Tampoco las paredes, ni los monumentos “Esas no son formas de protestar”. Continúa el discurso de minimización de la violencia de género “¡los cuadros no! ¡La CNDH no! Todas estas expresiones no se dicen sólo en contra del acto de protesta, se gritan conociendo el porqué del acto.   Cuando unos cuadros, paredes, espacios y monumentos intervenidos, materia muerta, pesan más que los 21,292 delitos sexuales cometidos en contra de niñas y mujeres, en el periodo marzo-julio del presente año según los datos proporcionados por el SESNSP, entendemos cómo nos ve el estado a nosotras las niñas y mujeres de México, como objetos con una valía menor a la de una pintura de sus héroes varones.  Lo importante es ¿Por qué las mujeres y colectivos feministas tomaron la Comisión Nacional de los derechos humanos? Por hartazgo, por la percepción de injusticia, impotencia, dolor y rabia que viven las madres de niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, física y/o feminicidio. Por ello el 3 de septiembre, diferentes colectivos de feministas, mujeres y hombres, familiares de las personas que han sido víctimas de violencia, tomaron las oficinas de la CNDH.  Las demandas de la protesta son exigir justicia con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos para todas las mujeres víctimas de feminicidio y violencia sexual; reparación integral del daño para las víctimas y sus familiares; que las autoridades correspondientes esclarezcan los casos; presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género que garanticen el derecho de niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia.  Nada incongruente la petición considerando que sólo en los primeros meses de contingencia habían 550 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas según la Comisión Nacional de Búsqueda; 1,580 mujeres asesinadas, 348 casos investigándose como feminicidios y 15, 180 mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista a las cuales la Red Nacional de Refugios ha protegido. A continuación, retomé algunos diálogos extraídos de diferentes vídeos de YouTube tanto del discurso de Andrés Manuel como el de las mujeres que tomaron la CNDH. Los expondré como si fuesen una conversación, lo cual tal vez ayude a visibilizar las diferencias entre las prioridades de la autoridad y las de las mujeres que exigen justicia. 

-Andrés Manuel: “Respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia y en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco y Madero”.

-Erika: “Entonces quiero decirle al presidente que ¿cómo se indigna por este cuadro? ¿por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija?”.

-Andrés Manuel: “Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto, se le conoce a madero como el apóstol de la democracia, él dio su vida, por luchar en contra de la dictadura Porfirista, que era una dictadura represiva que le causó la muerte a muchos mexicanos en sufrimiento”.

– Erika: “¿Cómo es posible que el señor presidente salga a defender un cuadro y no a un niño a una mujer, esto es una burla más para mí, una agresión más para mí […] ¿cuántos años más le faltan por vivir? Y que su dolor lo va a llevar para siempre y este cuadro no siente, no vive” (Su hija de 7 años fue víctima de abuso sexual en 2017, el culpable no ha sido detenido).

-Andrés Manuel: “Entiendo que hay mucho dolor y las víctimas de la violencia están con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo […] 

–Yesenia: “Ya basta pinche presidente ¿en dónde vives? ¿en qué país vives? ¿qué no ves que sí existimos? Cada vez hay más violencia para nosotras las mujeres para los niños, ya no nos vamos a callar, llevo 3 años en mi lucha y me voy a morir en la raya”.

-Andrés Manuel: “La violencia no es el camino, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

-Yesenia: “Los que asesinaron a mi hija la violentaron de todas las formas hasta definitivamente acabar con su vida y aun así me siguen chingando por todas las redes […] los derechos no son para todos, son para las víctimas principalmente, no para los asesinos” (Su hija de 19 años fue asesinada en 2016, los culpables no han sido detenidos). 

A mí no me enfadan las manchas de colores con las que se intervinieron sus cuadros de héroes. Me duelen las manchas rojas con las que se baña a diario México, rojas de sangre de niñas y mujeres asesinadas. A mí me duele el dolor de todas, nosotras las humanas, que sí sentimos, y que vivimos con dolor, miedo, y mucha rabia.  ¿Cómo podemos apoyar?  Informándonos en páginas de colectivos feministas o voces feministas los hechos que están ocurriendo en las instalaciones de la CNDH y no en medios que han sido manipulados a conveniencia, así como no compartiendo información que reevictimice a las niñas y mujeres que sufrieron/viven en situación de violencia.  De tener la posibilidad, apoyar con despensa, medicamentos o económicamente (para gastos de transporte de las familias, alimentos para los y las niñas huérfanas de madre tras un feminicidio; para las mujeres que están haciendo plantón. Comunícate con el “Frente Nacional ni una menos” si estás interesada/o en hacer una donación monetaria o en especie. 

  En el cine de acción estadounidense, las representaciones de México son las de una tierra sin ley de tono sepia, donde cada nivel gubernamental es una estructura corrupta e incapaz de ejercer verdadera autoridad, la pobreza es la realidad diaria de la mayor parte de la población y la violencia pende cual espada de Damocles sobre la cabeza de todos. A esta semana solo le falta el filtro sepia para convertirse en una mala película de acción donde algún gringo baja a resolver todo a balazos y one liners. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue tomada por colectivas feministas que expresan la impotencia que sienten millones de mexicanas diariamente ante la violencia de género. En lo que podría ser el evento político más relevante del 2020, las ocupantes del edificio le gritan a un país cuya sociedad e instituciones no se toman en serio el problema que representa la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Para una parte de nuestra sociedad, tomar en serio el problema significa reconocer que todo el aprendizaje cultural que han desarrollado durante años y les sirve como mecanismo para interpretar la realidad es una de las causas que normalizan la violencia contra las mujeres, por lo que son cómplices silenciosos. Para otra parte, compuesta exclusivamente por los hombres, significa que tenemos que colaborar en derribar un sistema que nos beneficia a costa de cerrar oportunidades y causar sufrimiento a mujeres; significa aceptar que todos somos victimarios que hemos ejercido y seguimos ejerciendo violencia, en ocasiones voluntaria, en ocasiones no intencional. Además de la condición social, está la resistencia desde el poder. La ocupación podrá representar un estallido de hartazgo contra la falta de políticas para reducir la violencia de género por parte del gobierno federal, pero no debemos olvidar que los gobiernos estatales y municipales también tienen una responsabilidad muy importante en permitir que la violencia se propague. Al final del día, las condiciones que facilitan la violencia y fomentan la impunidad se crean, toleran y reproducen en lo local. En Chihuahua, la situación parece libreto de historia apocalíptica. Campesinos se enfrentaron a la Guardia Nacional por el agua contenida en una presa, que, aunque vital para ellos, está comprometida para ser distribuida en ciudades de Estados Unidos por un tratado internacional de uso conjunto de aguas que atraviesan los dos países. Mientras escribo esta columna, se han reportado dos muertos y heridos en una situación donde la Guardia Nacional participó, pero las circunstancias precisas no son claras. Lo que pasó en Chihuahua parece un siniestro augurio de un futuro no tan lejano, en el que la crisis climática golpeará con especial crueldad a nuestro país, pues los servicios públicos no tienen cobertura universal ni se caracterizan por ser particularmente eficientes o sustentables. A nivel nacional, nos enfrentamos con la tragedia de las muertes a causa del coronavirus. Las malas condiciones estructurales del estado de salud mexicano, los servicios deficientes de seguridad social y una economía que jamás se terminó de consolidar se sumaron a una política de control del virus que no generó incentivos reales para quedarse en casa y no realizó un seguimiento sistemático de los primeros casos. Han pasado alrededor de 200 días desde que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, en los cuales han muerto más de 60,000 mexicanos, lo que pone a la situación en el escenario catastrófico que mencionó López-Gattel en los albores de la crisis. Hay algo importante que tenemos que aprender de estos tiempos convulsos que estamos viviendo: necesitamos una forma nueva de hacer cosas públicas. Todos los problemas arriba mencionados, así como muchos otros que por espacio o ignorancia dejo fuera, pueden tratar de mitigarse mediante intervenciones públicas. Sin embargo, para que las intervenciones públicas funcionen, necesitamos reencarrilar todo el desbarajuste que representa la colectividad mexicana. Tenemos que empezar a asumir los problemas nacionales como cosas complejas, que requieren soluciones creativas, medibles y orientadas a largo plazo. Pero para lograr eso, necesitamos apostar por gente que crea en hacer mejores diagnósticos e implementar mejores herramientas para generar resultados. Y sobre todo, tenemos que cambiar los liderazgos que valoramos. De nada sirve tener gente preparada, honesta, o calificable de cualquier adjetivo bonito, si no está dispuesta a debatir y a responder con argumentos que puedan sostenerse en evidencia. Y de nada servirá tener gente que esté dispuesta a debatir y argumentar si no inclinamos nuestras preferencias electorales ante quien pueda fundamentar sus promesas en argumentos y realidad.

