, Col., 27 de abril de 2016

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