El conflicto para determinar cuál es la dirigencia de Bienes Comunales válida en Zacualpan fue atendido ayer por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Antonio Luis Betancourt Sánchez.
Tras la demanda presentada ante esta instancia por Carlos Guzmán Teodoro, ex presidente de Bienes Comunales, el Tribunal celebró una audiencia donde asistió la dirigencia removida así como la recién electa integrada por Guadalupe Carpio como presidente, Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y Olivia Teodoro Aranda como tesorera.
Con esta demanda, Guzmán Teodoro busca que la asamblea del 23 de febrero donde ocurrieron los cambios de directiva comunal sea anulada por el Tribunal, ya que la considera ilegal y desconoce los motivos de su destitución.
En la audiencia celebrada desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde de este miércoles, el juez realizó un careo entre la parte actora –Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán– y la parte demandada –Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro–, quienes fueron electos por unanimidad en la asamblea donde acudieron 104 comuneros.
En el careo, Epitacia Zamora expuso que durante tres asambleas la mayoría de comuneros votó en contra de la explotación de una mina en su comunidad pero Carlos Guzmán se negó a registrar las actas ante el RAN. Por esta razón, los comuneros decidieron remover a la dirigencia comunal.
En defensa, Guzmán Teodoro argumentó que las actas no fueron registradas ante el Registro Agrario Nacional (RAN), toda vez que el libro oficial se encontraba ante el Tribunal Agrario como prueba en otra demanda que enfrentaba la comunidad.
Por otro lado, los demandantes añadieron una nueva inconformidad a su querella porque Faustino Santos Laureano fue removido el viernes como administrador del manantial de Zacualpan, designación que mantenía desde el año 2012. En ese sentido, la nueva dirigencia comunal informó que se aprobó la sustitución de Santos Laureano por un nuevo comité administrador debido a que el propio Tribunal los reconoció como autoridad en tanto se resuelve el conflicto legal.
En su intervención, el magistrado Betancourt Sánchez destacó la importancia de resolver el conflicto de esta comunidad «ejemplar», «relevante» y «trascendente» para el estado de Colima. Sostuvo que el motivo de la diligencia es para encontrar «la verdad real» a través de la impartición de la justicia de una forma imparcial, objetiva independiente .
Finalmente, será el 23 de abril cuando el Tribunal Agrario realice una “inspección ocular” en la comunidad para posteriormente realizar una nueva audiencia con los alegatos y emitir finalmente una resolución al conflicto.