El aún presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, y otras autoridades gubernamentales, «nos han pisoteado», expusieron habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan al recién electo ombudsman Hermilo Flores Arias.
Luego de aprobarse su nombramiento para reemplazar al Chapula al frente de la Comisión estatal, Flores Arias comentó a los medios de comunicación que el caso Zacualpan es uno de los temas «que hay que retomar de inmediato».
«Hay que conocer el estado procesal que lleva esa queja, cuáles son los avances de la misma para poder en algún momento dado, emitir una declaración en el caso particular que me está planteando», expresó.
Posteriormente, un grupo de habitantes de la comunidad se acercó al ombudsman electo para denunciar que su antecesor Chapula de la Mora, el Gobierno del Estado y la delegada de la Procuraduría Agraria han «pisoteado» sus derechos.
Los inconformes denunciaron que durante el periodo de Chapula, sus quejas no prosperaron por lo que han tenido que recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al respecto, Flores Arias indicó que tiene conocimiento del caso aunque «legalmente no puedo actuar hasta que no se tome la protesta (…) Ya nos estamos conociendo, cuando retomemos todas las tareas de la Comisión, los espero para que ahí me hagan el planteamiento».
Por otro lado, Flores Arias consideró «un honor» haber sido seleccionado por un Consejo Ciudadano quien reconoció su trayectoria en la materia. Dijo que dará su «mejor empeño» y dará seguimiento a todas las quejas que están en curso para salvaguardar los «derechos fundamentales» de los colimenses.
Explicó que a partir de una reforma constitucional del país realizada en 2011, las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, aunque no son vinculatorias tampoco son «un simple llamado a misa».
«Esta reforma viene a dar un instrumento para el seguimiento de estas recomendaciones. El servidor publico que no acata, se le da vista el Congreso para que cite al funcionario y emita una explicación fundada y motivada del por qué no acató, y a criterio del Congreso, lo que procede es fincar responsabilidad al servidor publico», detalló.