Si los diputados del PRI y del PAN tuvieron el tiempo para discriminar a través de la aprobación de los enlaces conyugales, también tienen tiempo para resarcir el daño que provocaron, consideró Erika Romero Contreras, coordinadora de la organización Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos (Proceder).
En rueda de prensa, la defensora de los derechos humanos recordó que académicos, especialistas, activistas y hasta el ombudsman del Distrito Federal señalaron que hacer una diferencia entre enlaces conyugales y matrimonio representaba un acto discriminatorio, pero «los diputados y diputadas se montaron en su razón para crear esta ley».
En ese sentido, Erika Romero se pronunció a favor modificar el Código Civil de Colima para que todas las personas sin distinción de género y orientación sexual.
La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales varios artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civil del estado al considerarlos discriminatorios, ya que los diputados del PRI, PAN, PVEM, Panal y PT decidieron mantener el término «matrimonio» para parejas hombre-mujer y crear el «enlace conyugales» para parejas del mismo sexo.
Ante la resolución de la Corte, el coordinador de la fracción del PRI, Martín Flores Castañeda, señaló que este tema ya no será legislado. Sin embargo, Romero Contreras criticó la postura.
«Es una responsabilidad de ellos (los diputados) enmendar y resarcir un daño que ellos mismo hicieron, se dieron el tiempo para crear un instrumento discriminatorio, deberían ser ellos mismos, porque está dentro de sus mismo periodo y no dejarle la tarea a una siguiente tarea, por responsabilidad y respeto a los ciudadanos, que ellos representan, debieran obligárseles, los tiempos están complicados, pero sería una invitación», enfatizó.
Por otro lado, Érika Romero hizo un llamado a todos los candidatos y candidatas a todos los cargos de elección popular para que hagan propuestas en favor de los derechos humanos y evitar casos como los feminicidios y la explotación de jornaleros agrícolas.
Finalmente, Jorge Iglesias de la Cruz, del Frente Nacional Afectadas por el VIH/SIDA (Frenpavih), denunció que persiste la discriminación de la Secretaría de Salud y de su titular Agustín Lara Esqueda, toda vez que existen alrededor de 70 infectados con VIH y Hepatitis C a quienes se les niega el tratamiento porque «solamente se les da medicamento (para la hepatitis) a gente que no tenga VIH».