Asesinan a dos por día en Colima

  Durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinadas un promedio de dos personas por día en el estado de Colima. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la primera mitad del año hubo 364 víctimas de homicidio doloso en la entidad. El mes más violento fue enero, cuando se registraron 72 personas asesinadas. En febrero fueron asesinadas 64 personas, en marzo 59, en abril 57, en mayo 60 y en junio 52. El municipio de Manzanillo es el que concentra un poco más de la mitad de los homicidios dolosos en el estado. La semana pasada, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Manzanillo, el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que Colima se mantiene en primer lugar en tasa de homicidios dolosos. Colima registra una tasa de 39.48 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; le siguen Baja California con 34.03 y Chihuahua con 31.54. En ese evento, Ojeda también señaló que Colima tiene un déficit de elementos de la Policía Estatal y de las Policías Municipales. Según datos proporcionados, hay 798 policías estatales y 997 policías municipales en el estado. Esto significa que hay mil 675 policías, cuando el promedio de la ONU es de 2 mil 461 elementos. «Es un tema que se le planteó al señor Gobernador (Ignacio Peralta) para que de una u otra manera a ver si se puede incrementar el número de policías», comentó. Asimismo, indicó que en Colima hay mil 575 elementos del Ejército, de los cuales 735 están desplegados. También hay 2 mil 197 elementos de la Marina, de los cuales 330 están desplegados y 584 corresponden a elemento de la Guardia Nacional, de los cuales 436 están desplegados.

Queda Noemí Herrera fuera de quintetas para el INE

  La colimense Noemí Sofía Herrera Núñez quedó fuera de las cuatro quintetas para ser electa consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). El pasado 16 de julio, el Comité Técnico de Evaluación para el Proceso de Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del INE presentó a la Cámara de Diputados las dos quintetas de mujeres y dos de hombres. A partir de este momento, corresponde a los legisladores federales continuar con el proceso de selección de los cuatro consejeros electorales (dos mujeres y dos hombres) que durarán en su cargo nueve años. Aunque la mayoría de los 20 finalistas cuentan con un perfil o experiencia en el ámbito electoral, la consejera del Instituto Electoral del Estado de Colima, Noemí Herrera, no pasó a la etapa final del proceso para el INE. En marzo pasado, Herrera fue seleccionada como una de las 60 finalistas dentro del proceso, al cual se inscribieron 390 ciudadanos. Las quintetas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Quinteta 1 (Mujeres)

      1. Rita Bell López, consejera del Instituto Electoral de Oaxaca
      2. Miriam Guadalupe Hinojosa, consejera electoral de Nuevo León
      3. Olga González Martínez, secretaria general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
      4. Norma Irene de la Cruz Magaña, abogada
      5. Jessica Rojas Alegría, consejera electoral en el Edomex

Quinteta 2 (Mujeres)

      1. Carla Astrid Humphrey, ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal y funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
      2. Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro
      3. Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora en el INE
      4. Sofía Margarita Sánchez, consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas
      5. Alma Eunice Rendón Cárdenas, consultora en participación ciudadana y ex secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Quinteta 3 (Hombres)

      1. José Martín Fernando Faz Zamora, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
      2. Luis Octavio Vado Grajales, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
      3. Yuri Gabriel Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México
      4. Marco Iván Vargas Cuéllar, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
      5. Reynaldo Ortega, investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México

Quinteta 4 (Hombres)

      1. Gustavo Meixueiro, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
      2. Rodrigo Escobar Garduño, académico
      3. Francisco Javier Aparicio, profesor-investigador del CIDE
      4. Uc-Kib Espadas Ancona, escritor y ex diputado del PRD, especialista en temas electorales
      5. Jesús Arturo Baltazar Trujano, consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla
Se tiene previsto que este martes, la Junta de Coordinación Política entregue a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados los cuatro nombres que se pondrán a votación mañana ante el Pleno. Para ser electos, los aspirantes deben alcanzar la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los diputados. En caso de que alguno no alcance esta votación, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, abrió la posibilidad de que haya una insaculación de los candidatos.

A puerta cerrada: Las trabajadoras domésticas laboran sin goce de derechos

  Es cultura general, saber que si el sistema de justicia en México no se ocupa de lo que ocurre en las calles… mucho menos de los abusos de poder que hay dentro de los hogares. Las trabajadoras domésticas trabajan en estos espacios en los que no hay vigilancia, ni leyes que se apliquen, por lo que los hogares como espacio laboral se vuelven tierra de cultivo para la desigualdad, y los y las empleadoras jefas sin normativas, a las que no se les exige garantizar los derechos laborales a sus trabajadoras. La OIT y el Nacional Monte de Piedad, presentaron estudios sobre el trabajo doméstico remunerado, evidenciando que, en México, el 99.2% de las personas trabajadoras del hogar no tienen contratos de trabajo escritos, el 98.3% carecen de acceso a instituciones de salud y el 71.3% no tienen acceso a prestaciones. Hasta el 42.3% reciben menos de un salario mínimo oficial por su trabajo. 83.6% reciben menos de dos salarios mínimos oficiales por su trabajo. Traduzcamos el dato, en México casi el 100% de trabajadoras domésticas no tienen el privilegio a la salud y a los privilegios laborales de sus empleadores/as. Son privilegios porque si fuesen derechos todos y todas tendríamos acceso a ellos. En América Latina, según el Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe, señala que de los 17 millones de trabajadores del hogar que laboran, el 95% son mujeres. Solo el 43,8% de ellas, tienen seguro. No contar con seguro social significa no tener acceso a la asistencia sanitaria, a incapacitarse, tener una licencia por maternidad o recibir una pensión cuando sean adultas mayores. En el polo opuesto, los que gozan del privilegio. 82.3% de los empleadores/as de trabajadoras domésticas cuentan con trabajos formales y de calidad; 48.6% cuenta con acceso a instituciones de salud; 27.9% recibe más de 5 salarios mínimos y el 50.1% de los más de 1.5 millones de hogares que contratan trabajo doméstico remunerado, pertenecen al décimo decil de mayores ingresos.   Y cuando las cosas pintan mal, en México siempre pueden pintar peor ante situaciones de crisis… Según el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en México, la mayoría de los 2,3 millones de trabajadoras domésticas que hay en el país han perdido sus trabajos durante la pandemia del COVID-19. Las trabajadoras domésticas, trabajan en condiciones precarias y abusos de poder, los años que su majestad lo permite… Desde su privilegio empleadores/as deciden otorgar el trabajo o quitarlo, pagar menos del salario mínimo y extender las jornadas laborales, con servicio de niñera incluido, aunque la paga sea la misma, ellas viven la violencia en silencio, a puerta cerrada, porque siempre habrá otra mujer con necesidades económicas iguales o peores que aguante más que la que decidió hablar y exigir derechos. En el hogar, como espacio laboral hay una persona que labora por necesidad económica y otra persona con poder que a puerta cerrada decide qué privilegios otorga a la que no lo tiene, y la mayoría no otorga casi ninguno. En el espacio privado es en donde la violencia y el abuso de poder se manifiesta mayormente, y esto es razón suficiente para aplicar leyes en este y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas. La pregunta no es ¿Por qué no renuncian? La pregunta es ¿por qué no se aplican leyes en los hogares sabiendo que también son espacios de trabajo? Un lugar de trabajo tiene (o tendría que tener) normativas que deben cumplirse para generar condiciones dignas para los y las trabajadoras, lo cual no ocurre en los hogares, y evidencia las condiciones de desigualdad en las que laboran las trabajadoras. Todos y todas tenemos los mismos derechos, no todas gozan de ellos, los casi 2.3 millones de trabajadoras domésticas en el país despedidas en situación de crisis no gozan de ellos.

