La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió la recomendación 02/2016 a Felícitas Valladares Anguiano, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), por vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información en Colima.
El 17 de marzo de 2015 a las 7:45 de la noche, durante las campañas electorales a Gobernador de Colima, periodistas acudieron a las instalaciones del IEE donde el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, presentaría una queja contra el PVEM por la distribución de tarjetas de descuento.
Sin embargo, la consejera presidenta instruyó al Secretario Ejecutivo que impidiera el acceso de la prensa para garantizar el orden y la seguridad del inmueble. Minutos más tarde los periodistas lograron ingresar.
Valladares Anguiano, visiblemente molesta, dijo que «no me parece correcto que (el PAN) estén haciendo uso de las instalaciones del Instituto para hacer esta cuestión mediática; ustedes tienen instalaciones del partido».
Después del intercambio verbal, los periodistas salieron del lugar. A través de redes sociales se difundió el video que grabó la actitud de la presidenta, lo que le mereció ganar el mote de #LadyIEE.
Dos días después de los hechos, los periodistas presentaron una queja ante la CDHEC.
De acuerdo al documento de la Comisión, el 15 de mayo de 2015 Valladares Anguiano se negó a conciliar con los denunciantes, por lo que continuó abierto el proceso de queja.
Hoy la CDHEC determinó que la consejera electoral restringió el derecho humanos a la libertad de expresión.
«La limitación impuesta por la Presidenta del IEE no se encontraba prevista en la restricción constitucional y tampoco cumplía con un objetivo válido pues no buscaba evitar ataques a la moral, a la vida privada o los derechos de tercero, o que con ello se provocara algún delito o perturbara el orden público», indicó.
En ese sentido, la CDHEC recomendó al IEE capacitar a su personal para garantizar el derecho de los periodistas al ejercicio de la libertad de expresión. Además de ofrecer una disculpa pública, institucional y adecuada.
La funcionaria tiene 15 días para determinar si acepta o no la recomendación.