  Me hubiera gustado encontrar datos duros y certeros para hablar de la cantidad incontable de personas desaparecidas en nuestro país, pero sobre todo de las personas desaparecidas en Colima. No obstante, se tiene registro de que dentro del periodo de marzo de 1964 al año 2018 existen 1,243 personas que desaparecieron en Colima, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ubicando a Colima como el segundo lugar nacional en desapariciones.  ¿Qué está pasando de trasfondo para el alta de personas desaparecidas? ¿A dónde van? ¿Qué refleja a la sociedad este problema de inseguridad? La delincuencia organizada, la trata de personas y desaparición forzada son las principales causas de que existan personas desaparecidas, desde niños hasta personas mayores, porque las desapariciones no reconocen edades o circunstancias, pero ante las posibilidades de obtener justicia y el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas no son iguales. Retomo la canción de Rubén Blades que frasea “que alguien me diga si ha visto a mi hijo, es estudiante de pre medicina, se llama Agustín, es un buen muchacho…Clara Quiñones se llama mi madre, es un alma de dios, no se mete con nadie…”. Las desapariciones parece que no hacen distinción ni en edad, género, profesión o estatus económico, al parecer no siguen un patrón y esto hace aún más complejo abordar el problema por parte de las autoridades que han sido incompetentes en proponer y ejercer políticas de prevención, políticas de seguridad pública, acciones para proteger a las familias de las víctimas y que la procuración de justicia cumpla con su objeto real, dar justicia. Es un saldo que parece no importarle a quienes les debe importar, existe una carencia de empatía por los servidores públicos que tienen la competencia de generar acciones para esta problemática que es REAL y EXISTE, y seguirá creciendo si no se atiende a la raíz. “¿A dónde van los desaparecidos?, Busca en el agua y en los matorrales, ¿Y por qué es que se desaparecen?, Porque no todos somos iguales” Los colectivos sociales para la búsqueda de personas desaparecidas tienen que hacer el trabajo de los servidores públicos, y esto es algo que de manera estructural e institucional resulta incongruente, pues no genera la realización de un estado de derecho, ya que son las propias familias las que deben garantizarse a sí mismas los derechos humanos, tanto de ellas como de las personas que ya no están físicamente. “¿Y cuándo vuelve el desaparecido?, Cada vez que los trae el pensamiento, ¿Cómo se le habla al desaparecido?, Con la emoción apretando por dentro.” A las personas desaparecidas no se les tiene que olvidar, tal y como lo han hecho las autoridades, resulta urgente que se establezcan las líneas de investigación en las que las familias y colectivos sean parte, para que el trabajo de búsqueda sea conjunto y con ello tener avances en las investigaciones, y con ello garantizar la justicia y el derecho a la verdad.

  Luego de la avasalladora victoria de Morena en las elecciones de 2018 a la que muchos le atribuyen votos de castigo o votos de hartazgo por parte de la población mexicana, lo cual desde luego que fue así, se han venido dando sucesos bastante interesantes. Uno de los que me parece más importantes es el de la división de las masas y el cambio de perspectiva. Este suceso se observa primero en los medios de comunicación y después en la oposición política del actual gobierno. Como ya era sospecha de muchos, la manera en que opera la manipulación de perspectiva es un sistema bastante invasivo para las mentes, ya que constantemente estamos bombardeados con información de todo tipo e incluso opuesta por todos lados, desde las escuelas, la información oficial, libros, revistas, noticieros, la radio, televisión y ahora muy de moda las redes sociales y el internet en general.  Situación tal, difícil de superar, que existe información suficiente para sostener o medio sostener cualquier argumento que se nos ocurra, siendo uno de sus efectos más dañinos el de no saber qué pensar. En el caso de México, de acuerdo con el analista geopolítico Alfredo Jalife, el eje que ejerce la manipulación y el cambio de perspectiva ha sido operado por una triada oscura conformada por todo un bloque considerable de medios de comunicación (Reforma, Krause, Loret, El Universal, etc.), los ya conocidos políticos del binomio PRI-PAN y por supuesto la fuerza bruta de una parte de los cárteles del narcotráfico, en mancuerna con puestos clave del ejército y policías de todos los niveles. Los primeros se encargan del engaño general y difusión de información falsa, los segundos de la parte teórica-operativa-administrativa y los últimos de recolectar ganancias ilegales y de arremeter contra quien se atreva a desenmascararlos. Dejando de lado por el momento sus nexos con trasnacionales y paraísos fiscales. El discurso que ha repetido sin cesar el bloque de Morena y particularmente Andrés Manuel, es el de la decidida lucha contra la corrupción, diagnóstico realmente acertado y conocido por todos. Al menos en mi caso, desde que tengo uso de memoria he escuchado palabras de desesperanza en todos mis círculos sociales aseverando que los políticos son corruptos y no hay nada sustancial que pueda cambiar esto, dada la naturaleza humana. El diagnóstico de la corrupción le valió a Morena en buena medida la aceptación mexicana.  Pero el hartazgo por la clase política se ha venido sembrando desde hace décadas con cada vez mayor abundancia, siendo el PRI el primer partido en México en convertirse en el arquetipo del poder corrompido, un mito moderno. En este mito el poder es inalcanzable e incluso impensable para una gran mayoría que, resignados a su destino, aceptan sin remedio la usurpación de todo lo que se pueda imaginar, de lo particular a lo general, de ida y vuelta, del individuo a la naturaleza misma, viceversa y otra vez de regreso. De esta forma el PRI tomó cada vez más fuerza en el pensamiento popular al dar entender con suficientes evidencias que a quien se atreviera a revelársele sería asesinado impunemente, sin justicia aparente. No obstante, en ciertos momentos de la historia, parece olvidarse que todo exceso tiende a reventar. El primer momento de intento de cambio de régimen se vino con el triunfo del PAN en el 2000, situación que como bien sabemos culminó en Felipe Calderón hasta el 2012, es decir, nada bien. Al final el PAN se presentó como una extensión más del PRI. El triunfo y gobierno de Peña Nieto fue todavía más cínico, su sexenio sólo sintetizó todo el PRI y todo el PAN que se nos pueda ocurrir: fraudes electorales, manipulación, violencia, sobornos, excesos, ignorancia, impunidad, arrogancia y demás fenómenos que se encuentren en este campo semántico. Aún encima de estas razones y la cereza de la superficialidad y falta de seriedad de la clase política, fue su relación telenovelezca con la Gaviota ¿Qué hizo el mexicano?  Lo que mejor saber hacer, reírse; sin eufemismos, lo hizo memes.  Para desgracia de EPN, le tocó una época en la cual el mundo está hiperconectado, ya nadie le creía nada, ni que había ganado legítimamente, ni que hacía cosas buenas, y todo mundo sabía que era manipulado por alguien más fuerte que él, una especie de Salinas Videgaray.  Después de una constante campaña en contra de la corrupción y la mafia del poder, conceptos claves para la teoría morenista, el mexicano dio ese malnacido voto de hartazgo, que la ahora oposición, entonces oficialista, no supo ni por dónde le cayó. Hay que observar atentamente cómo esta teoría tiene algunos puntos a favor, ya que desde hace años han venido señalando un quimérico ser, en su esencia lleno de corrupción, maldad, egoísmo, necesidad de poder y avaricia, un ser equiparable con la hidra del EZLN, el patriarcado, con el capitalismo, el sedentarismo extremo, con el neoliberalismo y la oligarquía. El caso Lozoya específicamente ha sido estandarte y parteaguas en la política mexicana actual, la oposición tacha de cortina de humo dichas declaraciones donde se señala a los principales actores de la desgracia que hoy vive México. Por su parte, los partidarios de la 4T afirman vehementemente el fin del viejo régimen y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia. No obstante, yo sólo soy un ciudadano que observa y desea el bien y la justicia para todos. Que si Salinas de Gortari escapa a España y busca la nacionalidad, que si jueces deciden de repente ser maestros en Inglaterra, si gobernadores sudorosos se amotinan en bloque, si senadores fueron sobornados para aprobar la reforma energética, que si ahora grandes empresas ya pagan impuestos, si gringos pagan por amparos para el impedir la construcción del tren maya, si no dejan hablar a Rosario Robles y si Calderón defiende a Loret estando en la mira de la justicia estadounidense, entonces la teoría morenista tiene un acierto en su diagnóstico y aplicación.  Sin embargo, hay que conservar un buen grado de escepticismo, especialmente en estos casos, en aras de sortear la información disponible. Si es cierto que este movimiento busca reivindicar la vida pública y traer el tan anhelado bien común, habrá que esperar algunos años más para verificar sus resultados. No veo ningún argumento lo suficientemente sólido como para afirmar de tajo si es un buen o mal gobierno, ya que no hay tiempo ni información seria suficiente para saber con extrema certeza si se están trasladando de un viejo a un nuevo régimen o si está aconteciendo efectivamente la cuarta transformación en la historia de México. Todo esto desde la mirada de un mexicano promedio. Ojalá sea verdad lo segundo y por fin el pueblo mexicano pueda saciar esa sed verdadera de justicia. Si esta no llega y el pueblo mexicano es estafado nuevamente, entonces sí habrá mucho más caos del que se vive en la cotidianidad, necesariamente tendrá que nacer un nuevo movimiento.