Oiga, ¿de casualidad no andan contratando?

  Ya para nadie es nuevo el anuncio de que el Covid-19 y las medidas para contenerlo nos trajeron la peor crisis económica de las últimas décadas, la cual dejará cuando menos unos cuantos millones de nuevos pobres y mucho, pero mucho desempleo. La crisis, como todas las cosas, impactará doblemente a los países “en desarrollo”, como la mayoría de los que se encuentran en América Latina, región para la que la CEPAL ya ajusto la perspectiva de crecimiento a menos 9.1 por ciento del PIB este año, con 96 millones de personas en emergencia alimentaria para diciembre. México anda más o menos igual que el augurio regional y se estima que su economía puede caer entre 9 y 10 por ciento en 2020. En un país experto en desigualdad, esto afectará brutalmente a los sectores de menor ingreso, que ya están renunciando al sueño de llegar a la clase media para afrontar la más apremiante necesidad de no caer en el decil de pobreza extrema. En realidad, nadie tiene datos exactos de los efectos reales de la crisis entre las clases trabajadoras del país, pues casi no hay mediciones actualizadas de los estragos de la crisis en la economía informal, esa que determina la supervivencia de la mayor parte de las y los mexicanos. Solamente el INEGI ha podido realizar algunas estimaciones a través de su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), con la que calcula que alrededor de doce y medio millones de personas perdieron de manera definitiva sus fuentes de ingreso entre abril y mayo. De manera adicional, se generaron otros ocho millones de trabajadores en una situación de subocupación, es decir, con un empleo de medio tiempo en el que no pueden obtener suficiente dinero para su supervivencia. El incremento exponencial del desempleo le está pegando a los ahorros de las personas. En junio se incrementaron en 100 por ciento los retiros en las Afores por desempleo, terminando con la escéptica esperanza de muchos de poder acceder a una pensión mínimamente digna en el futuro. Aun así, se estima que el número de personas en condición de pobreza extrema se incrementó en 13% entre febrero y junio, con alrededor de 16 millones de nuevas personas que ya deben de gastar más de lo que ganan. Actualmente, al menos la mitad del país está viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza, es decir, con menos de $3,204 en zonas urbanas y $2,089 en zonas rurales.  ¿Cómo le hacen? Quien sabe. En términos concretos, la crisis de desempleo -junto con la de seguridad- es la mayor emergencia nacional. Es muy probable que veinte millones de personas estén viendo sus vidas desmoronarse en unos cuantos meses. Que estén perdiendo lo que seguramente habían tardado años en construir. Que ya no tengan dinero para mantener a sus familias. Que estén gastando sus ahorros, vendiendo sus posesiones y haciendo trabajos degradantes para poder sobrevivir. En términos concretos, estamos jodidos y no tenemos idea de como resolverlo. Mientras tanto, la mayoría de los tres niveles de gobierno están peleando entre ellos o en abierta campaña electoral. Unos cuantos que tienen buenas intenciones, no pueden ejecutarlas por su nula capacidad técnica o presupuestaria. En casi todos lados, los programas de empleo brillan por su ausencia. Los apoyos económicos de emergencia son insuficientes, descoordinados y para nada proporcionales al tamaño de la crisis que se está viviendo. En la próxima entrega de esta columna, se reflexionará sobre algunas propuestas interesantes para comenzar a contener la crisis. Como adelanto, la idea es que la paguen los ricos. Corolario Ha sido una buena semana para el desarrollo de posibles vacunas contra el Covid-19. Algunos ensayos clínicos en distintos países han arrojado resultados muy positivos. Sin embargo, ya empezaron las disputas internacionales. Reino Unido ya acusó a Rusia de robarle inteligencia cibernética vital para el desarrollo de su vacuna. Moderna, una de las farmacéuticas globales que tiene los resultados más prometedores, ya anunció que los ciudadanos estadunidenses serán su prioridad en cuanto logren desarrollar un producto. Si no hacemos nada para evitarlo, cualquier vacuna llegará a todo el mundo de manera diferenciada, portadora de la misma desigualdad de siempre.

¿País de covidiotas?

