Universidad de Colima: El lado oscuro de su aniversario

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La Universidad de Colima celebró, en fechas recientes, sus 75 años de fundación. Con eventos culturales y académicos dentro y fuera del estado de Colima, el Rector José Eduardo Hernández Nava, hizo todo un esfuerzo para mostrar a nuestra institución como un referente importante para el continuo desarrollo económico y académico de nuestro estado.

Sin embargo, con los avances e implementaciones de las leyes nacionales sobre transparencia y acceso a la información, al grupo de funcionarios universitarios que han controlado los destinos financieros, administrativos y contables en los últimos 25 años, les resulta cada año más difícil cuadrar los informes correspondientes durante las auditorías federales y fiscales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido dictámenes negativos para la Universidad de Colima. Y con ello, se ha podido sugerir toda un red de complicidades económicas y políticas entre la Universidad de Colima y los gobernadores. Situaciones que mantienen la viabilidad financiera, administrativa y académica de nuestra institución al borde del colapso operativo.

Se ha documentado un faltante de cerca de 260 millones de pesos que el gobernador Mario Anguiano Moreno le debe a la Universidad desde 2009, retenciones sobre el impuesto sobre la renta a los trabajadores universitarios por cerca de 125 millones de pesos que la Universidad no entregó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2012, el pago indebido de prestaciones a los universitarios, el pago en exceso de pensiones a exfuncionarios, el pago de salarios a universitarios fantasmas, el pago de salarios para la cúpula administrativa universitaria por cantidades no autorizadas por la Secretaria de Educación Pública, el pago de plazas no autorizadas. Y año con año, la ASF y el SAT descubren más irregularidades en los manejos de los presupuestos federales y procesos fiscales en la Universidad de Colima.

Como consecuencia de lo anterior, la Universidad de Colima se encuentra luchando en el terreno jurídico federal, para evitar que sus funcionarios enfrenten las sanciones administrativas y penales correspondientes. Con ciertas dificultades, sus abogados, mediante el amparo 1120/2015 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, lograron mantener en uso el certificado del sello digital de la institución pero fueron obligados a mantener el estado que guarda la administración universitaria hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Y simultáneamente, para ampliar su “protección”, luchan con otros dos Amparos Indirectos bajo el expediente 1476/2015 radicado en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito Penal Federal y Juzgado Primero de Distrito Administrativo con sede en el Distrito Federal, para protegerse de los delitos señalados en su conjunto por el Artículo 17H, fracción X, incisos a,b,c y d y el sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

No debemos olvidar que uno de los funcionarios universitarios con pleno conocimiento de todos estos procesos administrativos y financieros, es el actual Rector José Eduardo Hernández Nava, quien por casi 25 años fue director de las finanzas universitarias antes de recibir como premio la rectoría.

Tampoco olvidar, y como universitarios en activo sólo voltear hacia los lados, que el grupo de funcionarios que controlan al Rector, han decidido despedir a varios trabajadores, profesores e investigadores universitarios; quienes en años recientes, valientemente han denunciado todos estos actos de corrupción y tráfico de influencias. Ya que a decir del director general de la oficina de Recursos Humanos, Juan José Guerrero Rolón “…estos universitarios han manchado y destrozado la buena imagen de la Universidad de Colima”.

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