¿Cuál es la relación entre Emilio Lozoya, los garrafones con bacterias y materia fecal que circulan en Ciudad de México, y la construcción de casas con el radioactivo elemento Cobalto 60 en el norte de México? Que los tres hechos vienen de un mismo origen: el uso privilegiado del poder.
Aunque estas tres tragedias ocurrieron en diferentes administraciones federales, fueron realizadas por actores que no están relacionados, y generaron distintas consecuencias, todas son amenazas al bienestar de los ciudadanos y flagrantes violaciones de las leyes mexicanas. Asimismo, también son hechos perfectamente lógicos en un país donde nunca se construyó un estado funcional para evitar los excesos del uso privado del poder, lo que suele derivar en institucionalización de la violencia y la corrupción.
A pesar de que durante los últimos 100 años hemos tenido gobiernos relativamente estables, esto no se ha traducido en la creación de un estado funcional con un sistema de justicia confiable. En su lugar, el estado mexicano actual es una suma de estructuras de poder que administran privilegios para círculos selectos en los diferentes niveles de gobierno, utilizando a la ley de manera personalista, selectiva y sujeta a criterios políticos. Además, la falta de estado funcional ha creado barreras de acceso al poder para los ciudadanos, por lo que no existen contrapesos suficientes desde la sociedad civil organizada y la población en general.
Estos dos factores han incidido profundamente en la falta de una política de estado para combatir la corrupción, porque han creado un sistema de incentivos para sabotear la institucionalización de medidas que puedan ejecutarse de manera sistemática y sean auditables por la ciudadanía.
Durante los tres sexenios previos al actual gobierno se vivió un cambio de élites en el poder, pero no se cambiaron las reglas del juego que permitían el uso privilegiado del poder. El resultado de un cambio así se encuentra en que la corrupción siguió operando de manera habitual en todas las esferas, desde los altos funcionarios que dañaron sustancialmente al erario, como en los pequeños empleados que convertían sus ventanillas de atención en fuentes de ingreso ilegales.
Sin duda, el gobierno actual está intentando cambiar algunas cosas y traer justicia, pero esto no se está traduciendo en una institucionalización de la política anticorrupción. El ejemplo claro de la falta de institucionalización de la política anticorrupción se encuentra en la situación actual del Sistema Nacional Anticorrupción. En lugar de dotar de herramientas, presupuesto y personal a un mecanismo que podría utilizarse para combatir la corrupción con una visión que trascienda gobiernos, se le descalifica, recorta presupuesto y reduce personal que podría hacer la diferencia.
La falta de institucionalización no es cosa menor. Sin ella, los factores que permiten el uso del poder privilegiado seguirán en su lugar, lo que tarde o temprano terminará incentivando al abuso por parte de las élites en turno. Aunque el juicio de Lozoya causa fuertes expectativas en este momento, deberíamos preocuparnos más en diseñar mecanismos para prevenir que esto suceda, en lugar de esperar juicios espectaculares con el fin de cada sexenio.