Consideraciones sobre prohibir la venta de comida chatarra a menores

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Hace días, la Bancada de Morena en el Congreso del Estado de Colima propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la venta de alimentos de alto contenido calórico a menores de edad en el estado, con el objetivo de “resolver los graves problemas de salud que Implican para la infancia el consumo de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas”. ¿Qué retos y qué beneficios implica adoptar la regulación propuesta al pleno del Congreso?

La iniciativa no prohíbe el consumo de comida chatarra, sino que intenta dificultar consumirla mediante una barrera de acceso a la adquisición. Hay evidencia de que algunas iniciativas similares enfocadas en limitar la exposición a publicidad y reducir el acceso a comida chatarra en escuelas han impactado en los índices de obesidad infantil en el largo plazo, por lo que la propuesta no es teoréticamente descabellada.

La prohibición a la publicidad de comida chatarra que adoptó Quebec en 1980 se asocia con una reducción del gasto que hacen los hogares en comida chatarra, a comparación del mismo gasto que hacen los hogares en provincias donde no hay prohibición. Del mismo modo, la experiencia de seis provincias canadienses que prohibieron la comida chatarra en escuelas está asociada con una reducción de la masa corporal infantil en el largo plazo, lo que justificaría prohibir la venta de comida chatarra en espacios educativos.

Algo positivo de la iniciativa es reconocer la importancia de fomentar buenos hábitos alimenticios desde la niñez, así como el papel que pueden jugar las acciones educativas y regulatorias para reducir problemas sociales. Empero, la iniciativa tiene retos que podrían comprometer su incidencia en el problema, y no considera los costos sociales adoptar la regulación.

Primero, no todas las prohibiciones arrojan resultados positivos. California intentó limitar sin éxito el consumo de alimentos de alto contenido calórico prohibiendo que se establecieran nuevos restaurantes de comida rápida en ese estado. Sin embargo, como no se limitó significativamente el acceso a dicha comida, no sucedieron resultados relevantes en el largo plazo. La iniciativa que está en el pleno podría tener el mismo problema, pues no hay certeza de que la barrera de acceso propuesta sea efectiva. Tal vez, el canal de acceso a la comida chatarra no está en la venta a menores, sino en los adultos que son cómplices en el consumo de estos productos, lo que podría reducir la efectividad de la propuesta.

La iniciativa no considera el papel que la desigualdad juega como factor de la malnutrición, pues no hay mención alguna en la iniciativa de los efectos de la desigualdad en la nutrición, a pesar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 muestra que el acceso a frutas, verduras, carne no procesada y otros alimentos asociados con una buena nutrición disminuye conforme disminuyen los ingresos. No es irracional pensar que la iniciativa podría volverse una anécdota, dada la omisión de la perspectiva socioeconómica.

La iniciativa también se enfrenta al problema de factibilidad. Aunque algunos establecimientos colaborarán con la aplicación de la ley, muchos tenderos y vendedores en puestos informales podrían decidir que el bien social no justifica reducir sus ganancias. Este escenario es bastante probable, dada la propensión a saltarse las reglas “por ganar unos pesos que ni daño hacen”, como en el caso de la venta de alcohol fuera de los horarios establecidos en la ley.

Un punto no considerado en la iniciativa es su viabilidad presupuestaria. Aunque prohibir máquinas expendedoras y venta de comida chatarra en escuelas será relativamente sencillo, garantizar que la prohibición total de venta a menores se cumpla será más complejo y requerirá de estrategias de vigilancia con costos de recursos materiales, financieros y humanos que podrían destinarse a otras actividades.

Del mismo modo, la iniciativa teoréticamente implica una reducción del volumen de ventas para diferentes establecimientos, lo que podría repercutir en la salud financiera de tiendas de abarrotes y puestos como venta de churros, chuchulucos y similares que cumplan por voluntad o por castigo. Sin embargo, la iniciativa no considera estos posibles costos sociales, por lo que podrían suceder externalidades negativas en el largo plazo que serían evitables dado un mejor análisis de la situación.

Es incierto que la iniciativa vaya a cumplir con el propósito de “resolver los graves problemas de salud que Implican para la infancia el consumo de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, azúcares, sodio o grasas”. Posiblemente, la prohibición de vender comida chatarra en escuelas arrojará resultados positivos en el largo plazo sin causar costos sociales significativos; pero no hay certeza que la prohibición total de venta a menores tal y como está redactada sea factible, efectiva, este justificada dados los costos sociales no considerados, o vuelva más accesible la comida nutritiva a la población colimense.

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