Universidad de Colima, “bajo investigación por delitos de delincuencia organizada”

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Varios funcionarios de la Universidad de Colima han solicitado información a diferentes Dependencias Federales encargadas de impartir justicia en delitos relacionados con la Delincuencia Organizada, para conocer si por las auditorías que realizó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que dieron lugar a las denuncias que presentó la Secretaría de Hacienda por los manejos irregulares del presupuesto asignado a nuestra institución, estas ya habían librado alguna orden de aprehensión en contra de alguno de ellos.

La solicitud de amparo más reciente fue en abril del presente año por el ahora “finado”, y que por más de treinta años fue el director de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad de Colima, el Lic. Juan José Guerrero Rolón, bajo el expediente 204/2015.

El Lic. Guerrero Rolón solicitó a los titulares de varias dependencias a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda adscrito a la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le informará si había alguna orden de aprehensión en su contra. Y se le informó que hasta esa fecha no se tenía orden de aprehensión alguna.

Al parecer, de forma repentina, el estado de salud del Lic. Guerrero Rolón se agravó y la Universidad de Colima informó que murió el 23 de noviembre del año en curso. Y lo describió como una persona leal que contribuyó  a forjar los pilares de la administración y el crecimiento de la Institución.

Sin embargo, para gran parte de la comunidad universitaria, este funcionario también supo manejar con “inteligencia y destreza”  los recursos financieros asignados a su dependencia y desarrolló un control “especial” en el manejo de la nómina del personal universitario que le permitió mantener una influencia de poder  similar a la de un rector; influencia que nunca en el edificio de la Rectoría quisieron desafiar.

Y con el paso de los años, en paralelo con esas acciones y extra atribuciones, logró también desarrollar una forma única de ejercer el control en contra de los universitarios que representaban, según su criterio, una “imagen negativa” para la institución mediante la aplicación de violencia psicológica, hostigamiento laboral y despidos injustificados. Pero, por el contrario, para cierto personal universitario femenino de su agrado, le concedía además de beneficios laborales para ellas y sus familiares, sustanciales apoyos económicos a cambio de recibir “favores personales”.

Y así como el Lic. Guerrero Rolón, el resto de la “Delincuencia Organizada Universitaria” continuó ejerciendo su influencia en otras áreas de la Institución. Situación que sumado al continuo, y hasta en cierta forma obligado, crecimiento de complicidades económicas y políticas con los gobernadores para juntos mantener el control y el poder en el estado de Colima y la Universidad, cometieron  un exceso de errores administrativos y financieros que se les salieron de “control” en cuando menos tres de los últimos cinco años auditados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Hasta llevar a  nuestra Universidad  a  ser considerada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) bajo las nuevas exigencias de rendición de cuentas y transparencia como un contribuyente incumplido. Y por consecuencia, sometida a procesos penales y administrativos por la justicia federal por el mal uso de los recursos federales con fines educativos.

Ante este conjunto de hechos lamentables de corrupción y complicidades, el rector José Eduardo Hernández Nava se mantiene en su puesto y trata de convencer a los universitarios y a la sociedad de Colima mediante un doble discurso que en la Universidad todo marcha bien. Sus mejores aliados: el control que ejerce sobre los medios informativos locales, la complicidad del Consejo Universitario, la obediencia sumisa de la actual dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima y, en cierta medida,  al silencio cómplice de administrativos y académicos que permiten estas acciones bajo el miedo infundido a su tranquilidad laboral.

Recordar a los universitarios, a la sociedad de Colima y al Consejo Universitario, que en condiciones administrativas y financieras menos “complicadas” a las nuestras, el rector de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” en el estado de Coahuila,  fue  destituido por el Consejo Universitario en octubre de 2013. En aquel momento, el Consejo Universitario decidió destituir al entonces rector, Eladio Cornejo Oviedo, porque la Auditoría  Superior de la Federación detectó un uso irregular del presupuesto federal por la cantidad de 180 millones de pesos, de los cuales, 35 millones se adeudaban al SAT por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) relacionado con los cobros que se hicieron a proveedores y el resto del dinero a irregularidades detectadas en años anteriores (http://www.milenio.com/laguna/Consejo-Narro-acuerda-destitucion-rector_0_177582604.html).

Fueron poco más de 400 millones de pesos que la Universidad de Colima reconoció como déficit administrativo ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) en octubre de  2013. Y le solicitó en aquel momento a la SEP un “un apoyo extraordinario” por 70 millones de pesos para cubrir pagos urgentes de aguinaldos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, SAR e Infonavit (Oficio 2450, expediente SE/8/13). Por otra  parte, la ASF detectó sólo para el ejercicio fiscal 2012 un faltante de 120 millones de pesos aproximadamente por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores universitarios que no fueron entregados al SAT. Más otra cantidad equivalente por pagos indebidos a los trabajadores por prestaciones fuera del Contrato Colectivo de Trabajo y por el pago de salarios en plazas no autorizadas. Falta conocer el resultado oficial de la ASF para los años 2013 y 2014.

Por utilizar el presupuesto federal asignado a la Universidad en “programas, plazas y acciones no autorizadas”,  en cuando menos  tres de los últimos cinco años auditados por la Auditoria Superior de la Federación, el SAT mantiene a nuestra Institución bajo vigilancia y con  la denominación de contribuyente incumplido. Ante estos hechos cometidos para complacer a la “Delincuencia Organizada Universitaria” bajo el liderazgo  del actual rector José Eduardo Hernández Nava como su líder y jefe nato, lo más sano y responsable de su parte  es que presente su renuncia. Ya que a pesar de todo lo señalado en las auditorias y procesos penales en curso por la Justicia Federal en contra de la Universidad de Colima, intenta reelegirse  para un periodo más de cuatro años. Sin dejar de mencionar, el susto que vivimos cuando el partido político al que pertenece, lo postuló recientemente en una terna para aspirar a ocupar la gubernatura de Colima. Peor no hubiera sido el resultado para  Colima y la Universidad.

En resumen, así como el Lic. Guerrero Rolón fue director de la Dirección General de Recursos Humanos por más de 30 años, el actual rector José Eduardo Hernández fue director de la Dirección General de Finanzas por 25 años, ambos funcionarios fueron actores materiales e intelectuales del desastre administrativo y financiero  de la Universidad. Del Lic. Guerrero Rolón se informó que “murió” y así podrá evadir la acción de la justicia federal; queda por determinar la responsabilidad del rector en funciones, y del grupo de funcionarios que están  en las áreas contables y administrativas en la categoría de titulares y asesores fiscales especiales.

Pero sí el rector  tuviera una poca de calidad moral y ética profesional, en su próxima reunión con el Consejo Universitario debería informar a detalle la situación real que vive la Universidad.  Y durante la lectura de su informe de labores del año en curso en el Teatro Universitario presentar su renuncia y solicitar al Honorable Congreso del Estado de Colima inicie los trabajos para promulgar una nueva Ley Orgánica y se realice una auditoría a los recursos económicos que recibió nuestra institución por parte del gobierno estatal.

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