  En mayo, el subsecretario de Salud, zar del coronavirus y prácticamente sex symbol del gobierno federal presentó en su conferencia de la tarde un mapa con los 300 municipios de la Esperanza en México. Un mes después, solo en 60 de esos municipios seguía viva la Esperanza, mientras que el resto se infectaba conforme se intentó reactivar de manera paulatina las actividades económicas. El escenario no luce esperanzador en este momento. 36 mil mexicanos han muerto oficialmente de coronavirus, un número que ya excede los homicidios dolosos del año pasado. Además, están los muertos indirectos del coronavirus, todos aquellos que decidieron no acudir a hospitales por miedo a contraer el virus y murieron por falta de atención adecuada, o los que sí fueron a hospitales y no recibieron atención porque la prioridad es la pandemia. El problema está creciendo, a pesar de que nos digan que “ya pasó lo más difícil” y que “la pandemia está domada”. ¿Por qué está pasando esto? La respuesta fácil es que la gente es irresponsable, explicación que han compartido en mayor o menor medida el gobierno federal, los gobiernos estatales y una buena parte de la población general. El presidente de la república señaló en alguna mañanera que “desde el inicio no hemos utilizado medidas de prohibición, hemos buscado siempre convencer, que sea voluntario; ahora que se va a iniciar, ya comenzó el proceso de reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad”; algún gobernador culpó de la falla de las medidas a los “pendejos que siguen sin atender”; y las redes sociales exhiben cada día a algún nuevo “covidiota”, que irresponsablemente nos pone a todos en peligro por no cooperar para cuidar la salud colectiva. Aunque los tonos son diferentes, el fondo del mensaje es el mismo: los planes funcionan porque la gente coopera, y fallan porque la gente es irresponsable. No pretendo quitarle responsabilidad al individuo, pues es lógico que la suma de las acciones personales resulta en el éxito o fracaso de la estrategia sanitaria. Pero hay algo que debemos cuestionarnos: ¿en verdad somos un país lleno de covidiotas, o algún otro motivo explica la “irresponsabilidad individual”? Creo que dos factores explican la proliferación de la irresponsabilidad individual: la falta de políticas de Estado frente a la pandemia, y la ausencia de incentivos para seguir las diferentes políticas de gobierno que se generaron en torno al coronavirus. Durante la pandemia no hemos tenido políticas de estado. A pesar que los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal han articulados sus respectivas políticas de gobierno, sus intentos para coordinarse entre ellos y articular una respuesta conjunta de carácter técnico (es decir, una política de estado) no sucedieron. De hecho, sus actuaciones convirtieron lo que debió ser el manejo de una crisis con resultados mortales en una oportunidad para confrontación y sabotaje. Algunos gobernadores llamaron ineptos a los encargados sanitarios del gobierno federal, otros mintieron llanamente sobre la situación en su estado, y las autoridades federales lanzaron sutiles descalificaciones hacia los gobiernos estatales que, aunque suaves, fueron leña al fuego de la polarización. Además, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno aprovecharon para darle un aspecto político al manejo de la pandemia, pues el tono de las confrontaciones entre los estados y la federación fue para “demostrar que, a diferencia de los otros, el gobierno que encabeza mi facción si sabe hacer las cosas”. El resultado de este escenario fue una creciente desconfianza ciudadana en las diferentes políticas de gobierno, lo que se traduce en desincentivos para seguir recomendaciones específicas, pues ¿Exactamente a que se le tiene que hacer caso, entre las recomendaciones a veces contradictorias de múltiples autoridades, que además se descalifican en lugar de coordinarse? Junto a la falta de políticas de Estado para hacer frente a la pandemia, hubo otro factor muy importante que llevó al escenario en el que estamos hoy: la falta de incentivos para quedarse en casa. A pesar del riesgo sanitario, un segmento bastante importante de la población no puede darse el lujo del confinamiento, ni de realizar gastos en cubrebocas desechables y gel antibacterial porque o bien viven en situación de pobreza o sus trabajos no son suficientes para cubrir otros gastos más allá de los que ya tienen. Lo adecuado habría sido lanzar políticas específicas de apoyos en especie y subsidios económicos para evitar que la población en pobreza o en la informalidad sufriera de manera desproporcionada los efectos de la contingencia sanitaria, pero eso no ha sucedido. Los “covidiotas” no son idiotas en absoluto, de hecho, podríamos decir que actúan de manera bastante racional. Quienes necesitan salir a trabajar para pagar la comida y las cuentas lo seguirán haciendo, porque con o sin coronavirus siguen comiendo, y no recibieron apoyos especiales. Quienes nos parecen inconscientes probablemente actúan así porque su contexto es el de enfrentamientos y falta de coordinación entre autoridades que resta seriedad a las medidas sanitarias. La conclusión a la que llegan es perversamente lógica: si ellos no se ponen de acuerdo, seguramente no es un problema tan grave como para cambiar mi vida.

Forman Isabel Martínez y Memo Toscano bancada independiente

  Los diputados Isabel Martínez y Guillermo Toscano, que recientemente renunciaron al grupo parlamentario de Morena, anunciaron la conformación de una bancada independiente denominada «Juntos por Colima». Fue este miércoles a las 11:21 horas cuando entregaron el documento a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado en el que se establece que Toscano es el coordinador de esta nueva fracción parlamentaria. Con esto, Toscano tendrá derecho a voz y voto en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. «Tenemos la expectativa de que se seguirán sumando otros compañeros legisladores”, expresó. El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso afirmó que continuarán respaldando el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador. «Estaremos respaldando la Cuarta Transformación y llevarla a mejor puerto, aunque no formemos ya parte del Grupo Parlamentario de Morena”, dijo. “En la actualidad se ocupa una política de altura, no de confrontación ni denostación, tenemos una representatividad que haremos valer, en esta bancada le apostamos al diálogo, la civilidad y el bien común de los colimenses».  

El crédito: La simulación sin fin del Congreso estatal

  La aprobación del crédito de 740 millones de pesos, solicitado por el Gobernador de Colima, cayó como anillo al dedo para hacer aún más evidentes las diferencias políticas e intereses propios de los diputados estatales, de todos los partidos, no solo de MORENA. Estamos ante un Congreso desintegrado, incoherente, ineficiente y por no decirlo peor, inservible; un Congreso que no representa los intereses de los ciudadanos colimenses, diputados más preocupados por ser protagonistas de zafarranchos, diputados que les interesa más promover un juicio para la protección de derechos políticos y electorales que seguramente resultará improcedente en contra de la aprobación del crédito, diputados que renuncian y prefieren ser “independientes”, legisladores que no legislan nada. Toda una simulación creada por los mismos legisladores para endeudar más a Colima y con ello a generaciones y generaciones de ciudadanos, una simulación de la ineficiente administración de recursos; sí, el Congreso Estatal después de esta simulación ya no representa nada, ni una fuerza política para hacer oposición al Poder Ejecutivo. Hay que guardar bien en la memoria los nombres de los diputados que votaron a favor del crédito: Julio Anguiano, María Isabel Martínez (suplente de la legisladora asesinada Anel Bueno), Guillermo Toscano, Lizeth Anaya, Remedios Olivera, Fernando Antero, Gretel Culin, Francisco Rodríguez, Rogelio Rueda, Lizet Rodríguez, María Berber, Rosalva Farías, Miguel Ángel Sánchez, Martha Meza y Luis Fernando Escamilla. Y también registremos en nuestra mente los nombres de aquellos que manifestando estar “en contra” de la deuda, no hicieron nada, cuando pudieron hacerlo todo, y solo fueron los cirqueros de la simulación: Ana Karen Hernández, Claudia Aguirre, Araceli García, Livier Rodríguez y Vladimir Parra. Porque todos los nombrados van a salir a pedir votos en el 2021, entonces hay que recordarlos bien. Con estas acciones, todos los diputados autorizaron al Gobernador Ignacio Peralta contratar uno o varios créditos por un monto total de 740 millones de pesos con un plazo de financiamiento de hasta 20 años. Y se dice “todos los diputados”, porque aún y cuando dijeran estar en contra del crédito, pudieron haber votado, hacer alianzas políticas reales y no simuladas, y en su caso promover el recurso que sea procedente para invalidar la autorización. Pero después de todo y con la perspectiva actual del Congreso, no hay mucho que podamos esperar como ciudadanos, pues al quedar estropeado y sin fuerza política alguna, este es el comienzo del declive económico, financiero, en materia de seguridad, ambiental, sistema de salud, y sigue la lista, en Colima.