  En el informe, el presidente informó de algo sombrío para las juventudes mexicanas: casi la mayoría de los empleos formales perdidos en junio fueron de mexicanos menores de 35 años. Más de 750 mil jóvenes perdieron su fuente de ingresos y de seguridad social. El mismo informe terminó de rematar en los anexos estadísticos, pues al final de 2019 solo se habían creado 8,693 plazas para jóvenes, lo que representa menos del 2% de los empleos perdidos. Es posible que mi generación sea parte de una nueva década perdida condenada al subempleo, los sueldos precarios y la falta de oportunidades para progresar. Tal vez, la brutal crisis pueda ser evitada, pero eso requeriría cambiar las condiciones que espantan a la inversión laboral, tal y como la violencia, la incertidumbre política y la falta de programas que impacten con efectividad en mejorar las habilidades de empleabilidad juvenil. Pero no sé si se logrará cambiar las condiciones en las que estamos. Hacerlo requiere hacer el titánico esfuerzo de asumir como sociedad que tenemos un problema que podría estar saliéndose de control. También, tenemos que aceptar que las ofertas políticas existentes son insuficientes para responder a la crisis que enfrentamos. Es indiscutible que la oferta política que domina en este momento no va a dar soluciones adecuadas para la crisis. Por un lado, los partidos que fueron gobierno durante los sexenios anteriores y que hoy conforman parte de la oposición tienen una importante responsabilidad de las condiciones en las que actualmente vivimos. La violencia actual no es un asunto que apareció mágicamente un día, sino un fenómeno complejo que se dejó crecer de poco en poco hasta que estalló y se extendió como fuego por la sabana; mientras que la corrupción y la falta de esfuerzos por profesionalizar a los servidores públicos volvieron a México un lugar donde jamás iba a florecer una economía robusta. El partido que hoy nos gobierna podría tampoco ofrecer una respuesta adecuada a nuestros problemas. Fuera de las filias y fobias ideológicas, el actual gobierno federal y varios de sus elementos políticos han mostrado no tener las herramientas adecuadas para llevar a cabo los objetivos que se proponen. Jóvenes Construyendo el Futuro ejemplifica esto: una iniciativa adecuada, que tal vez podría cerrar la brecha de desigualdad entre los jóvenes que no batallan mucho por integrarse al mercado laboral y los jóvenes que conocen el suplicio del subempleo no ha dado resultados adecuados debido a deficiencias de diseño. De acuerdo a datos oficiales, el programa solo ayudo a conseguir empleo al 25% de los jóvenes que terminaron la capacitación, mientras que el otro se encuentra un emprendimiento que potencialmente es una forma elegante de llamar a la economía de la changarrización, seguir buscando oportunidades o estudiar a ver si después sale algo. De estos, aún falta saber qué pasó con aquellos que no terminaron la capacitación, y cuál es la calidad del empleo al que accedieron los jóvenes que consiguieron un puesto, o las condiciones en las que los emprendedores llevan a cabo su idea. Eso se pudo haber evitado, si desde el principio se hubiera diseñado un programa con objetivos claros, consistentes y mecanismos de trabajo bien limitados. Sin embargo, el programa operó durante un año sin reglas de operación, no definió de manera unitaria sus objetivos, y tuvo fallo en crear mecanismos de inclusión para seleccionar a poblaciones históricamente abandonadas, justo como lo define la evaluación de diseño de Coneval. Necesitamos nuevas ideas urgentemente, que salgan desde la ética y desde la preparación. Es indudable que querer hacer las cosas bien es un componente esencial para la nueva oferta, pero de nada va a servir si no tienen la suficiente calidad técnica para poder comprobar que efectivamente impacten en los problemas de México.

  A Esmeralda Cárdenas, ex secretaria del Ayuntamiento de Colima, le hicieron una mala jugada dos cosas: una aplicación que publicaba automáticamente citas bíblicas en su muro de Facebook y sus ganas de presentarse como mártir de Cristo sin apenas disimular su homofobia. “No practiques la homosexualidad, (…) es un pecado detestable” fue la publicación que desató una ola indignación entre sectores de las disidencias sexuales en Colima. Las demandas de los grupos organizados fueron diversas: el colectivo Orgullo Disidente pedía una disculpa pública, sanciones por parte del ayuntamiento y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; mientras que el colectivo Inclusión convocó a una manifestación en el palacio municipal para exigir su renuncia. Fue este último llamado del que hicieron eco militantes de las juventudes de Morena, varios de ellos no pertenecientes a la comunidad LGBT. Incluso su página de Facebook publicó algunos memes en contra del ayuntamiento de Colima encabezado por Leoncio Morán tildándolo de estar “lleno de conservadores”. Locho supo reaccionar rápidamente para darle la vuelta a este asunto incómodo que se iba perfilando como un ataque a su administración y, por ende, a su persona, con miras a desacreditarlo rumbo a las elecciones del año próximo. Al no poder convencer a Esmeralda Cárdenas de ofrecer una disculpa, la removió del cargo, aunque sin precisar si fue despedida o simplemente reasignada a funciones menos visibles. El aspirante a gobernador lo tiene claro: una candidatura vale más que las lealtades personales, como ya lo ha demostrado pasando del PAN a Movimiento Ciudadano y coqueteando en diferentes momentos tanto con Morena como con gente cercana a Fernando Moreno Peña. La cosa es que días después, a la alcaldesa de Manzanillo, de extracción morena, Griselda Martínez, se le ocurrió realizar un comentario en sus redes sociales criticando a los expresidentes de México donde utilizaba la palabra “travesti” como un insulto, dando entender que, para ella, las personas que se visten con atuendos culturalmente asignados al género opuesto son motivo de vergüenza y repudio, comparables a los “locos”, “borrachos” y “traidores”. Frente a las críticas, el historial de modificaciones de su publicación lejos de rectificar revela que existe aún mucha ignorancia e insensibilidad sobre el tema incluso entre la gente que se identifican con la izquierda. Sin embargo, no todas las reacciones de los anteriores indignados fueron las mismas. Orgullo Disidente fue el primero en responder exigiendo, como anteriormente, una disculpa pública y sanciones de su partido, entre ellas, la obligación de tomar cursos de capacitación y sensibilización sobre la diversidad sexual. El colectivo Inclusión lanzó un comunicado coincidiendo con estas demandas. En cuanto a las juventudes de Morena, tan activas en el caso de Esmeralda, no han dado una respuesta contundente. Más allá del debate vertido en redes sociales sobre la congruencia o no de los actores políticos, quisiera señalar uno de los problemas al que nos enfrentamos las disidencias sexuales: el uso de nuestra agenda para fines ajenos a nosotras. Por ejemplo, la Unión Europea e Israel toman la bandera arcoíris para acompañar intervenciones militares, cerrar las fronteras a la inmigración y dictar leyes que segregan a las personas de origen árabe: es la cruzada de la “civilización y la libertad” contra los “bárbaros y homófobos musulmanes”. En la otra cara de la moneda están los regímenes autoritarios de Medio Oriente y Asia, la Rusia de Putin o el Brasil de Bolsonaro que buscan legitimidad, entre otras cosas, en el combate al “lobby gay financiado por Occidente” que amenaza “los valores tradicionales”. Salvando las diferencias, se trata del mismo fenómeno: personas que sin ser parte de las disidencias sexuales ni consultarlo con los grupos en los que nos organizamos, realizan campañas hablando de nuestros derechos con el fin de atacar a sus adversarios políticos. En Colima, ha habido avances legales para homosexuales, lesbianas y personas trans en los últimos años y esto ha generado un ambiente más propicio para la creación de espacios de encuentro y acción como bases para continuar la lucha sobre todo en el terreno cultural y político. En ese camino, no deben tener cabida ni los discursos de odio ni la instrumentalización de nuestro ser y hacer.

