Tras la agresión que recibió Paola Alonzo Maximo -una mujer de la tercera edad integrante del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan- por parte de los miembros de la dirigencia destituida de la comunidad, alrededor de 50 habitantes se manifestaron esta mañana frente a la presidencia municipal de Comala.
Olivia Teodoro Aranda, actual miembro del Comisariado de Bienes Comunales, explicó que el conflicto se debió a que Enrique Carpio, presidente de la Junta Municipal de la comunidad, entregó a María Guadalupe Laureano Aranda, Gregoria Lorenzo, Andrés Aranda, Petra Guzmán y Quirino Rincón, una orden para que cobraran la entrada al balneario Ojo de Agua, «usurpando funciones que no le corresponden”, dado que el balneario es administrado por el Comisariado de Bienes Comunales.
Uno de los reclamos que hacían es que la agresión ocurrió frente a presencia de la patrulla municipal de Comala con número 1172, sin embargo, los elementos de seguridad no intervinieron hasta que Paula Alonzo fue golpeada con una piedra en la cabeza, provocándole un intenso sangrado.
Los manifestantes no pudieron hablar con el presidente municipal Braulio Arrenguin, ya que les informaron que éste no se encontraba y que se desocuparía hasta las 8:00 de la noche. Sin embargo, se informó que será este martes cuando el alcalde acuda a la comunidad.
Por su parte, el Director de Seguridad Pública del municipio, David Jiménez González, aceptó que las agresiones se dieron en presencia de los elementos de seguridad e informó que la agresora ya está puesta a disposición del ministerio público.
El día de ayer alrededor de las 5:00 de la tarde, los arriba mencionados, se apoderaron de la taquilla de ingreso al Ojo de Agua y agredieron a algunos comuneros, dejando a Paola Alonzo con una herida en la cabeza.
Cabe mencionar que la actual administración está totalmente “posesionada en derecho” de acuerdo a la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito.
A través de un comunicado de prensa, la Red de Afectados por la Minería (Rema) condenó el ataque y exigió un castigo a los responsables. Acusaron a la Procuraduría Agraria, al gobierno del estado, y al gobierno municipal de solapar el incremento de violencia con su «mala actuación e impunidad».
(Con información de Proceso y Colima 3.0)