El horno no está para bollos

Ignacio Peralta es el segundo gobernador peor evaluado del país, según la clasificación de Mitofsky. Sin embargo, su baja aprobación no necesariamente se traduce en que cualquier cosa que haga será impopular, por eso era muy importante el relato en el que enmarcaría públicamente su justificación para adquirir un crédito. Y el ejecutivo se esforzó, empujando hasta el exceso una línea editorial en los medios de comunicación. Algunos actores del mundo empresarial acogieron la agenda del gobernador, así como algunos legisladores, que, de acuerdo al gusto propio, retomaron al menos una de las tres razones para apoyar la deuda: terminar de construir el C5i, remodelar el palacio de gobierno y armar al estado de infraestructura para atener la crisis de la Covid-19. Es prácticamente imposible saber si este discurso fue bien recibido por la población, pero la legitimidad de la decisión impulsada por el ejecutivo quedó truncada por mano propia. Haciendo uso de una estrategia poco elegante, la solicitud del gobernador fue aprobada por quince votos y diez ausencias en una sede alterna, en una sesión convocada con premura, resguardada por policías estatales, y en medio de incidentes entre funcionarios públicos, fuerzas del orden, manifestantes y diputados opositores. Decisiones como esta exponen las líneas definitorias de la política local, dividen bandos e intensifican la conversación. Se podría decir que estas fracturas en la vida política son normales y suelen reflejar más o menos la división de opiniones y preferencias que existen en la sociedad. Pero sucede que no vivimos una normalidad. El poder político local está fracturado, pero no necesariamente porque exprese clivajes considerados regulares en una democracia. Las fuentes de poder de persuasión del ejecutivo son escasas, mientras el bloque opositor que logró liderar Morena está sostenido con alfileres. En medio de un sistema de partidos que se hizo polvo, no hay lealtades ni unidad en torno agendas claras. Peor aún, en medio de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, hay poco humor social para librar batallas que en otras circunstancias serían redituables. Aunque el crédito se venía discutiendo hace semanas, todo pasó muy rápido. Aparentemente, el gobernador aplicó un madruguete; los líderes de los partidos apenas y asomaron la nariz; los legisladores dieron explicaciones insuficientes al público; y quienes intentaron oponerse parece que no encontraron mucho poder de resonancia. En medio de la aceleración de contagios del virus causante de la Covid-19, con todo y una cuarentena imposible, una coyuntura expuso las costuras un sistema político en crisis. Quién sabe si a la población le queden ganas de conocer y evaluar lo que dijeron Locho, Indira, Preciado y demás aspirantes a la gubernatura; Quién sabe si a la gente le importe que entre un bando y otro se lancen acusaciones de imprudencia, torpeza, irresponsabilidad o traición. El horno no está para bollos.

Renuncia Rafa Mendoza al PAN y se declara independiente

  El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, confirmó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) por aprobar el crédito de 740 millones de pesos al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez. A través de un video publicado ayer, el Alcalde informó que a partir de este momento se declara independiente sin compromisos con partidos o grupos políticos. «Los diputados del PAN con su voto favorable avalaron una acción contraria al sentir del pueblo, alejados del interés general y sin considerar las enormes muestras sociales de desagrado», expresó. «Esta acción representa un agravio a la lucha y convicciones que a lo largo de mi vida pública he defendido, no estoy de acuerdo y no seré cómplice, tratándose de las esperanzas del pueblo no se puede estar a medias tintas, ni se puede tampoco ser devoto de causas justas a medio tiempo». En su mensaje, Mendoza reprochó el silencio del PAN en el tema del crédito y el voto favorable de sus tres legisladores. Añadió que este endeudamiento compromete seriamente el futuro de la población y deja un gran compromiso financiero para el Estado. «Un gran consecuencia que no se puede borrar, ni tampoco olvidar con tan sólo un discurso», señaló. “Por todo lo expresado, he decidido renunciar al Partido Acción Nacional, lo hago de manera consecuente a mis principios y valores, pero de manera respetuosa a quienes  sus expectativas limpias militan en la base del partido y guardan la esperanza de impulsar la transformación que ocupa nuestro estado». El Edil pidió a las autoridades panistas dar el trámite correspondiente a su solicitud de renuncia para ser deslindado en todo momento de manera definitiva y en lo sucesivo de dicho instituto político. «A partir de este momento, me declaro independiente, sin compromiso de partido, ni  grupos políticos, mi único compromiso es y seguirá siendo con el pueblo», finalizó. No es la primera vez que Mendoza abandona las filas del PAN. En 2012 salió del partido luego de que le negaron la candidatura a diputado local por el municipio de Cuauhtémoc, por lo que fue postulado por el PRD y ganó la elección. Sin embargo, en las elecciones del 2015, Mendoza volvió al PAN para ser candidato a la Alcaldía de Cuauhtémoc, cargo que obtuvo y por el que fue reelecto en 2018.

Renuncia suplente de Anel Bueno a bancada de Morena

  La diputada Isabel Martínez Flores, quien hace un mes asumió el cargo tras el asesinato de Anel Bueno Sánchez, anunció su renuncia a la bancada de Morena. A través de un escrito presentado este mediodía, la legisladora informó que se mantendrá como diputada independiente. «Me mantendré como diputada independiente defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador», señala el documento. Apenas el pasado 18 de junio, Isabel Martínez rindió protesta como diputada ante el Pleno del Congreso local. En esa sesión, la legisladora manifestó su voluntad de adherirse al Grupo Parlamentario de Morena. Sin embargo, el pasado 7 de julio, Martínez votó a favor del crédito de 740 millones de pesos, contrario a la postura de la bancada de este partido. Ese mismo día, el legislador Guillermo Toscano también renunció a este grupo parlamentario y se declaró independiente. De igual manera, en diciembre 2019, Lizeth Anaya se salió de Morena para integrarse a la bancada del Partido Verde, sin embargo, cuatro meses después se declaró independiente. Con estos cambios, la composición del Congreso de Colima queda integrada por siete diputados de Morena, cuatro del PT, tres independientes, tres del PRI, tres del PAN, tres del Verde, una de Nueva Alianza y una de Movimiento Ciudadano.