  Para que la guerra contra las mujeres se haya extendido hasta nuestros días, sin descansos históricos, los varones han necesitado dividirnos como grupo, mientras ellos continúan recibiendo privilegios sexuales, económicos y políticos. Por ello culturalmente se nos enseña a las mujeres desde niñas a ser cómplices del patriarcado, competir entre nosotras, a criticarnos, a asumir, cual dogmas, frases como “la peor enemiga de una mujer es otra mujer”, a llamarnos putas, frígidas, roba maridos. Así la guerra contra las mujeres también es encabezada, en algunas situaciones, por las mismas mujeres que se desconocen como parte del grupo oprimido.  Aunque nos gustaría pensar que en esta ola del feminismo todas somos compañeras contra el patriarcado, sabemos que no todas nos manifestamos en la misma lucha por ser mujeres, ni tenemos las mismas herramientas para zafarnos de la opresión, ni los mismos medios para acceder a los conocimientos que nos han sido negados. Sabemos que hay mujeres que se mantienen luchando contra Eva que desobedece, que desea, que acepta su deseo, que quiere gobernarse a sí misma.  Se señala a Eva como culpable por su necesidad de emancipación y libertad y señalamos a mujeres y niñas antes que al varón, a quien incluso justificamos con sus mismos discursos, sus textos, sus religiones, sus teorías científicas, replicando desde diferentes aristas: el odio hacia las mujeres. Por eso la culpa siempre es de Eva, de cualquier Eva que no tenga como prioridad satisfacer los deseos, órdenes y necesidades de un hombre, sea este su padre (Dios simbólicamente en el mito de Eva y Adán) o su novio, vínculo sexual, esposo (Adán). Si no servimos al padre-hombre-Dios-novio-esposo-patrón y nos negamos a hacer lo que él ordena y manda. El decir que la prostitución es un trabajo digno como cualquier otro es no escuchar a las mujeres y niñas que son explotadas en los prostíbulos, es hablar desde el privilegio, desde el discurso patriarcal. Es defender a los violadores de las mujeres víctimas de trata. Dentro de la prostitución, el 82% de mujeres es víctima de trata sexual en México y más del 50% de estas mujeres son menores de edad.    ¿Qué más decidimos ignorar? 

• El mito de que hay mujeres que eligen ser explotadas sexualmente. Una justificación más que busca camuflajear la cultura de la violación. Los estudios han demostrado que las mujeres que “deciden y eligen” sufren depresión económica, han sido víctimas de abuso sexual, no tienen un hogar estable, tienen adicciones, enfermedades mentales y emocionales, lo cual las lleva a la situación de prostitución. El 96% de las 400 mujeres, en esta situación, entrevistadas en 2017 en México, había sido víctima de violación y estudiaron hasta sexto grado de primaria.
• Que el sistema genera un contexto en donde siempre debe haber mujeres disponibles para satisfacer a los varones sexualmente y todas las formas se justifican ante el Sistema de In-justica en México: Tanto si es abuso sexual, estupro, violaciones en el noviazgo, en el matrimonio, tanto si el hombre es sacerdote, como policía, político, jefe de recursos humanos,  padre, abuelo, padrastro, adolescente, adulto, anciano; y por último, la paga del varón para violar mujeres y niñas en los prostíbulos.
• Que más de 3 millones de personas viajan por el mundo para abusar sexualmente de menores de edad en situación de trata sexual, según la Organización Internacional para las Migraciones.
• La mujer de 30 años por la que pagan para penetrarla anal o vaginalmente, para que les haga un oral, para eyacular encima de ella, en su ano, en la vagina, o en su boca, ingresó muy probablemente a los 12 años. 
• Que en México más del 90% de las 800 mil personas dedicadas a la prostitución son mujeres y niñas según el INEGI, y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina señala que al menos 500 mil mujeres y niñas son explotadas en México, de las cuales el 75% fueron ingresadas a la prostitución desde los 12 años.
• Que según el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, en 2019, hay 1086 niñas víctimas de la trata. 

Los hombres no pagan para violentar mujeres por tener esposas frígidas, pagan por que pueden, pagan porque les llaman clientes siendo violadores, y a los proxenetas les dicen empresarios y a las violaciones pagadas: sexo, desahogo sexual, intercambio sexual-monetario.  Las mujeres no somos culpables de la violencia que ejercen los hombres contra nosotras u otras mujeres, no somos obsequios de Dios para el hombre, dadoras del placer y siervas de las necesidades del hombre; costilla. Sí somos desobediencia. Somos Eva que no le debe obediencia a nadie, a ningún padre-esposo-Dios autoritario, machista, carcelero. Somos Eva probando frutos prohibidos para las mujeres: la universidad, el conocimiento y control de nuestras cuerpas, los pactos entre mujeres, el amor propio, el amor hacia las mujeres, el cuestionar y criticar los discursos patriarcales, el expresar lo que pienso, el luchar por nuestros derechos, los de todas, y el estar furiosas por la violencia que vivimos. 

