En algún punto de sus carreras, la mayoría de los estudiantes de ciencias sociales que llevan clases de estadística se percatan de que, con un poquito de creatividad, es posible reajustar criterios metodológicos con discreción para que coincidan con las hipótesis de investigación.
En otras palabras, no es tan difícil para cualquier persona con nociones estadísticas básicas generar resultados que aparenten rigor científico, aunque no lo tengan, sobre todo si se persigue una calificación aprobatoria con un profesor sin tiempo o ganas de revisar a fondo lo que le entregan sus alumnos.
En días recientes se dio a conocer que el Censo del Bienestar, levantado por el gobierno federal, ni siquiera intentó aparentar algo de ese rigor científico. Lo que se supone que es el principal instrumento de análisis e implementación de política social a nivel federal, tiene deficiencias tan serias como las de las tareas de los estudiantes menos avispados de cualquier clase universitaria de estadística.
De hecho, la oficina encargada del Censo en la Presidencia de la República ni siquiera se molestó en publicar la metodología el primer año y medio de gobierno, cosa que finalmente tuvo que hacer tras muchas solicitudes de información y presión por parte de personas interesadas en que se transparentara la información sobre los apoyos.
Tras analizar las características de lo publicado, diversas organizaciones civiles, académicos, y hasta una página de Facebook con fotos de gatos, señalaron la enorme cantidad de errores e inconsistencias presentes en el levantamiento del padrón de beneficiarios de los programas de bienestar. Para empezar, se excluyeron del mismo a más de 20 millones de personas en situación de pobreza en el país.
Los cuestionarios fueron aplicados por personas especialmente contratadas para el ejercicio, de las cuales muchas habían sido previamente operadoras electorales de Morena. Lo anterior no supondría ningún problema si no fuera por el hecho de que, en la mitad de los casos, se implementó la técnica de muestreo de “la bola de nieve”, un sistema que funciona por referencias entre conocidos.
Además de la gran posibilidad de que haya sido utilizado para construir redes clientelares, el censo tiene subrepresentación de algunas regiones, llegó solo a 7 de cada 10 hogares, repitió los cuestionarios hasta 8 veces por persona, y se realizó en periodos de tiempo metodológicamente inconsistentes. En términos estrictos, ni siquiera se puede llamar censo.
Al ser utilizado como el principal instrumento para los apoyos de emergencia liberados por la crisis económica del Covid-19, los errores del Censo del Bienestar están significando que muchas personas ni siquiera puedan ser consideradas candidatas a los mismos. Aunque hubiera dinero para todos, sin un padrón confiable este no podría llegar a quienes los necesitan.
No es desconocido el rechazo que a López Obrador le causan las cifras de cualquier índole que no se alinean con sus planteamientos. En algunos casos, tiene razón al cuestionar los números de instituciones con agenda política como el Fondo Monetario Internacional o las calificadoras estadounidenses, que se portan como mafia al servicio de sus principales accionistas, grandes empresarios.
Pero en otros casos, ha minimizado proyecciones con metodología muy seria como los que hace el CONEVAL o el propio INEGI, instituciones que no pueden ser acusadas de los mismos intereses oscuros. Su ya clásico “yo tengo otros datos” está comenzando a generar problemas de disociación de la realidad concreta con la realidad del gobierno.
En las últimas semanas, el presidente se ha pronunciado en contra del PIB como variable única de medición de la economía nacional y ha situado la idea de que es necesario generar un instrumento alternativo de medición del bienestar, que considere aspectos como la desigualdad o la felicidad social.
Tiene razón al cuestionar las pretensiones totalizadoras del PIB. De hecho, en algunos países la medición de otros aspectos como los que menciona ha contribuido a tomar mejores decisiones para la población. Sin embargo, su declaración resulta preocupante en un contexto en el que el aparato gubernamental demuestra una clara incapacidad para medir las cosas de manera adecuada.
La política social del sexenio todavía tiene salvación, pero requiere un urgente cuestionamiento de los criterios de conformación y análisis de las bases de datos que orientan a sus implementadores. Si al gobierno que tiene como insignia el combate a la corrupción no le empiezan a salir los números, los recursos para combatir la pobreza pueden caer en una bolsa con doble fondo.
Corolario
En sexenios pasados, se documentó y denunció fuertemente el uso de fideicomisos para desaparecer dinero público en diversas instituciones gubernamentales descentralizadas. En los últimos meses, presidencia y la mayoría en la Cámara de Diputados han intentado desaparecer algunos de ellos, supuestamente para combatir este problema heredado.
El miércoles se introdujo una iniciativa para desaparecer 44, y es justo decir que ya se les pasó la mano. Se afectan de diversas maneras a fondos destinados al desarrollo científico y artístico del país, e incluso al Fondo Nacional de Desastres, usado para emergencias como terremotos e inundaciones.
Aunque en muchos casos se propone que los recursos pasen a la administración de diversas Secretarías para que estas los puedan seguir liberando, no se detalla de manera clara como será la transición o de que manera afectará a investigadores, artistas, deportistas y otras personas que dependen de los mismos.
Por lo pronto, los cineastas ya expresaron su rechazo a la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, fundamental para el desarrollo de una gran cantidad de producciones de cine independiente mexicano. La extinción de los recursos afecta a miles de trabajadores de la industria cinematográfica y atenta directamente contra nuestro derecho a disfrutar de buenas películas mexicanas, que de por si son pocas.