Promueven diputados juicio por ‘atropellos’ en Congreso

  Seis diputados locales promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las violaciones a sus derechos políticos y electorales durante las sesiones legislativas del pasado martes cuando se aprobó el crédito por 740 millones del pesos al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Esta impugnación fue presentada por las diputadas Claudia Aguirre, Ana Karen Hernández, Araceli García Muro, Livier Rodríguez, así como Vladimir Parra y Arturo García. «Los diputados y diputadas de la 4T en el Congreso Local hicieron entrega al Oficial Mayor la denuncia para que se abra un juicio para la protección de derechos políticos y electorales, para que por su conducto se haga llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por los atropellos a sus derechos políticos durante el proceso ilegal e ilegítimo donde se aprobó la deuda de 740 millones de pesos», señala el comunicado de prensa emitido por la bancada morenista. Los legisladores expusieron que hubo violaciones a sus derechos político-electorales durante la sesión virtual, impedimento para entrar a la sede alterna de la sesión presencial, y formas ilegales para realizar ambas sesiones. Detallaron que los hechos que impugnan son: los actos preparatorios para la celebración de manera virtual de la sesión número 11; la aprobación del acuerdo número 40, en donde se autoriza como recinto legislativo la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado que se realizó el mismo 7 de julio; y los actos preparatorios de la sesión número 12. También impugnan la aprobación del decreto número 2886 por el que se le autoriza al Gobierno del Estado de Colima a contratar uno o varios financiamientos públicos por el monto de hasta 740 millones de pesos, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Colima» el pasado jueves 9 de julio, así como  la violencia política de género ejercida en contra de las diputadas locales Claudia Aguirre, Ana Karen Hernández, Araceli García Muro y Livier Rodríguez. En ese sentido, demandaron que se dicte sentencia en contra de las autoridades que resulten responsables y se emitan las medidas de protección para desempeñar libremente el cargo de diputadas y diputados.   … Y PRESENTAN QUEJA EN DERECHOS HUMANOS Cinco diputados locales presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por las violaciones a sus derechos durante el proceso legislativo de aprobación del crédito de 740 millones de pesos al Gobernador Ignacio Peralta. Las diputadas Livier Rodríguez, Claudia Aguirre, Araceli García, Ana Karen Hernández y su homólogo Vladimir Parra acusaron que se violó la legalidad y el debido proceso legislativo, la libertad de expresión en su vertiente parlamentaria, el derecho a voz y a voto como derechos parlamentarios, el derecho a la democracia sustantiva, el derecho a la seguridad e integridad personal, y lo que resulte. «La gente tiene en la mente la deuda de Mario Anguiano, ya se saben el guión de memoria, conocen el clásico artilugio de pedir un crédito millonario ‘en beneficio del pueblo’ justo antes de terminar su mandato constitucional. El pueblo de Colima tiene memoria histórica y dignidad», expusieron en un comunicado. Consideraron que aunque se haya aprobado esta «deuda inmoral» violando toda legalidad, no podrán conseguir que la gente les crea que esta deuda millonaria es beneficio del pueblo.

Aquí no hay novedad

  Colima es priista desde que cualquiera tiene memoria. El Revolucionario Institucional está tan presente en la vida cotidiana que hasta podría considerarse como tradición local. A diferencia de las fiestas charrotaurinas, todavía no ha sido declarado patrimonio cultural intangible de la humanidad, pero comparte con estas el error de confundir tortura con cultura. En este caso, tortura política con cultura democrática. Entre el PRI y una buena parte del pueblo de Colima existe una relación tóxica, de esas que perduran demasiado tiempo aunque saben que están mal. Como en toda relación violenta, hay alguien que controla y alguien que renuncia a sí mismo para satisfacer al otro. Como en toda relación violenta, hay alguien que ofrece cambiar después de golpear y alguien que se ve obligado a creerle que ahora si será diferente. El PRI está controlado por un grupo de señores con dinero y poder que se entretienen comiendo rib-eyes en sus restaurantes de cortes favoritos, lugares en los que pelean más por quien va a pagar la cuenta que por a quién designarán como próximo rector o representante de las candidaturas en las próximas elecciones. Su líder es un señor que se llama Fernando Moreno Peña, quién llevó a otro nivel el refrán de que hierba mala nunca muere tras sobrevivir a seis balazos hace unos años, tras un desacuerdo con alguno de los grupos de sicarios con los que suele hacer negocios. Como el poder que representa, este señor es autoritario, conservador, corrupto y mentiroso. Tiene la nariz metida en todos lados. Ha sido diputado, rector de la Universidad y gobernador constitucional. En lo inconstitucional, ha sido operador político, comprador de votos, alquimista de recursos públicos -para volverlos privados- y gestor de acuerdos con el crimen organizado. Hace unas décadas, Fernando Moreno Peña y su círculo cercano encontraron una serie de pasos simples pero efectivos para tejer las fibras de poder del estado:
  1. Apoderarse de la universidad y de los sindicatos de trabajadores de la educación para neutralizar los espacios académicos críticos.
  2. Hacer amistades con empresarios poderosos para que defiendan al régimen local y ayuden a desviar dinero a cambio de contratos jugosos. (Con el tiempo, descubrieron que ellos mismos también se podían convertir en empresarios poderosos, amigos de si mismos)
  3. Controlar a los principales medios de comunicación a través de publicidad oficial y dinero.
  4. Cooptar a ONG´S, movimientos sociales, artistas críticos y analistas chairos con una combinación de dinero, espacios en las instituciones, becas a Nueva Zelanda y en su defecto, amenazas.
  5. Infiltrar gente en los otros partidos políticos para aparentar pluralidad.
  6. Negociar con los poderes nacionales, independientemente de su color.
  7. Usar a las fuerzas de seguridad pública, a los grupos porriles y a mercenarios a sueldo para cualquier situación no contemplada en los puntos anteriores.
La cosa se mantuvo más o menos así en los últimos 40 años. Haciendo algunos ajustes de acuerdo con la época, estos señores realizaron inversiones fructíferas y crecieron de manera sostenible, cosa que les permitió afinar la fuerza de su régimen y prepararse para tiempos difíciles. Sabían que así como acabaron los tiempos en los que los estrenos cinematográficos no llegaban a las carteleras locales, acabaría el periodo en el que ni siquiera se podía imaginar a alguien que desafiara su poder. Las amenazas finalmente llegaron. En el 2015, un panista con cara de bravucón logró convencer a suficientes personas de que el representaba a la alternancia revolucionaria. El señor, de nombre Jorge Luis Preciado, casi les gana las elecciones. Tanto que le hicieron fraude electoral y se tuvieron que repetir. En la segunda vuelta, se prepararon mejor y le ganaron al panista la votación con un margen bastante holgado, pues a este nunca se le dio eso de pensar con la cabeza fría, o  pensar en general. Tres años después, la amenaza de la 4T los agarró con más cayo. El priismo local supo anticipar la apabullante victoria de López Obrador y logró disimular lo suficiente como para apoyar indirectamente a algunos candidatos al Congreso de la Coalición Juntos Haremos Historia, con los que sabía se podrían encontrar afinidades en caso de ser necesario. Los dirigentes de Morena en la entidad andaban tan ebrios de pragmatismo electoral que lo permitieron, pues se creyeron el cuento de que su movimiento purificaba cualquier pecado en aras de alcanzar el obradorismo supremo. A los priistas les tomó menos de dos años retomar el control de un Congreso controlado por la 4T, que solo tenía tres diputados de su partido. Con paciencia, desplegaron todos los recursos a su disposición para cooptar a quien se pudiera. Cuando hubo que meter prisa, soltaron dinero y amenazas. Así pararon una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad que les hubiera dificultado mantener el control de esta. Así aprobaron una deuda que le urgía al gobernador. Por omisión e ingenuidad, Morena les ayudó mucho. El grupo de sus diputados que mantenía el control del Congreso logró impulsar algunas legislaciones y programas progresistas, y eso se les subió de más. Se creyeron invencibles. Perpetuos vencedores. Pero en el frenesí de su inexperiencia y en la incapacidad de controlar el temperamento de muchos de sus cuadros, cometieron muchos errores. Peor aún, se negaron la autocrítica. Perdieron más tiempo rindiendo pleitesía al presidente y a los principios mágicos de la 4T que buscando la manera de combatir sus contradicciones internas. Los poderes priistas recuperaron el Congreso y hoy tienen la mira puesta en mantener la gubernatura. Ilusos los que creen que ya tienen la elección perdida. No necesitan de sus siglas para mantenerse en el poder. Si es necesario, negociarán su continuidad en un gobierno de alternancia. Por eso Colima es priista más allá del PRI, pues su espíritu prevalece en lugares en los que no debería. Está en la Universidad. En los sindicatos. En las asociaciones civiles. En la mayoría de los medios de comunicación. En las instituciones de cultura. En artistas y escritores. En el servicio público. En las grandes empresas del estado. En todos los partidos políticos. ¿A poco creen que se van a retirar con algo tan irrelevante como una derrota electoral? Corolario Otra vez los medios ignoraron una masacre por andar dándole primeras planas a las ocurrencias del presidente. Esta vez, un quíntuple feminicidio en el Estado de México pasó desapercibido. Cuatro de ellas eran menores de edad. Las masacraron en su casa. Hasta el momento del cierre de esta columna, a casi nadie le ha importado. Que sus seres queridos encuentren justicia.