  En Guanajuato, mujeres que se manifestaron pacíficamente contra el abuso sexual que sufrió una joven a manos de la policía municipal fueron agredidas, detenidas arbitrariamente y violentadas sexualmente por las autoridades que deberían garantizar su bienestar. En Ciudad de México, una riña entre policías y agentes de asuntos internos terminó con balazos entre ellos. Hay un claro problema con nuestros cuerpos policiales. Estos abusos son las más nuevas adiciones a una vergonzosa lista de hechos que explican porque la ciudadanía no confía en las instituciones que existen para garantizar el orden social y la convivencia. Pero, ¿Qué hace tan brutales a nuestras instituciones policiales? A pesar de la extendida noción de que los policías son “puercos irracionales y violentos”, creo que deberíamos ver la brutalidad policial como un coctel de problemas estructurales, que requieren de una intervención simultanea para terminar con las terribles violaciones a derechos humanos que hoy vemos. Situaciones negativas como la falta de vigilancia externa e independiente, la vulnerabilidad laboral, la falta de capacitación profesional, los deficientes marcos regulatorios, entre otras cosas, deben considerarse para entender porque estamos tan mal, y también para perfilar respuestas. Primero, son brutales porque nadie los vigila. A falta de vigilancia externa e independiente, las investigaciones sobre abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, y otros comportamientos graves por parte de policías se resuelven “en casa”, y eso lleva a la creación de redes de protección y complicidad que toleran los abusos cotidianos y responden reactivamente a los abusos que se convierten en crisis de relaciones públicas. Sin vigilancia externa e independiente, investigar violaciones a derechos humanos depende de la presión social y no del interés en garantizar mejores prácticas institucionales. Segundo, son brutales porque trabajan en condiciones terribles. Imagina que tienes un trabajo cuyo riesgo ocupacional es morir en un tiroteo. Ahora imagina que también debes trabajar 70 horas a la semana; tienes que comprar tu propio material de trabajo; y recibir atención psicológica es menos probable que ganar un volado. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017 de INEGI, ese es el ambiente laboral en el que le pedimos a alguien armado que interactúe con la ciudadanía para resolver conflictos vecinales, garantizar el orden durante protestas y atender a víctimas de delitos. Tercero, son brutales porque no tienen la preparación adecuada para desempeñar sus tareas. Los indicadores del Modelo Óptimo de Función Policial muestran que no hay nada óptimo con nuestros policías. De acuerdo a la evaluación más reciente de Función Policial, el 72% de la fuerza policial no está capacitada en el uso legítimo de la fuerza, el 75% no está capacitado en atención a violencia de género y el 80% no está capacitado en atención a víctimas. Sin formación adecuada, el espacio para actuar fuera de la ley crece exponencialmente. Cuarto, son brutales porque los marcos legales que rigen su actuación tampoco son muy adecuados. Aunque la Ley Nacional de Uso de la Fuerza habla de criterios de proporcionalidad, su diseño no permite mesurar el uso de la fuerza porque no regula el tipo de fuerza utilizada, sino el tipo de instrumentos utilizados. La diferencia no es menor, porque dependiendo del contexto cualquier instrumento puede ser utilizado con fines letales. En la práctica, no existen criterios útiles para adecuar el uso de la fuerza a las situaciones que enfrentan los policías, por lo que tenemos una licencia para portar instrumentos que, en manos poco capacitadas, sumergidas en un ambiente laboral tóxico y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas, serán utilizadas mal. Quisiera que hubiera una respuesta simple al coctel de la brutalidad policial, pero debe haber muchos factores que hayan escapado a este análisis, y además el problema está sazonado por otras fallas estructurales mexicanas, como la corrupción sistémica, la falta de tomadores de decisiones profesionales, y la ausencia de voluntad política para construir soluciones a largo plazo. Las soluciones que necesitamos para estás marañas de terribles complejidades son igualmente complejas, requieren mucho bagaje técnico e inclusión de nuestras comunidades.

  La reciente aprobación en el Congreso de Oaxaca para prohibir la venta y distribución de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad ha ocasionado una serie de debates en estados, medios de comunicación y en la vida pública en general. Este tema, como tantos otros pendientes, genera discusiones bastante interesantes dada la cantidad de aristas desde las que se puede abordar. Primero, hay que tomar en cuenta que el marco en el cual surge esta problemática es la elevada cantidad de muertes por Covid-19 relacionadas con obesidad, hipertensión y diabetes, entidades derivadas principalmente del estilo de vida del mexicano moderno, caracterizado por una dieta alta en grasas, sodio y carbohidratos, así como el sedentarismo al cual nos ha traído la sociedad actual. En un caso hipotético, si la población mexicana hubiera tenido mejores cuidados en su salud desde su infancia se habrían podido salvar con mayor facilidad muchas más vidas, sin embargo y como bien sabemos, esto no es así. Esta situación ha despertado de cierta manera la consciencia social, por lo que hay quienes critican duramente al gobierno al permitir que esto pasara y hay quienes lo defienden. Pero ¿Quién es el verdadero responsable de estas terribles consecuencias? Es cierto que dentro de las funciones esenciales del Estado es la de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, a la par de garantizar educación, seguridad y una administración pública justa, pero ¿Hasta qué punto? ¿Es sano un Estado paternalista? ¿Es deseable al menos? Tal como lo veo me parece que ambas partes son exactamente igual de responsables, analicemos algunos escenarios. En el primero tenemos que efectivamente el Estado no tomó las mejores medidas en todos sus niveles, pero los individuos pasaron buena parte de su vida descuidando su salud, entonces se concatenan estos factores para producir la catástrofe que ahora se vive. Segundo, nuevamente el gobierno tomó malas decisiones, pero esta vez los individuos llevaban toda una vida cuidándose, la catástrofe habría tomado menos vidas. Tercer escenario, si el Estado hubiera tomado las mejores decisiones, pero su población presentara un descuido evidente de su salud, entonces de nada habrían servido las mejores estrategias y los resultados serían similares a los del primer escenario. El cuarto escenario es el ideal, porque aquí tanto el Estado como sus ciudadanos han sido responsables, el Estado tomó sabias decisiones y la población tiene una cultura de autocuidado y salud, el impacto de la pandemia hubiera sido, en teoría, casi nulo. De estos posibles escenarios concluyo que lo mejor para la sociedad es que el Estado y los ciudadanos sean responsables y realicen las funciones que les corresponde, es decir, el escenario cuatro. Parece ser algo muy sencillo pero tiene fuertes implicaciones, ya que el Estado está encargado de garantizar salud a sus ciudadanos en el sentido de tener el inmobiliario, instrumentos y medicamentos necesario, pero el individuo tiene la responsabilidad de cuidar su salud, la de sus congéneres y sus coetáneos. Nuevamente, de nada serviría el mejor sistema de salud si los individuos no se hacen cargo de sí mismos, al igual que tampoco serviría que los individuos tengan un estilo de vida saludable si cuando ocurre algún accidente no se cuenta con los materiales necesarios para la atención médica. No obstante, la prohibición de la venta de alimentos chatarra a menores de edad parece ser una medida extrema ya que no se deja que el libre mercado sea tan libre como quisiera, pero ¿Cómo coacciona el mercado en las mentes de las personas? La publicidad hace una labor manipulativa donde se presenta, puesto que su objetivo es hacer conocer de algún producto y posteriormente venderlo, hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene cuando la publicidad va diseñada a menores de edad quienes aún no han madurado sus lóbulos frontales lo suficiente como para tomar realmente decisiones, y todavía aún más grave cuando los productos que logran vender son adictivos. Una vez que el menor es condicionado a comprar y después a consumir cada vez más elevadas dosis de azúcar, por ejemplo, se vienen enfermedades graves que se presentarán tarde o temprano, de las cuales eventualmente reprochará al Estado del pésimo servicio del seguro social. Así, tenemos que el problema central de la prohibición es más bien por la toma de decisiones. Me parece adecuado este tipo de prohibición en los alimentos chatarra a menores siempre y cuando se esté considerando un plan para la educación en este sentido, ya que el ideal no es prohibir por prohibir, sino enseñar a ser libres, porque con educación se toman mejores decisiones. Pero en menores de edad la educación no es suficiente, sería la educación de los padres la que determinaría la cualidad de la decisión de los menores, ya que de ellos depende en buena medida si sus hijos consumen tal o cual cosa. Sólo el adulto que conoce el objeto de su consumo puede realmente decidir, si dicho objeto es dañino a corto o a largo plazo y aún así decide consumirlo y encima de eso asume las consecuencias, entonces es una decisión libre en la que nadie más puede meterse a menos que dañe a terceros.

