“El aumento de la deuda pública en el transcurso de los treintaúltimos años se debe a una política deliberada, injusta tanto social, como fiscalmente, es decir que esta política consistió? en privilegiar desde el punto de vista tributario a aquellos que ya son privilegiados en términos de ingresos y de posición”.
Entrevista a Eric Toussaint
Presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)
La deuda total está catalogada como la cantidad de dinero o de bienes que un país debe a otros, así mismo, a organismos internacionales y que evidentemente, constituyen un contrato de obligaciones que se deben saldar en plazos determinados, de tal modo, dicha deuda se integra con las públicas de los países y de sus respectivos estados, y que le ha significado a México el sometimiento de sus políticas públicas que, por ende, se encuentran destinadas a obedecer los indicios de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el caso de México su Producto Interno Bruto representa el 1.0% al ingreso mundial, posicionándolo en el número 14 de 16 países pertenecientes a la OCDE, manteniendo un nivel económico que supone debe brindar a la ciudadanía en general, un estado de bienestar social.
Las entidades federativas de México han incrementado la deuda pública, de manera preocupante, durante los últimos años. En el sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa, la deuda interna alcanzó 168% en el período noviembre de 2006 a noviembre de 2010, mientras que la deuda externa aumentó 146.6%. Al cierre del año 2012, Hacienda reportaba que, al menos una cuarta parte de los gobiernos de los estados, tienen comprometido más de un 60% de los presupuestos federales en garantía de pago, aún así, Colima, para el 2011 estaba catalogado como uno de los estados con menor deuda pública, posicionándose en el número 28 de los 32 Estados de la república, y es, actualmente cuando los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denotan que el Estado presenta un alto índice de endeudamiento.
La deuda pública de Colima está por encima de los 2 mil 119 millones de pesos, y una de las medidas que se han planteado para la reducción del gasto, es el despido de entre 350 y 600 trabajadores pertenecientes a las dependencias gubernamentales, contrastando con el incremento del 83% en publicidad oficial, es decir, de 13 a 24 millones de pesos, con el mantenimiento de altos sueldos y sus desmedidas ganancias y privilegios que seguirán intactos, mientras que en el discurso manifiestan la instauración de medidas de “austeridad” bajo la consigna de la “recuperación económica del Estado”, cuyo significado versa en la privatización las ganancias y la socialización de las pérdidas que alcanzan no solo a los nuevos desempleados sino, por consecuencia, perjudicando a la economía en general, a los empresarios o inversionistas y, reduciendo cada vez más, las inversiones en el campo; mientras tanto, la inseguridad se incrementa exponencialmente.
Además de que Colima es un estado dependiente económico de los recursos federales, dando por hecho que sólo el 18% de los ingresos son estatales y el 82% deviene de los recursos antes mencionados, lo que imposibilita al estado de ser autosustentable, pero no de seguir adquiriendo responsabilidades por prestamos económicos que desestabilizan las finanzas de la ciudadanía, en realidad es preocupante la falta de sensibilidad por parte del gobierno, además de la irresponsabilidad en cuanto a las soluciones propuestas, el descuido con el que se manejan las finanzas y la poca transparencia con la que se licita el uso de estas mismas y se rinde cuentas con respecto de ellas.
Es debido a esta crítica situación económica que vivimos actualmente en el Estado, que desde MORENA, exigimos la clara rendición de cuentas de las instancias correspondientes con respecto de las finanzas públicas, una comparecencia pública por parte de las secretarías encargadas de la administración económica en el Estado, la planeación e implementación de políticas económicas sociales, para la mayoría de la población que permitan una recuperación financiera, y la disminución de salarios para la alta burocracia política estatal.