La prohibición engendró el narcotráfico

  La OMS define el término droga como cualquier sustancia que al interior del organismo viviente puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras. Existen diversas drogas para diversos fines, unas legales y otras ilegales, según el contexto convenga. Más de uno se ha preguntado el por qué unas son legales y otras no, aunque el temor a la ingenuidad y la obviedad cotidiana orille a callar esta corriente de pensamientos y lo que conlleva, no obstante, es de capital importancia no desistir. La respuesta se halla enmarañada en las consideraciones morales, económicas, políticas y hasta biomédicas muy particulares de nuestra época. De acuerdo con Rodríguez Arce y Quirce Balma (2012), el consumo de sustancias psicoactivas comenzó al menos en tiempos prehistóricos y prehumanos, hallazgos arqueológicos lo demuestran: en Asia se consumía el soma, en Europa kykeon, en Mesoamérica hongos alucinógenos, en Suramérica ayahuasca y en África iboga. Además, se han encontrado pipas asociadas al DMT en Argentina que datan del 2,130 a.C., la mescalina contenida en el peyote ha sido empleada por unos 5,700 años en lo que hoy conocemos como México y Norteamérica, en España se han descubierto pinturas rupestres de hongos alucinógenos de hace unos 8 mil años. Las experiencias alucinatorias como parte de la historia botánica y religiosa de la humanidad perduraron hasta la Edad de Piedra, donde la figura del chamán y del médico brujo fueron catalizadores positivos de la evolución. De esta manera, el uso deliberado de estos materiales en sociedades de cazadores-recolectores ha hecho al chamanismo institucionalizar estados alterados de conciencia. Existe un caso particular de hace más de 3,500 años, una bebida con poderosos efectos psicoactivos y/o ecodélicos llamada haoma en el antiguo Zend Avesta de Persia y conocida como soma en la India, la cual pudo llevar en su receta el hongo Amanita muscaria, Psilocybe cubensis y/o cannabis sativa. Sin importar si contenía una de estas sustancias o todas, el hecho es que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de tradiciones culturales, lingüísticas, religiosas y filosóficas (Rodríguez, J. y Quirce, C., 2012). Dicho esto, los alucinógenos y sustancias psicoactivas en general crearon a la par dos cosas: mecanismos para tolerar y contra-explotar los efectos de estas sustancias, y una presión selectiva en la evolución tal que nos trajo a la mente humana moderna. Más allá del aspecto constitutivo de las drogas en las sociedades humanas y de las conductas adictivas que hoy en día se observan, podemos afirmar con bastante seguridad que el consumo de sustancias que modifican la conciencia, legales o no, responden a un profundo deseo y aún más, necesidad, de mejorar y ampliar nuestra experiencia y conciencia ordinarias (Rodríguez, J. y Quirce, C., 2012). Una vez que las sociedades se tornaron complejas y desarrollaron la política fue cuando inició la estigmatización del uso de estas sustancias, lo que inevitablemente llevó a la prohibición de las mismas, siempre de la mano de las jerarquías de poder. En la actualidad, las políticas prohibicionistas sólo han provocado reprimir este deseo antiquísimo de mejorar la consciencia, ocasionando un severo síntoma en la sociedad llamado narcotráfico, con vinculación estrecha al crimen organizado.  Este síntoma se ha ataviado de empresa y ha expandido sus productos, creando empleos donde hay altas tasas de desocupación y salarios bajos, prostituyendo personas, traficando órganos y representando una de las principales causas de homicidios (Menéndez, E., 2012). ¿Qué han hecho la mayoría de los Estados del mundo ante esta situación? Guerra. Brillante solución para quiénes legislan y se niegan a conocer al humano. Según cifras oficiales de la ONU aceptadas por la Secretaría de Salud en México (véase su documento “El consumo de drogas en México”), 208 millones de personas consumen drogas ilícitas (4.8% de la población), de las cuales sólo el 0.1% consume drogas duras, visto así no parece ser un problema mayúsculo; 25% de las 9 millones de personas encarceladas en el mundo lo son por algún delito relacionado con drogas, encierros innecesarios si se conservasen en prisión sólo a quiénes realmente atentan contra la vida. Entonces ¿De qué sirve esta guerra? ¿La guerra contra el narco fracasó? Siguiendo a Eduardo Menéndez (2012) no, si uno de sus objetivos es la justificación de control e intervención en ciertos grupos y países cuando se considere “necesario”; sí, intervención al estilo “americano”. Así, funcionarios mexicanos y estadounidenses han interpretado la escalada de violencia relacionada con las drogas como un signo de que el modelo de guerra funciona (Schmldt, S., Cervera, L. y Botello, A., 2017) y, por supuesto, continuará. Las políticas prohibicionistas para las drogas parecen ser incongruentes en las sociedades capitalistas caracterizadas por impulsar el consumo, puesto que estas políticas pretenden abolir el consumo de sustancias consideradas adictivas. A menos que una cabeza de la hidra se encargue de encarecer un producto al hacerlo ilegal, de incrementar y fomentar el consumo al prohibirlo (dado que lo prohibido más de una vez es atractivo) y de maximizar sus ganancias al no pagar impuestos y enajenar y marear a las masas con la pomposa guerra contra el hombre de paja.

Boiteux L., et al. (2010). Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina. Washington: TNi, WoLA.

El consumo de drogas en México: Diagnóstico, tendencias y acciones. Recuperado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm

Menéndez, E. (2012). Sustancias consideradas adictivas: prohibición de daños y reducción de riesgos. Salud Colectiva, 8, 9-24.

Rodríguez, J. y Quirce, C. (2012). Las plantas y los hongos alucinógenos: reflexiones preliminares sobre su rol en la evolución humana. Reflexiones, 91, 9-32.

Schmldt, S., Cervera, L. y Botello, A. (2017). México: territorialización de los homicidios. Realidad, datos y espacio, 8, 1-15. 2020, De INEGI Base de datos.