  Hay días en los que parece que no hay solución a los problemas que enfrentamos. Las noticias dan cuenta de tanto caos, muerte y corrupción que es difícil creer en que este país tenga algún futuro. Sin embargo, es posible salir del atolladero. Una pequeña nación de Europa del Este demuestra que es posible construir un proceso de paz, pero también nos recuerda que el proceso se puede descarrillar con facilidad. Este país se llama Georgia, y pasó de ser un lugar prácticamente sumido en la barbarie a un país donde se empezaron a reconstruir las relaciones sociales civilizadas. Tras la caída de la Unión Soviética, Georgia se sumió en el caos de una guerra civil que combinó disputas entre políticos, señores de la guerra, pandillas surgidas en las prisiones de la era soviética y grupos étnicos. La ciudad capital de Tiblisi, conocida por su magnífica arquitectura que daba cuenta de siglos de historia, fue escenario de cruentas luchas callejeras que destruyeron vidas y siglos de historia, mientras que la lucha en las provincias desplazó forzosamente a familias de los hogares donde crecieron. Cuando la guerra civil terminó, la pesadilla de los georgianos solo cambio de forma. Los dos señores de la guerra más poderosos de Georgia acordaron que más rentable hacer negocios al amparo del estado que matarse a tiros y recoger escombros de en las ciudades, por lo que nombraron a un viejo político llamado Shevardnadze como presidente y se repartieron los puestos en los ministerios de seguridad y gobernación. Aunque el conflicto empezó a desescalar, la violencia aún era habitual en Georgia. El asesor legal del gobierno durante esos turbulentos años contó en una entrevista de una reunión entre el presidente, los dos señores de la guerra y otros ministros que tuvo que ser interrumpida porque funcionarios del ministerio de gobernación y el de seguridad se estaban enfrentando a balazos a unos cuantos kilómetros de la oficina presidencia. Eventualmente, Shevardnadze se las ingenió para comprar las voluntades de los lugartenientes de los señores de la guerra, lo que le permitió hacerse con el poder gubernamental. A partir de ese momento, Shevardnadze construyó la paz a través de un sistema de corrupción sistemática que coludió a actores clave del mundo político, empresarial, académico y criminal con su gobierno. Aunque Georgia consiguió una especie de paz, el costo que se tuvo que pagar fue elevado. En las provincias abundaban los contrabandistas y los caciques que cobraban impuestos por atravesar los territorios que controlaban, la anarquía se instauró en los territorios con minorías étnicas, las ciudades sufrían de apagones que volvían insoportables los inviernos, mientras que el agua que salía de la red potable, alguna vez apta para consumo humano, adquirió colores y olores que sugerían enfermedad. Las autoridades, que tendrían que ser guardianes de la paz, convirtieron al crimen en su principal fuente de ingresos y a los pandilleros en sus mejores aliados. La corrupción arruinó a tal grado la vida de los ciudadanos, que un joven político de oposición ganó avasalladoramente la presidencia y los escaños del parlamento con un proyecto de combate a la corrupción y reconstrucción nacional. Fiel a sus promesas, el joven político, llamado Saakashvili, reformó muchas leyes que facilitaban la corrupción, enjuició a prominentes políticos del pasado que se hicieron de fortunas ilegales, endureció la persecución contra los pandilleros y llegó al punto de despedir a 30 mil agentes de tránsito que institucionalizaron los sobornos. Con Saakashvili, muchas cosas cambiaron en Georgia. La gente dejó de tener miedo de recorrer las calles, era posible viajar a las provincias del país, y la corrupción dejó de intervenir al punto de destruir las vidas de los ciudadanos. Sin embargo, también aparecieron nuevos problemas. Pasadas las reformas más importantes, Saakashvili se convenció que tenía que seguir en el poder para garantizar el bien de Georgia, aunque eso implicara intentar reelegirse tres veces, y cometer algunos actos que en algún momento criticó. Aunque Saakashvili combatió las formas más crudas de la corrupción del pasado, utilizó facciosamente la justicia para combatir a sus enemigos políticos, permitió que se violaran los derechos humanos de reos en las prisiones de Georgia, y juicios posteriores a su presidencia lo condenaron in absentia de encubrir a miembros de su gobierno acusados de malversar fondos, dispersar con violencia protestas, golpear a diputados de oposición e incluso de asesinar a un joven banquero en una pelea de bar. Sin duda, Georgia logró salir de la barbarie gracias al proyecto que encabezó Saakashvili. Sin sus esfuerzos por reformar el país, intentar construir nuevas instituciones y romper con la inercia de los peores vicios del pasado, posiblemente el gobierno georgiano aún sería un aparato de intimidación y crimen operado por una mafia enquistada en los más altos niveles del poder. Sin embargo, en su historia también se esconde la advertencia sobre los peligros que implica concentrar el poder e ignorar el debido proceso porque ahora la autoridad es otra, y un recordatorio que las acciones para combatir el crimen y la corrupción pueden mutar en abusos de poder si no diseñamos mecanismos con espacios para la pluralidad de ideas, la supervisión ciudadana y la absoluta transparencia y rendición de cuentas.

  El Instituto Nacional de Salud Pública realizó una encuesta telefónica durante el tramo final de la Jornada Nacional de Sana Distancia para medir ciertos indicadores de la población durante la pandemia. Sobre el tema económico y de empleo encontró que en una tercera parte de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes perdió el trabajo durante el confinamiento y, entre quienes lo mantuvieron, el 64% mencionó haber tenido una disminución en sus ingresos. Lo más seguro es que en esas estadísticas no se encuentran los hogares del rector de la Universidad de Colima (el tercer mejor pagado del país) ni de los ex rectores que perciben jugosas pensiones mensualmente. Por eso la indignación de tantos estudiantes al enterarse por medio de sus directores que las cuotas de inscripción no tuvieron ninguna disminución, aun cuando ya fue anunciado oficialmente que los primeros meses de clases se desarrollarán a distancia y todo apunta a que el semestre entero se desenvuelva de la misma manera. Es indignante porque al estudiar desde casa, las instalaciones universitarias, así como los servicios de energía eléctrica, agua potable, internet y limpieza que en ellas se brindan no serán utilizados de la misma manera y por lo tanto no generarán los mismos gastos a la institución. Es irracional pues que el rubro de talleres y laboratorios, que representa la mayor parte del monto de la inscripción, se siga cobrando a las y los estudiantes que además tendrán que desembolsar más dinero para contratar o mejorar su internet, comprar dispositivos que les permitan el trabajo en línea si es que no los tenían antes y gastar más luz con cargo al recibo bimestral. La insensibilidad de la Universidad de Colima es compartida por otras universidades públicas del país. La Universidad Autónoma de Coahuila incluso incrementó 500 pesos el costo de la inscripción y ante la exigencia del estudiantado de reducirla al menos un 55%, el Consejo Universitario accedió nada más a hacer un descuento del 8%, insuficiente ante la crisis económica que viven quienes tendrán que pagarlo. Lo mismo pasó con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que, además del mutis total ante la persecución estatal de la que han sido blanco alumnas y alumnos suyos, ha tomado a bien aumentar el precio de las inscripciones. Sin embargo, el estudiantado ha respondido. En el estado norteño se conformó el Movimiento Estudiantil Coahuilense que han llevado a cabo jornadas ejemplares de lucha en contra del alza en las cuotas, obligando al rector a sentarse con ellas y ellos a negociar. En San Luis Potosí, el recién conformado frente “Nada de Nosotrxs sin Nosotrxs” se movilizó el 7 de agosto frente a las instalaciones universitarias bajo la consigna “que aumente la educación, no las cuotas de inscripción”. En Colima, no ha habido movilización estudiantil desde 2014-2016 cuando la Coordinadora Estudiantil Universitaria disputó la representación a la priísta Federación de Estudiantes Colimenses enarbolando las banderas de la educación pública, la democratización de la universidad y la auto organización del alumnado. ¿Podrá ser el tema de las cuotas el detonante para que vuelva a haber vida dentro de la aletargada Universidad de Colima? Las condiciones son más adversas que en ese entonces, cuando además había agitación entre las y los trabajadores que luchaban por la transparencia en el fondo de pensiones, pero nada está determinado de antemano. Como Coordinadora Socialista Revolucionaria lanzamos un comunicado el pasado 12 de agosto acompañando la demanda de nuestras compañeras y compañeros estudiantes por la supresión de la cuota de talleres y laboratorios. “¡Si no los usamos, no los pagamos!” dicen con toda razón. No solo lo hacemos como un imperativo ético, sino como una apuesta estratégica: la democratización de las instituciones públicas, entre ellas, la Universidad de Colima, no podrá llevarse a cabo si los actores sociales implicados en ellas no se organizan ni se movilizan de manera independiente y decidida para ganar batallas.

