Para el representante de la organización civil Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, los activistas sociales y defensores de los derechos humanos en el país están expuestos a su desaparición forzada debido al desinterés de las autoridades.
En conferencia de prensa tras hablar del amparo que obliga a las autoridades localizar al activista nahua Celedonio Monroy Prudecio, Martínez Campos manifestó que “todos los activistas sociales no estamos libres de ser detenidos o desaparecidos por estos mismos hechos de acción”.
Sin embargo, precisó que en las comunidades pequeñas o zonas no urbanas, la extracción ilegal de personas puede ser más común debido a que no existe un Estado de derecho.
Citó el caso de Monroy Prudencio, quien defendió la Sierra de Manantlán y denunció la tala clandestina de la zona, razón que pudo motivar su desaparición.
En la zona limítrofe entre Colima y Jalisco “no hay ninguna presencia de las autoridades federales, en materia ambiental, de salud, de caminos, de la seguridad y la defensa nacional que pueda poner en orden la violación de derechos humanos”.
Este desinterés de las autoridades permite el daño ambiental que realizan empresas que extraen minerales de la sierra, como Peña Colorada y Ternium, además de otra ‘empresa’ que comercializa el hierro que explota de forma ilegal.
Martínez Campos consideró que “es una pena” que se deba recurrir a los juicios de amparos para que las autoridades cumplan con los derechos humanos elementales y brindar seguridad a la población.
Finalmente, comentó que en caso de que las autoridades hagan caso omiso a la búsqueda de Monroy Prudencio recurrirán a organismos internacionales para que “presionen al gobierno mexicano”, porque éste no es el único caso y el número de desaparecidos es “terriblemente alto”.
(Foto: Julio César Hernández / Revista Fortuna)