El pueblo simbólico

  Los mexicanos somos un pueblo simbólico. Parece que cada momento de nuestra historia ha servido para enraizar en la psique colectiva un respeto, casi obsesivo, por los símbolos del poder. ¿Qué sería de este país sin la Silla del Águila, la eterna pelea por el Penacho de Moctezuma, y los proyectos con nombres trascendentales para propuestas más bien comunes? Los gobiernos del siglo pasado, seguramente para evitar hablar de resultados, construyeron un mundo de formas, símbolos e imágenes. El informe de gobierno fue durante años la fiesta anual del Presidente, donde se presumían logros cuyo sustento a veces no se podían encontrar, y se “expresaba valerosamente el sentir del pueblo mexicano” a través de un diputado que valientemente reverenciaba al presidente. El mismo sistema electoral fue un mero símbolo, pues cuando el partido oficial nombraba candidato ya había nombrado al gobernador. Lo malo es que los cambios de partidos no corrigieron las malas mañas. A pesar de 20 años de vivir en democracia, nuestros gobernantes adoran los actos simbólicos, y nosotros adoramos hablar de cómo visten sus imágenes. Basta recordar las discusiones en torno el beso que dio Fox al anillo del Papa, el disfraz de militar que utilizó Calderón, o la pantomima de la familia “bien” que escenificó Peña para ver que, al final del día, prestamos excesiva atención a las formas. Indudablemente, el gobierno de López Obrador ha seguido explotando lo simbólico, ahora con un alcance masivo gracias a las redes sociales. El problema es que, como somos gente de símbolos, discutimos al infinito las formas del poder, y dejamos de lado algunos fondos que son fundamentales. Esta semana tuvo dos eventos relevantes, uno de tipo trascendental y otro que solo quedará en lo simbólico. Uno de esos eventos fue la visita presidencial a Estados Unidos. Analistas, opinólogos e internautas se enfrascaron en discusiones encendidas, aunque estériles e irrelevantes, sobre la visita presidencial. Desde reducciones al absurdo hasta calificaciones del evento como algo histórico, esa cosa que llamamos opinión pública se encargó de diseccionar discursos, analizar la respuesta de los migrantes en el exterior, ver que se cumpliera la austeridad y otras cosas cargadas de símbolos. Pero mientras esto sucedió, el Coneval liberó las evaluaciones a las políticas sociales del gobierno actual. El documento analiza con ojo crítico el diseño y los resultados obtenidos tras un año de implementación, y muestra muchas cosas que valdría la pena discutir. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, programa al que se le han destinado millones de pesos en recursos, tiene deficiencias metodológicas en aspectos como la redacción de objetivos, la definición de población objetivo y los mecanismos para medir el éxito del programa, errores que podrían drenar innecesariamente las arcas públicas si no se corrigen. Pero el reporte no está siendo discutido, porque en la agenda es más relevante un viaje que, sin el primer ministro canadiense, celebró un acuerdo comercial entre México, Canadá y EEUU. Que gente más curiosa somos. Fascinados por los símbolos, ignoramos una evaluación profesional de la calidad que tiene la política gubernamental. Parece que seguiremos enfrascados en discutir imágenes, y dejaremos de lado los resultados. @jkvisfocri

Inicia Morena proceso de expulsión de Julio Anguiano

  El presidente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, informó que este miércoles inició el proceso para pedir la expulsión del diputado Julio Anguiano Urbina por votar a favor de la contratación del crédito de 740 millones de pesos. El dirigente morenista afirmó que se buscará que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia aplique esta sanción contra el legislador pues su voto fue en contra del interés del pueblo, así como de los valores y principios del partido. Aunque otros dos diputados de la bancada de Morena también votaron a favor del endeudamiento, Jiménez señaló que no están afiliados al partido, por lo que no se les puede aplicar ninguna sanción interna. Detalló que en el caso de la legisladora María Isabel Martínez será el propio Grupo Parlamentario de Morena quien podrá determinar una posible sanción en su contra. Respecto al diputado Guillermo Toscano -quien renunció ayer mismo a la bancada morenista-, se informó que el partido carece de competencia para promover la queja porque no está afiliado. En cuanto al resto de los diputados de Morena, que faltaron a la sesión en la que se votó el endeudamiento, Jiménez dijo que se analiza si esta inacción o inasistencia puede ser acreedora a algún tipo de sanción. Sin embargo, manifestó su preocupación y solidaridad hacia las tres legisladoras y el legislador que resultaron heridos durante el conato violento con policías estatales ocurrido a las afueras de las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), sede alterna del Congreso local.

Buscan diputados impugnar nuevo endeudamiento

  La diputada de Morena, Claudia Aguirre, adelantó que promoverán una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que autoriza al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez la contratación de un nuevo endeudamiento de largo plazo por hasta 740 millones de pesos. «Se aprobó el crédito, pero eso no quiere decir que vayan a poder disponer de él o ejercerlo, esperaremos a que se publique ese decreto para poder ejercer acción legal de inconstitucionalidad como nos lo permite el artículo 105», informó en conferencia de prensa. Para promover este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se requiere la firma de al menos el 33 por ciento de los integrantes del Congreso local, es decir, de nueve de los 25 diputados locales. «Buscaremos los votos, las firmas de los compañeros, se necesitan nueve para poder meter y solicitar y llevar esta controversia constitucional», dijo. La legisladora afirmó que son siete diputados de Morena y PT quienes se han manifestado en contra del nuevo crédito. Sin embargo, puso en duda la postura del morenista Rogelio Salinas y los petistas Carlos César Farías y Ana María Sánchez Landa, quienes no se presentaron ayer a la discusión del endeudamiento. Por otro lado, la diputada del PT, Ana Karen Hernández, dijo sentirse dolida por la traición de los tres diputados de Morena que votaron a favor del crédito tras el zafarrancho registrado ayer en una sede alterna del Congreso. «Sí estamos lastimados físicamente, pero estamos más lastimados por la traición de los compañeros, de la traición de Julio Anguiano, de la traición de Guillermo Toscano Reyes, de la traición de la diputada Isabel, quien viene a suplir a nuestra entrañable amiga Anel Bueno, quien no hubiera hecho eso, quien no se hubiera prestado a esta canallada», dijo. Sobre este tema, el coordinador de Morena, Vladimir Parra, reconoció que el partido se equivocó en la selección de sus candidatos a cargos de elección popular. «Me preguntaron si nos equivocamos por las traiciones que hubo en Morena, y la respuesta bien sencilla: la gente no se equivocó, la gente en 2018 tuvo toda la razón en darle el voto parejo a Morena, gracias a eso se está haciendo una transformación», comentó. «Los que nos equivocamos fuimos nosotros en la selección de candidatos y nuestros representantes y pedimos una disculpa aunque no fuimos nosotros quienes eligieron a los candidatos, no fue el Consejo Estatal de Morena, tienen nombre y apellido las personas que eligieron a los candidatos, pero nosotros sí ofrecemos disculpas». El legislador afirmó que pondrá todo su empeño para evitar que esto se repita. «Sinceramente vamos a poner todo nuestro trabajo, todo nuestro amor, todo nuestro empeño en que no les volvamos a fallar, y vamos a poner mucho cuidado en quiénes vamos a elegir en el próximo proceso electoral de 2021».