  Leer que volveremos a la normalidad me parece más una amenaza que una frase motivadora y de aliento. La normalidad en México eran 10 mujeres asesinadas al día, eso era vivir y salir a la calle como mujer, adolescente y niña. La normalidad era no salir de casa sin el gas pimienta, era caminar volteando hacia todos lados y no usar audífonos para estar alerta siempre, en estado de huida o ataque siempre, ir en sentido contrario al de los coches, fingir que no escuchas que los hombres te acosan, salir de casa y no saber si ese día volvías, porque ibas a subirte a un taxi, o al transporte público, porque ibas a caminar unas cuadras de noche, y las cuadras se vuelven panteoneras cuando vivimos en estos cuerpos, con este Sistema de Injusticia y esta normalidad. La normalidad como mujer era ir y venir sin saber si tu regreso sería a casa o a otro sitio. Lo normal es conocer al menos 3 aplicaciones de alertas para celular, probarlas todas y esperar que funcionen, porque eso y el gas pimienta son lo que tienes. ¿Normalidad? ¿Nos referimos a volver a ser de los primeros lugares en trata de mujeres como país? ¿A leer que en 2019, 3 mil 461 menores de 15 años fueron víctimas de abuso sexual, y esta cifra sólo representó a los casos denunciados? Normal que violadores, feminicidas y agresores queden impunes, que las fiscalías obstaculicen las investigaciones o les den carpetazo, que el estado no castigue al agresor sino que reevictimiza a las mujeres y niñas violentadas. Normalidad es acostumbrarnos a leer notas de niñas y mujeres desaparecidas, y que a la par se oren discursos políticos aplaudiéndose por los avances en la erradicación de la violencia de género en el país. Y sí, todos y todas suponemos saber a qué refiere la frase del tan anhelado “regreso a la normalidad” volver a nuestros trabajos; la niñez, las y los adolescentes a la escuela, la juventud a las facultades, volver a hacer nuestras actividades cotidianas… pero es ahí en la cotidianidad donde las mujeres estamos en constante riesgo. Es en el día a día donde a mujeres y niñas, las violan, las acosan y las matan. Es en el día a día donde los que ejercen violencia se pasean por sus casas y por las calles libres, sabiéndose protegidos, por sus familias, por el estado y por las instituciones académicas… El deseo unánime es que el COVID desaparezca, pero ¿volver? Casi escucho a las mujeres decir que “ojalá no” y a otras decir, que no han parado, ¿cuál cuarentena? Exclamarían las migrantes, las obreras, las artesanas, las emprendedoras de negocios locales, las trabajadoras domésticas (las que cobran y las que no cobran)… vivimos diferentes realidades como mujeres e identificando esa diversidad que se desprende de otras categorías sociales, es lo que nos ayuda a comprender, empatizar y hacer visible todas nuestras realidades… todas. Pero hay algo, algo que seguro no queremos, todas, casi todas, volver a la normalidad, ¿por qué no ir a otra? ¿por qué no aplicar las leyes? ¿por qué no capacitar a los y las policías en Perspectiva de Género, sensibilizarlos hacia la violencia? ¿Por qué no garantizar los derechos de las niñas y mujeres en México en lugar de volver a la normalidad?

  Aquellos que todavía se atreven a cuestionar la benigna naturaleza del capitalismo global como el mejor sistema de creación/distribución de riqueza y bienestar en la historia de la humanidad, seguramente no han visto la histórica cruzada que naciones y compañías farmacéuticas realizan para entregar al mundo la urgente vacuna contra el Covid-19. Sin ánimo de lucro o intereses políticos, los Jefes de Estado resuelven sus diferencias, las grandes trasnacionales olvidan sus competencias y la comunidad científica coopera con impaciencia para generar un método seguro, eficaz, y accesible para que todas las personas del mundo puedan protegerse contra el virus más letal de lo que va del siglo. Qué importa si al principio de la pandemia se había anunciado que cualquier vacuna debidamente probada tardaría entre doce y dieciocho meses en desarrollarse, si con apenas medio año de investigación ya se están firmando acuerdos masivos para la producción de millones de dosis, sin preocuparse demasiado por el hecho de que ninguno de los 29 proyectos principales a nivel mundial haya concluido todavía la última fase de experimentación. Tampoco es relevante que las potencias que más dinero le han invertido al desarrollo de los inmunizantes (China, Estados Unidos y Rusia) sostengan una lucha geopolítica desde hace años, que ponen en práctica promoviendo la acaparación de productos y especulación de precios en los mercados internacionales. Nada de eso. Esta vez solo están interesados en el bienestar de todos los pueblos por encima de sus proyectos de hegemonía nacional. Solamente están resentidos los que ven con escepticismo las declaraciones de las farmacéuticas que juran producir la vacuna para el coronavirus sin ánimo de lucro, independientemente de que con solo anunciarlo sus acciones se incrementen escandalosamente. De seguro nada tiene que ver su intención de ganar legitimidad social ante las constantes acusaciones de ocultar información sobre hallazgos médicos cuando estos no se ajustan a sus modelos de negocios. No son para tanto los efectos secundarios -como diarrea y dolor de cabeza intenso- presentados en los ensayos clínicos de la Sputnik rusa, y no debe de generar ninguna preocupación que AstraZeneca haya solicitado una cláusula contractual para que los países a los que les venda sus dosis paguen las indemnizaciones de las demandas que por efectos secundarios pudieran recibir en los próximos años. Definitivamente están movidos por celos los científicos que reclaman un adecuado proceso de examinación de datos sobre las vacunas entre pares, y son completamente mezquinos aquellos que exigen mecanismos transparentes y democráticos de adquisición de las dosis, pues no entienden que en países como México las adjudicaciones directas son la única manera de erradicar la corrupción. No queda la menor duda que los grandes filántropos del mundo -como el heroico Carlos Slim- están luchando con todas sus fuerzas para ofrecer a cada persona de este planeta una oportunidad para salvar su vida. No importa que todavía haya gente en África, Asia Meridional y América Latina muriendo todos los días por enfermedades para las que existen vacunas desde hace décadas, pues en el caso del Covid-19 la distribución será gratuita, equitativa y de acceso universal. No debemos hacer nada más que agradecer y esperar a ser salvados por los grandes empresarios y políticos que nos ofrecen un retorno seguro al mundo lleno de derechos humanos y justicia social que teníamos antes de la pandemia. Todo el reconocimiento a nuestros héroes. Corolario Que bueno que Calderón y Rosario Robles se digan perseguidos políticos. El principal responsable de la muerte violenta de casi cien mil personas y una de las mayores operadoras del desvío de recursos incalculables en el sexenio anterior no merecen menos. Claro que tienen derecho a que sus acusaciones y procesos judiciales tengan certeza jurídica, pero no por eso merecen menos estigmatización y repudio social por los crímenes cometidos. Lozoya, por su parte, recibe trato VIP y hasta realiza fiestas en su casa. ¿Quién seguía?

