El Senado de la República votó la semana pasada los cuatro dictámenes en materia energética, los cuales reforman diversas leyes como la de Hidrocarburos, la de Inversión Extranjera, la de Pemex, la de CFE, entre otras.
En la cámara alta, las minutas fueron aprobadas por mayoría por senadores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. Esta semana los dictámenes serán discutidos por la Cámara de Diputados, quienes ayer lunes votaron el primero de ellos a favor.
El estado de Colima tiene tres representantes en el Senado y seis en la Cámara de Diputados. Ellos son: Mely Romero Celis (PRI), Itzel Ríos de la Mora (PRI), Jorge Luis Preciado (PAN), así como Miguel Ángel Aguayo López, Francisco Zepeda y Arnoldo Ochoa (todos del PRI), Nabor Ochoa (PVEM) y las panistas Patricia Lugo Barriga y Martha Sosa Govea.
A continuación te mostramos el sentido del voto de cada uno de los nueve legisladores federales de Colima.
El primer dictamen expide la Ley de Hidrocarburos y reforma la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, y la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Los legisladores se negaron a prohibir el «fracking» o fractura hidráulica para la extracción de gas de lutitas y considerado altamente contaminante, algo que el Partido Verde negó desestimando la versión de expertos en el tema. El fracking está prohibido en Alemania, Francia y varios estados de Estados Unidos.
El senador perredista Alejandro Encinas aseguró que en el mundo no hay un solo partido verde que avale este método de extracción.
Por su parte, priistas y panistas aseguraron que defenderán el medio ambiente a través de la recién creada Agencia Nacional de Seguridad Ambiental. De la misma manera se estipuló que no se otorgarán asignaciones o contratos para la explotación y exploración de hidrocarburos en áreas naturales protegidas.
Entre las modificaciones también se prevé la llegada de gasolineras extranjeras a partir del 1 de enero de 2016; los precios serán fijados por el mercado a partir de 2018.
También los propietarios de terreno podrán ser empleados para explotar hidrocarburos a través de figuras como la ocupación temporal, entre otras.
Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos expedirá los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida, de licencia tanto a Pemex como a particulares.
La votación de este dictamen en el Senado fue de 90 a favor, 28 en contra y cero abstenciones. En la Cámara de Diputados la votación fue de 330 a favor y 129 en contra.
El segundo dictamen expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y reforma la Ley de Aguas Nacionales. Fue aprobado en el Senado con 92 votos a favor y 27 en contra.
Con esto se permite la inversión privada en el sector eléctrico, actualmente dominado por la CFE. Los privados también podrán extraer y comercializar gas. La Comisión Reguladora de Energía determinará las tarifas eléctricas.
El tercer dictamen expide la Ley de Pemex y la de la CFE y reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Fue aprobado con 89 votos a favor y 27 en contra.
Este dictamen creó un nuevo régimen jurídico para ambas paraestatales y fueron definidas como «empresas productivas del Estado mexicano» y de propiedad exclusiva del gobierno federal. Establece cambios en el ámbito laboral como que sus directores generales podrán suscribir y convenir con los contratos colectivos de trabajo.
El PRD señaló que el Consejo Administración de Pemex podría ser integrado por «personas relacionadas a las grandes petroleras internacionales privadas», lo que generará un conflicto de interés.
A decir de la senadora perredista Dolores Padierna, se posibilitará a Pemex abrir tantas subsidirias y filiares como quiera para explorar y explotar el crudo de las asignaciones que reciba la paraestatal y así dividirla para «facilitar su privatización».
El senador Mario Delgado señaló que Pemex tendrá una elevada carga fiscal que le sacará todo su presupuesto, mientras que a las extranjeras se les ofrecería un régimen «más generoso».
En el cuarto dictamen se proponen cambios a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y se crea la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la de Protección al Medio Ambiente.
Éstas dos agencias harán la declaratoria de utilidad pública de un terreno para la exploración y extracción de hidrocarburos.
Asimismo, estos dos organismos podrán promover los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública ya que se determinó que las actividades energéticas tienen preferencias sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie de la tierra.
Este cuarto y último dictamen fue avalado por 86 senadores y rechazado por 26.