Exigen diputada federal y senadora destitución de María Elena Díaz

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La diputada federal del PT, Lorreta Ortiz Alhf, y la senadora del Movimiento Ciudadano, Layda Sansores, presentaron un punto de acuerdo en sus respectivas cámaras donde exhortan al Presidente Enrique Peña Nieto la destitución de María Elena Díaz Verduzco como delegada de la Procuraduría Agraria en Colima.

El 26 de marzo pasado, la legisladora Ortiz Alhf, expuso que desde octubre 2013, la comunidad indígena de Zacualpan ha externado en cuatro sesiones de asamblea comunal su rechazo a la instalación de una mina para la extracción de oro, plata y cobre.

Asimismo, señaló que debido a la omisión por parte de las autoridades gubernamentales, la población emprendió protestas, lo que resultó que amenazas y agresiones en su contra. En ese sentido, indicó que Díaz Rivera ha actuado de forma “francamente irresponsable” porque –citando al sitio de Perriodismo–  acusó a Bios Iguana de ser delincuentes, de extorsionar a los pobladores y de tener ciertos “sembradíos” en esa comunidad..

Todo esto ha generado “un nivel de tensión preocupante en la comunidad que puede degenerar en violencia”, por tal motivo exhortó a la Cámara de Diputados para que se manifieste en contra, así como al Procurador Agrario para que remueva “inmediatamente” a Díaz Rivera.

Por su parte, Layda Sansores expuso que los pobladores de Zacualpan están “hartos de que sus reclamos sean ignorados por las autoridades”, lo que los obligó a cerrar durante doce horas las bombas que surten agua a más de 300 mil habitantes de Colima y Villa de Álvarez.

Para la senadora la instalación de esta mina provocará “inevitablemente un desplazamiento forzado de su asentamiento, afectará la cosmovisión y la sobrevivencia de este pueblo originario”. Por tales razones, solicitó que el Senado exhorte a Enrique Peña Nieto y al gobernador Mario Anguiano Moreno a respetar la decisión de la comunidad de Zacualpan.

Asimismo, le pide al Ejecutivo federal que “a través de los mecanismos institucionales” Díaz Rivera sea removida de su cargo por incitar el conflicto dentro de la comunidad y poner “en riesgo la integridad de personas ambientalistas”.

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