Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 11 diputados del PAN y la diputada única de Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo crédito por 1 mil 728 millones de pesos autorizados al Gobernador Mario Anguiano Moreno.
«Dos de nuestros compañeros están en la Ciudad de México presentando el recurso de inconstitucionalidad que está promoviendo el PAN en contra del decreto que autoriza el último de los créditos del Gobierno del Estado», informó esta mañana en rueda de prensa Martha Sosa Govea, coordinadora parlamentaria.
Sin embargo, aunque la bancada panista es mayoría absoluta en el Congreso del Estado, estos evitaron derogar el referido decreto 565 aprobado el 21 de septiembre por la anterior Legislatura.
— «¿Por qué no optaron por derogar el decreto?», se cuestionó.
— «Por que… no fue la recomendación jurídica, en ese sentido —respondió Martha Sosa— (…) No es echar abajo el decreto, el decreto se combate en su inconstitucionalidad, una vez que la Suprema Corte lo decrete, ese decreto quedará invalidado, pero no nos corresponde a nosotros hacerlo sino a esta instancia».
En ese sentido, indicó que «lo más probable» es que el Gobierno del Estado reciba los recursos del banco antes de que la Corte dictamine la constitucionalidad o no del crédito, por lo que una Comisión vigilará el destino del dinero.
Detalló que la Comisión de Seguimiento se instalará esta semana con un diputado del PRI, uno del PAN, el Auditor Superior, el secretario de Finanzas y dos miembros de la sociedad civil propuestos por Coparmex y el Colegio de Contadores.
Sosa Govea explicó que el recurso presentado por el PAN contiene elementos y argumentos tomados de las propuestas entregadas al Legislativo durante los últimos días por Morena, Movimiento Ciudadano y Martha Zepeda, ex candidata del PRD a Gobernadora.
Tanto Martha Sosa como Crispín Guerra, presidente y secretario respectivamente del Congreso del Estado, se reservaron su derecho a firmar el recurso por «respeto a las formas institucionales» y «porque representamos al propio demandado».
Asimismo, continúa el proceso de iniciativa de acción popular presentado por Coparmex, quien exige castigo para los diputados que «aprobaron la ilegalidad».