  Hace días, la Bancada de Morena en el Congreso del Estado de Colima propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la venta de alimentos de alto contenido calórico a menores de edad en el estado, con el objetivo de “resolver los graves problemas de salud que Implican para la infancia el consumo de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas”. ¿Qué retos y qué beneficios implica adoptar la regulación propuesta al pleno del Congreso? La iniciativa no prohíbe el consumo de comida chatarra, sino que intenta dificultar consumirla mediante una barrera de acceso a la adquisición. Hay evidencia de que algunas iniciativas similares enfocadas en limitar la exposición a publicidad y reducir el acceso a comida chatarra en escuelas han impactado en los índices de obesidad infantil en el largo plazo, por lo que la propuesta no es teoréticamente descabellada. La prohibición a la publicidad de comida chatarra que adoptó Quebec en 1980 se asocia con una reducción del gasto que hacen los hogares en comida chatarra, a comparación del mismo gasto que hacen los hogares en provincias donde no hay prohibición. Del mismo modo, la experiencia de seis provincias canadienses que prohibieron la comida chatarra en escuelas está asociada con una reducción de la masa corporal infantil en el largo plazo, lo que justificaría prohibir la venta de comida chatarra en espacios educativos. Algo positivo de la iniciativa es reconocer la importancia de fomentar buenos hábitos alimenticios desde la niñez, así como el papel que pueden jugar las acciones educativas y regulatorias para reducir problemas sociales. Empero, la iniciativa tiene retos que podrían comprometer su incidencia en el problema, y no considera los costos sociales adoptar la regulación. Primero, no todas las prohibiciones arrojan resultados positivos. California intentó limitar sin éxito el consumo de alimentos de alto contenido calórico prohibiendo que se establecieran nuevos restaurantes de comida rápida en ese estado. Sin embargo, como no se limitó significativamente el acceso a dicha comida, no sucedieron resultados relevantes en el largo plazo. La iniciativa que está en el pleno podría tener el mismo problema, pues no hay certeza de que la barrera de acceso propuesta sea efectiva. Tal vez, el canal de acceso a la comida chatarra no está en la venta a menores, sino en los adultos que son cómplices en el consumo de estos productos, lo que podría reducir la efectividad de la propuesta. La iniciativa no considera el papel que la desigualdad juega como factor de la malnutrición, pues no hay mención alguna en la iniciativa de los efectos de la desigualdad en la nutrición, a pesar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 muestra que el acceso a frutas, verduras, carne no procesada y otros alimentos asociados con una buena nutrición disminuye conforme disminuyen los ingresos. No es irracional pensar que la iniciativa podría volverse una anécdota, dada la omisión de la perspectiva socioeconómica. La iniciativa también se enfrenta al problema de factibilidad. Aunque algunos establecimientos colaborarán con la aplicación de la ley, muchos tenderos y vendedores en puestos informales podrían decidir que el bien social no justifica reducir sus ganancias. Este escenario es bastante probable, dada la propensión a saltarse las reglas “por ganar unos pesos que ni daño hacen”, como en el caso de la venta de alcohol fuera de los horarios establecidos en la ley. Un punto no considerado en la iniciativa es su viabilidad presupuestaria. Aunque prohibir máquinas expendedoras y venta de comida chatarra en escuelas será relativamente sencillo, garantizar que la prohibición total de venta a menores se cumpla será más complejo y requerirá de estrategias de vigilancia con costos de recursos materiales, financieros y humanos que podrían destinarse a otras actividades. Del mismo modo, la iniciativa teoréticamente implica una reducción del volumen de ventas para diferentes establecimientos, lo que podría repercutir en la salud financiera de tiendas de abarrotes y puestos como venta de churros, chuchulucos y similares que cumplan por voluntad o por castigo. Sin embargo, la iniciativa no considera estos posibles costos sociales, por lo que podrían suceder externalidades negativas en el largo plazo que serían evitables dado un mejor análisis de la situación. Es incierto que la iniciativa vaya a cumplir con el propósito de “resolver los graves problemas de salud que Implican para la infancia el consumo de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas”. Posiblemente, la prohibición de vender comida chatarra en escuelas arrojará resultados positivos en el largo plazo sin causar costos sociales significativos; pero no hay certeza que la prohibición total de venta a menores tal y como está redactada sea factible, efectiva, este justificada dados los costos sociales no considerados, o vuelva más accesible la comida nutritiva a la población colimense.

  Hay un error fundamental en la crítica que la derecha mexicana hace de la Cuarta Transformación, y por eso nadie los toma en serio. Ese error es tratar de posicionar la idea de que el gobierno de López Obrador se dirige de alguna manera hacia el socialismo, o que por lo menos realiza acciones contundentes para cambiar la manera en la que siempre se han hecho las cosas en este país. Los representantes del poder económico no deberían de preocuparse tanto. Cada vez se demuestra con más claridad que, si dejan de hacer berrinche y rinden pleitesía a la 4T, esta es capaz de perdonar y permitir la continuidad de sus actividades lucrativas.  Como programa político, la Cuarta Transformación no es maligna. Pero sí es ingenua. A AMLO todavía le podemos dar el beneficio de la duda y creerle que su objetivo principal es impulsar un proyecto social redistributivo para brindar oportunidades a los que menos tienen. Pero eso es totalmente irrelevante cuando su gabinete está lleno de intereses opuestos y de errores de diagnóstico. En realidad, casi nadie en su gobierno tiene la posibilidad o la voluntad de cambiar la desigual estructura de producción de la riqueza en el país, pues es un movimiento atorado en sus crecientes contradicciones. El Secretario de Medio Ambiente no fue el primero en decirlo, pero sí resulta preocupante que un alto funcionario del gobierno lo reconozca con tanta claridad.   Hay tres contradicciones fundamentales en la 4T: la que existe entre el presente y el pasado, la que se da entre el culto a AMLO y la democracia, y la que se presenta entre el proyecto antineoliberal y los intereses económicos dentro del gobierno.  La primera contradicción está dejando la mayoría de sus estragos en las finanzas públicas y en el medio ambiente. El presidente sigue aferrado con un proyecto del siglo pasado de recuperación de la producción con energías fósiles, confiando ciegamente en un PEMEX completamente autodestructivo y en una CFE controlada por un corrupto con intereses ocultos. La paraestatal petrolera perdió más de 600 mil millones de pesos en el primer semestre del año, mientras que la CFE mantiene en operación proyectos como el de la Termoeléctrica de Tula, que es la emisora más grande de contaminantes atmosféricos PM2.5 en América del Norte.  Lo que ocurre en materia energética solo es un ejemplo de cómo el presidente y una parte de su gabinete siguen enamorados de una idea romántica de aquel México postrevolucionario en el que la producción de petróleo representaba esperanza para las clases populares del país. En pleno 2020, empecinarse con la producción de combustibles fósiles a gran escala solo trae consigo pérdidas, daño ambiental y pobreza para la mayoría de los mexicanos.  La segunda contradicción está presente en una buena parte de los funcionarios de nivel directivo de la administración pública federal, en la mayoría de los representantes políticos del partido Morena y en los seguidores a ciegas del obradorismo en todo el país. En algún punto, el reconocimiento a la lucha de López Obrador se convirtió en una especie de práctica religiosa, en dónde cualquier cosa que salga de su boca se interpreta como dogma evangélico, cuyo cuestionamiento es considerado alta traición. Quienes predican el culto a la Cuarta Transformación cierran, de manera consciente o inconsciente, el espacio para que la crítica congruente, inteligente y transformadora pueda expresar cambios de rumbo necesarios para el proyecto. En ese sentido, la 4T adquiere un carácter completamente antidemocrático disfrazado de representación popular.  La tercera contradicción -la más importante- está en las crecientes acciones de favorecimiento del gran capital que ha logrado tejer alianzas con el gobierno. No se puede pretender la separación del poder político del poder económico cuando el jefe de la oficina de la Presidencia se la pasa presionando a funcionarios para que les hagan favores a los dueños de las mineras. Tampoco es lograble cuando se le ofrecen a las principales televisoras del país oportunidades de negocios jugosos con el sistema educativo nacional. Y de ninguna manera es posible cuando el presidente de la Comisión de Energía del Senado, de Morena, es un empresario del carbón que promueve activamente los intereses del sector a través de su cargo público.  En fin, la hipocresía.  Reconocer los profundos errores del proyecto de gobierno federal liderado por López Obrador no significa llamar a su destitución. Sin alternativas congruentes en el horizonte político-electoral actual, lo más viable por ahora es tratar de que reconozca sus errores y haga cambios, ya si no para mejorar, por lo menos para no empeorar. Romper las contradicciones de la 4T significa expulsar del proyecto a quienes solo están ahí para enriquecerse, reconocer que la transición energética -desde el ecosocialismo- es una necesidad impostergable, y aceptar el hecho de que el presidente no debe de ser idealizado ni justificado en todo momento, ya que, por el bien del país, resulta necesario señalarle sus frecuentemente terribles equivocaciones.  Corolario Para bautizar el evento ocurrido esta semana, alguien propuso el término Suprema Combi de Justicia de la Nación. Aunque resulta tentador, debemos rechazarlo. No podemos pensar en que cuatro personas que golpean hasta la inconsciencia a su asaltante representan el heroísmo que el país necesita. Lo que sí representan es un contexto creciente de hartazgo por parte de miles de personas que luchan para conservar lo poco que tienen. Por eso, este tipo de acciones se deben de entender en sus propios términos. Y condenar hasta que otra justicia sea posible.