Investiga organismo internacional violaciones ambientales por regasificadora de Manzanillo

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El Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte autorizó abrir un expediente para investigar el presunto incumplimiento de normas ambientales para la ejecución de los proyectos de plantas de gas en la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo.

La denuncia interpuesta en febrero 2009 por Gabriel Martínez Campos, presidente de la organización ambientalista Bios Iguana, señala que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) incurrieron en omisiones de la legislación ambiental.

El 8 de julio de 2014, el Consejo de la CCA -integrada por Canadá, Estados Unidos y México- ordenó al Secretariado elaborar un expediente de hechos, el cual se espera que concluya en un lapso menor a un año.

La ejecución de estos proyectos a partir de 2008 afectó a la Laguna de Cuyutlán la cual representa el 90 por ciento de los humedales del estado de Colima y cuarto más grande del país. Asimismo, esta zona contaba con mil 500 hectáreas de manglar, además de albergar a 257 especies de flora y 327 de fauna, de las cuales dos son calificadas como amenazadas y quince más con protección especial.

Bios Iguana explicó que el 23 de junio de 2004 el gobierno del estado de Colima -encabezado en ese momento por Gustavo Vázquez Montes-, «indebidamente validó la construcción, operación y funcionamiento de la Planta de Suministro de Gas LP», propiedad de la empresa Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., en un lugar donde está prohibido el equipamiento industrial.

Abundó que el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo del 18 de septiembre de 2002 consideraba esta zona como «forestal y de turismo ecológico», pero de forma «arbitraria e ilegal» fue reclasificada como una «reserva urbana y de industria pesada» el 12 de junio de 2004.

Esta modificación coincidió con el periodo en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizaba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que Z Gas había presentado el 24 de febrero del mismo año.

A decir de la organización civil, la MIA no contaba con una descripción «seria y realista» de los daños que esta obra ocasionaría en el ecosistema. Sin embargo, ésta fue autorizada el 23 de junio por la dependencia federal.

El proyecto de Z Gas consiste en el almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo y gas propano en veinte esferas con capacidad para 43 mil 380 barriles cada uno.

Por su parte, la MIA para el proyecto «Terminal de Gas Natural Licuado» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue presentado el 8 de noviembre de 2006.

Los ambientalistas denunciaron que ésta «no señaló el daño que la instalación y operación de la terminal causaría a todas y cada una de las especies enlistadas».

Aunado a lo anterior, el 2 de febrero de 2007 entró en vigor una nueva disposición de la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe la «remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia».

Aún así, el 11 de febrero de 2008 la Semarnat autorizó la MIA a la CFE, mismo año en que iniciaron las obras. La licitación fue asignada al consorcio asiático KMS.

Asimismo, Bios Iguana informó que el 3 de mayo de 2007 el gobierno de Colima -a cargo de Silverio Cavazos Ceballos- «modificó arbitrariamente» el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán (PROETSLC).

Con esto las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) que tenían el estatus de conservación, protección y restauración cambiaron a un estado industrial y portuario que permitió el avance de los proyectos.

«El Gobierno de Colima y los municipios están autorizados a modificar el PROETSLC, para disminuir los impactos ambientales adversos ocasionados por las actividades productivas, más no para incrementarlos, como sucedió con los proyectos de la Laguna de Cuyutlán», puntualizó Martínez Campos.

 

MAPA REGASIFICADORA MANZANILLO

 

 

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