Detienen al ex Gobernador César Duarte en Florida

  La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido hoy en Miami, Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service). Dentro de las próximas 72 horas a la detención, según información preliminar y aun no oficial, el priista será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el Gobierno de México. La orden de detención con fines de extradición fue emitida por un Magistrado Federal de Nuevo México, Estados Unidos. El 8 octubre 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, libró orden de aprehensión en contra de César “D” por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. El 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición de Duarte ante el Gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía agregó que aunque este caso fue denunciado en 2018 por el Gobierno de Chihuahua -a cargo del panista Javier Corral- ante la entonces Procuraduría General de la República, ésta lo mantuvo inactivo. «Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en el año 2019, la hoy Fiscalía General de la Republica (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense», puntualizó. Esta detención se da el mismo día en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visita al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Según el periódico Reforma, hay por lo menos 21 ordenes de aprehensión en contra del ex Mandatario priista, de las cuales 20 corresponden al fuero común y una a la jurisdicción federal. César Duarte fue Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016 y dejó una deuda pública de 48 mil millones de pesos en el estado. También es señalado de un desfalco de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas del PRI en 2015. En 2017 la Interpol liberó “la ficha roja” para la búsqueda del ex Gobernador tras girarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado.

Video de la SSP está manipulado.- Vladimir

  El diputado Vladimir Parra señaló que está editado y manipulado el video publicado esta tarde por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima que lo acusa de agredir a los policías durante el zafarrancho de ayer en la sede alterna del Congreso. «La Secretaría de Seguridad Pública Colima miente al publicar un video claramente editado y un audio manipulado con el único objetivo de engañar a la población y encubrir la represión que se realizó a nuestra persona y a nuestras compañeras Diputadas», publicó en Facebook. «Lamentable que se presten a este tipo de prácticas. Basta de solapar el saqueo y el autoritarismo. Basta de mentirle al pueblo. #NoALaDeuda». En el video de cuatro minutos publicado por la SSP se acusa a Parra de haber golpeado a varios policías, entre ellos una mujer. De igual manera, afirmaron que las diputadas Ana Karen Hernández y Araceli García se tropezaron, por lo que negaron que hubieran sido agredidas por los agentes estatales.

Anuncia Rafa Mendoza su retiro del PAN

  El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, anunció su retiro del Partido Acción Nacional (PAN). A través de un breve mensaje, el Alcalde acusó malas decisiones del partido en el estado y en el Congreso. «La mala decisión del partido (PAN) en el estado y en el congreso, me llevan a tomar la decisión de retirarme del partido», publicó esta tarde en Facebook. «‘No estoy de acuerdo y no seré cómplice’, próxima semana daré mi posicionamiento al respecto, muchas gracias.» Aunque el legislador no aclaró los motivos de su retiro, ésta se da un día después de que los tres diputados panistas votaron a favor del nuevo endeudamiento hasta por 740 millones de pesos al Gobernador priista Ignacio Peralta Sánchez. No es la primera vez que Mendoza abandona las filas del PAN. En 2012 salió del partido blanquiazul luego de que le negaron la candidatura a diputado local por el municipio de Cuauhtémoc, por lo que se sumó al PRD y ganó la elección. Sin embargo, en las elecciones del 2015, Mendoza volvió al PAN para ser postulado a la Alcaldía de Cuauhtémoc, cargo que obtuvo y por el que fue reelecto en 2018.

La ciudadanía no decide

  “La ciudadanía no decide” aseguró Miguel Ángel Sánchez Verduzco, ex diputado de Morena, hoy diputado del Partido Verde, en un desliz de sinceridad. En una arena política llena de simulaciones y dobles discursos, se agradece que los representantes de los grandes empresarios y la alta burocracia nos digan sin tapujos quiénes son los tomadores de decisiones en esta democracia liberal: no la ciudadanía de a pie, no la clase trabajadora. El escenario de esta declaración de principios fue, simbólicamente, el restaurante La Troje, propiedad del empresario Carlos Ahumada Viveros, vicepresidente de la Canirac y priísta convencido, quien en su cuenta de Twitter ha promocionado las acciones de Nacho Peralta y en 2018 hizo campaña por José Antonio Meade. Fue ahí donde los legisladores pretendieron realizar la sesión del día de ayer ante la imposibilidad de usar las instalaciones del Congreso del Estado, tomadas desde la noche anterior. Quienes verdaderamente deciden en Colima se unieron este martes para hacer posible la aprobación de la deuda de 750 millones de pesos. El Diario de Colima, AF Medios y el departamento de Comunicación de Gobierno del Estado comenzaron desde hace días una campaña para justificar el crédito y denostar a quienes se oponían a él. Los operadores de Nacho Peralta supieron llegarle al precio a los legisladores “de oposición” como Guillermo Toscano, Julio Anguiano y María Isabel Martínez. El rector de la Universidad de Colima se pronunció públicamente a favor de la deuda y se rumoró que prestaría las instalaciones universitarias para la realización de la sesión. Los líderes sindicales charros pusieron a disposición el local de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado para que se reuniera la legislatura. Por su parte, Nacho Peralta envió a la policía estatal para impedir la entrada de manifestantes. Ganaron esta batalla pero es probable que los hechos de ayer, con golpes, micrófonos de videoconferencias silenciados y renuncias histriónicas incluidas, hayan hecho decidir a la ciudadanía en contra de quien votar en las elecciones del próximo año. La deuda aprobada se antoja como el último clavo puesto en el ataúd del PRI en el gobierno del estado. Esto no significa que Morena salga bien librado de los acontecimientos. La lillytellización de las candidaturas en 2018 dio como resultado una constelación de diputados cuatroteístas sin cohesión ideológica ni lealtad al proyecto político que les postuló. La lógica de “sumar a todos no importa de dónde vengan” devino en la resta constante, en número y liderazgo político, del otrora grupo parlamentario mayoritario. El dirigente estatal de Morena, Sergio Bojado, tendrá que dar la cara por el actuar de los dos diputados que él impuso y que hoy han organizado la aprobación de la deuda, pero también el partido entero deberá comenzar un proceso de autocrítica si no quiere que los errores se repitan en la renovación de las estructuras que se avecina y el proceso electoral de 2021. Mientras tanto, un actor social reapareció en la manifestación de ayer: los maestros de la CNTE Colima. Construida al calor de las movilizaciones de 2016 en contra de la Reforma Educativa, es la única organización magisterial que resistió el reflujo del movimiento y los seductores cantos de la vía electoral. Para que la ciudadanía seamos quienes decidamos es necesario que nos articulemos en polos independientes políticamente y combativos a la hora de la acción, con el mayor respeto a los procesos de cada grupo y a la democracia interna y con fuertes lazos de solidaridad. En el complejo proceso de construir poder popular de decisión, organizaciones como la CNTE pueden jugar un papel importante. Queremos apostar por ello.