Video: ‘Simula’ Gobierno libre tránsito en Zacualpan

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Ante la posibilidad del uso de la fuerza pública para retirar el bloqueo, activistas nacionales e internacionales consideraron que la Misión de Observación sobre el caso Zacualpan quiso ser utilizada para resolver con violencia una situación y responsabilizarlos a ellos.

El día de ayer, cerca de las nueve de la mañana,  la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso de Zacualpan, conformada por distintas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos intentó arribar a la comunidad para entrevistarse con el comisariado de bienes  comunales, Taurino Rincón, y la gente del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).

Y  pese a que en reunión el pasado 2 de marzo el secretario de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, se comprometiera con los miembros de la Misión a garantizarles  seguridad y libre tránsito para llevar a cabo su trabajo, una vez más  les fue impedido el  acceso por el grupo afín al depuesto comisariado Carlos Guzmán que continuaba obstruyendo el  camino con piedras y sogas.

José Alberto Peregrina Sánchez, director General de Gobierno, explicó a este grupo que la misión estaba conformada por sociólogos, antropólogos e inclusive personas relacionadas con la cuestión de la minería que iban a la comunidad para hace una investigación. Solicitó que los dejaran entrar para que pudieran hablar con el otro grupo y les propuso que posteriormente regresaran a escucharlos a ellos para que “no se fueran con la versión solamente de quienes les están pidiendo que vengan”.

Sin embargo dichas personas se negaron a permitirles la entrada argumentando tener “desconfianza” porque al ser gente extraña generarían problemas en la comunidad.

“Estamos entendidos, hablamos muy bien el español (…) los señores no tienen nada que hacer aquí, nosotros estamos al borde que esto se va arreglar”, señaló  Guadalupe Laureano, habitante de la comunidad.

La condición de este grupo fue que si la Misión quería hablar con la gente del CIDTZ, serían los del Consejo quienes tendrían que bajar a platicar porque definitivamente ellos no pasarían. Se quejaron de que en su primer intento por entrar a la comunidad –el domingo 1 de marzo– la Misión lo había hecho de manera “arbitraria” y con la intención de “cambiar el régimen comunal”.

Los activistas expusieron que no había las condiciones para hablar ahí, pues consideraron que podría haber un enfrentamiento si se juntaban ambas partes, además de querer respetar la decisión del CIDTZ de que la reunión se llevara a cabo, como se tenía planeado, en la sala de usos múltiples de la comunidad.

Por su parte, Jennifer Moore, de la organización MiningWatch Canada, explicó que el motivo de su presencia era escucharlas diferentes perspectivas en torno al conflicto que se ha dado en la comunidad para emitir un informe, pero la gente los relacionaba con empresas mineras.

“Ya se vio quiénes vienen por la mina (…) viene la presidenta minera de Canada, no les enseño el documento nomás por respeto a una persona, pero tenemos el documento de quién es esa señora”,  comentó Alicia Aranda.

Ante las  negativas, Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogadas y Abogados de Jalisco, recordó a Peregrina los acuerdos que habían tomado el 2 marzo, señalando que para su llegada el Gobierno ya debería tener garantizado el derecho humano al libre tránsito de todas las personas en todos los caminos  y  carreteras que conducen a la comunidad de Zacualpan “lo que no está sucediendo”.

En ese momento ya subía al lugar del bloqueo un grupo antimotines con una tanqueta y alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Acreditable, por lo que Gómez Godoy dejó claro que como defensores de derechos humanos era obvio que no estaban promoviendo un desalojo. “Las medidas cautelares son muy claras: que  se recupere la seguridad personal de todos los habitantes de Zacualpan”, no sólo de un grupo, por lo que querían entrar en paz y sin violencia.

Peregrina respondió que si ellos querían entrar, “la única manera cuando una persona se opone, no hay más que entrarle con la fuerza”.

Los activistas anunciaron  que se retirarían pues, dijeron, la Misión no se utilizaría “para que cargue con el costo político de una represión porque el estado no ha logrado poner orden” y lamentaron el hecho de no poderse llevar un panorama más claro de la problemática por falta de oficio político.

“Se tiene que restablecer primero lo básico, nadie está poniendo orden, ¿a quién le toca poner orden?, a la Misión por supuesto que no, le toca al gobierno asumir sus responsabilidades y decir aquí hay una sentencia, tenemos que empezar a dislocar esta confrontación con oficio político. El gobierno del estado no está cumpliendo con lo que le corresponde ni con el acuerdo que tenemos”, expresó Miguel Ángel Mijangos Leal, representante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Añadió que la concesión minera por la que surgió el conflicto sigue vigente con muchas irregularidades, como el hecho de que no hay un ofertante directo. Alguien está pagando los derechos de la misma y la Secretaría de Economía no sabe quién.

Los elementos de seguridad junto con la tanqueta permanecían a escasos metros del bloqueo, mientras que Marcos Santana Montes, procurador de Justicia, hablaba con la gente de Carlos Guzmán para decirles que su propósito era restablecer el libre tránsito y que no querían convertirse en un gobierno represor.

No fue necesario el uso de la fuerza, inmediatamente después que los activistas se retiraron, dichas personas levantaron el bloqueo de la carretera. Santana preguntó si se comprometían a no volver a bloquear la vialidad, a lo que ellos respondieron que sí,  aunque exceptuando, siempre y cuando no fuera gente extraña o Bios Iguana porque de lo contrario “esa sí la regresamos para atrás”.

Aún así él dio por restablecido el libre tránsito y aseguró que desde este momento no permitirían un nuevo bloqueo, y para garantizar la paz y tranquilidad permanecerían ahí elementos de la Policía Estatal e Investigadora.

Sobre el bloqueo del acceso al Ojo de Agua, se limitó a declarar que revisarían si tienen jurisdicción en esa propiedad comunal.

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