Miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, y Taurino Rincón Lorenzo, nuevo presidente del Comisariado de Bienes Comunales, interpusieron esta mañana una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en contra de la Policía Estatal, que desde ayer en la noche han impedido que se lleve alimento y cobijas al grupo de habitantes que permanece al interior del Ojo de Agua sitiados por el grupo afín a Carlos Guzmán.
Dilva Peña Velázquez, integrante del Consejo, denunció que continúa “el hostigamiento y la actuación amañada y violatoria de los derechos humanos por parte de los cuerpos policíacos” hacía el consejo y hacía las nuevas autoridades comunales; ya que desde ayer a las nueve de la noche, policías estatales se encuentran bloqueando el acceso y salida al manantial, evitando que se provea de comida y abrigo a un grupo de 70 personas que tienen más de 24 horas en el lugar.
Ante esta situación, Velázquez consideró que el gobierno de Colima está en contubernio con el grupo de Guzmán, quienes se niegan a abandonar el balneario, manteniendo también un bloqueo en la entrada con piedras y costales desde ayer por la tarde.
Por su parte, Taurino Rincón, lamentó que dichas personas no reconozcan que el nuevo Comisariado tiene la facultad para administrar el Ojo de Agua, tal como lo consta la sentencia ejecutoria dictada en el expediente 81/2014 por el Tribunal Unitario Agrario número 38.
Refirió que también la Policía Estatal lo desconoce como autoridad y que cuando ha solicitado su ayuda “ha sido omisa (…) cómplice y ha auspiciado y respaldado a dicho grupo, ya que lejos de atender a nuestro llamado, ellos mismos con sus patrullas han bloqueado los accesos”.
Los integrantes del Consejo acusaron a la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, al secretario de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, y del gobernador Mario Anguiano de estar en complicidad con el grupo ligado al PRI y a Carlos Guzmán que “impulsan, protegen y promueven los hechos de violencia, amenazas y hostigamiento” hacia ellos.
Finalmente solicitaron la presencia de Roberto Chapula de la Mora, presidente estatal de Derechos Humanos, en la comunidad para que los ayudara a llevarles comida a las personas que se encuentran en el manantial y se diera cuenta de la situación que él mismo calificó como “grave”. Sin embargo el ombudsman -después de reiterarles que tienen el “respaldo institucional” de su organización- no se comprometió formalmente a nada.
Cerca de la una de la tarde, los mismos miembros del Consejo se reunieron con el secretario de Gobierno Rogelio Rueda, quien les informó que en esos momentos Chapula de la Mora ya se dirigía la comunidad a atender el conflicto.
