En comisiones del Senado de la República, los partidos PRI y PAN aprobaron anoche una reforma constitucional que restringe el derecho a huelga.
La modificación al artículo 123 fue introducida a última hora por legisladores panistas en el dictamen de la reforma laboral del presidente Enrique Peña Nieto, la cual refiere la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.
El panista Javier Lozano defendió el cambio para establecer que sólo procederán los emplazamientos a huelga por firma de contratos colectivos de trabajo cuando el sindicato demandante demuestre que tiene la representación mayoritaria de la base trabajadora.
Por su parte, el coordinador perredista Miguel Barbosa y sus compañeros de bancada, Angélica de la Peña, Luis Sánchez y Armando Ríos Piter advirtieron que la reforma vulnera el derecho de huelga y es un “albazo” del PRI y del PAN, ya que hasta un día antes, no figuraba en el dictamen la iniciativa de Peña Nieto para cambiar la fracción 18 del artículo 123 constitucional.
Los perredistas explicaron que es una adición de tres líneas que textualmente indica que “para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo en cuyo caso el sindicato deberá acreditar previo al emplazamiento la representación mayoritaria de los trabajadores”.
Luis Sánchez señaló que dicho requisito ya estaba en la Ley Laboral de 1931, la cual se echó atrás en 1970. “Ahora retrocedemos y volvemos a las listas negras, es decir, las empresas van a correr a los trabajadores para evitar que firmen un contrato colectivo. Se volaron la barda al llevar a la Constitución ese sueño empresarial”, expresó.
Incluso, el priista Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se sumó a las protestas de los perredistas: “Apoyábamos la iniciativa del Ejecutivo, pero no con este agregado que atenta contra la libertad”.
Agregó que la reforma constitucional no se apega al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que en los hechos, anula el derecho a huelga.
“Si se queda como lo aprobaron, se acabará la estabilidad laboral, habrá conflictos y tendremos que acudir a instancias internacionales”, aseveró.
(Con información de La Jornada)