Algunos funcionarios universitarios deben estar en la cárcel: Leonardo Gutiérrez

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Por realizar un posible fraude a la hacienda pública federal por más de 250 millones de pesos algunos funcionarios de la Universidad de Colima “deben estar en la cárcel”, sostuvo Leonardo César Gutiérrez Chávez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) desconocido por el rector José Eduardo Hernández Nava.

Al encabezar una manifestación frente a Palacio de Gobierno el viernes pasado acompañado por al menos 150 sindicalizados, familiares y estudiantes, el ex líder sindical aseguró que los problemas de la Universidad son responsabilidad de la Coordinación Administrativa y Financiera, la Tesorería y la Dirección General de Recursos Humanos. .

Para Gutiérrez Chávez el dictamen que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos federales que la casa de estudios ejerció en el año 2012 es negativo. Explicó que se detectó que la Universidad reportó el pago de “prestaciones no ligadas” por 122 millones 418 mil 900 pesos a sus trabajadores pero la institución no entregó evidencia documental de que esa cantidad fue efectivamente pagada.

De igual forma, la UdeC se negó a pagar a la Secretaría de Hacienda 129 millones 720 mil 500 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) deducido a los empleados.

“El estudio de la Auditoría Superior de la Federación nos muestra claramente que la Universidad no está cumpliendo, que la Universidad está reprobada porque no sigue la normativa (…) eso es un fraude, es gravísimo y se requiere que las autoridades hagan lo que les toca porque algunos funcionarios deben estar en la cárcel”, manifestó Gutiérrez Chávez ante los agremiados.

El dictamen de la ASF no es la única irregularidad dentro de la máxima casa de estudios, explicó Leonardo Gutiérrez.

Durante el rectorado de Humberto Silva Ochoa en la década de los 80 se creó un Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) que para el año 2000 había alcanzada los 40 millones de pesos. Sin embargo, en el año 2001 durante la rectoría de Carlos Salazar Silva solamente había 5 millones de pesos.

En ese momento se inició un nuevo Fosap donde tanto los trabajadores como la propia Universidad de Colima aportarían un porcentaje (actualmente en 5 y 10 por ciento respectivamente).

Del periodo 2001 – 2011 se reconoció un adeudo de 90 millones, el cual el rector se comprometió en marzo 2013 a pagarlo en cuatro parcialidades anuales. En cuanto a las aportaciones mensuales provenientes del descuento a los trabajadores de 2012 a la fecha, la autoridad universitaria se ha negado a depositarlos al Fideicomiso del Fosap, explicó Leonardo Gutiérrez.

“Nosotros vamos a seguir firmes porque aquí tienen un aliado y un dirigente que va seguir luchando por ustedes”, concluyó.

Previo a su intervención, la profesora e investigadora Catalina Suárez Dávila criticó a los “troles pagados por las autoridades universitarias” quienes se han encargado de difamar y calumniar a través de redes sociales a los sindicalizados que están en esta lucha.

Sostuvo que “la falta de argumentos” son suplidos por “infundios” y denigraciones principalmente contra las mujeres trabajadoras, las cuales “a diferencia de esos troles siempre hemos dado la cara (y) tenemos la valentía de estar aquí dignamente”.

Dijo que los métodos siguen siendo los mismos que hace cuarenta años intentando generar “desaliento a las mujeres para tenerlas donde siempre han querido tenerlas: en el silencio pese a que sabemos que la matrícula femenina es predominante (en la Universidad)”.

Finalmente, el estudiante de la Facultad de Turismo, Santiago Caraballo, lamentó que actos como los sufridos por el Sindicato no deberían pasar “en una Universidad franca y clara”. Reprobó que un estudiante que apoya a sus maestros sea calificado como “reaccionario” cuando parte de la formación de un universitario es ser “crítico y humanista”.

 

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