La risa idiota

  Uno de los tantos rasgos comunes en todas las culturas es la expresión emocional, proveniente desde los albores de la humanidad y desde las profundidades individuales. La alegría en su forma estrictamente material se hace presente con la risa, acompañada con todos esos movimientos corporales y esos sonidos casi únicos en cada persona. En la realidad social la risa revela una intimidad que pocas veces se le otorga la atención merecida ¿Qué nos da tanta alegría de entre todas estas experiencias? La respuesta entraña la cuestión de nuestra actitud ante el mundo. La risa se origina al notar que algo de la cotidianidad rompe su lógica, bien puede ser una lógica interna o una objetiva. Por ejemplo, cuando una persona con un porte de seguridad impecable y atuendos refinados tropieza o cae repentinamente al suelo solemos reír, porque la seguridad que le caracterizaba es quebrantada de tajo y ahora busca recuperarla a su alrededor. No obstante, el mismo suceso ya no causaría risa después de una repetición exhaustiva, debido a que ahora es algo incorporado a la realidad percibida. Al igual que en el ejemplo anterior, después de tantos años de ironías y sarcasmos sobre política, políticos y la situación a la cual nos han traído, se comienza a perder toda gracia relacionada por dos razones: ya nos cayó la factura de las consecuencias en todos los niveles de la irreflexión política y la evasión permutada en risas ha estallado. Por regla general sabemos que hay tipos de casi cualquier cosa. Este caso no es la excepción, hay tantos motivos de alegría como estímulos. Estos estímulos se pueden agrupar en tópicos, de los cuales, por desgracia o por fortuna, la sociedad moraliza y dictamina de qué se debe reír y de qué no, pese a que en esencia la risa encarna la respuesta por excelencia del organismo ante la arbitrariedad del vacío, de la nada: es el placer de existir. Sin embargo ¿Qué hay entre el ser que ríe y la nada? Hay una historia personal llena de creencias, emociones, afectos, razones, voluntades, identidades, apegos… ¡El sinfín de la subjetividad! Subjetividad que se va construyendo con la esfera ambiental, socioemocional, cognitiva, cultural y política, desde la cual filtramos de manera muy fina los estímulos que nos darán gracia. Sin introspección, mucha de la historia personal es historia colectiva. México es un país muy particular, los habitantes solemos reír básicamente de cualquier situación, arma de doble filo. Por un lado de la navaja tenemos una manera estoica de generar lo que hoy se denomina resiliencia, con ironía y sarcasmo asumimos y asimilamos la condición que se nos ha heredado, damos el trago amargo afirmando el sentimiento de traición nacional heredado y reproducido por décadas entre la mayoría de las familias: los políticos son corruptos y si alguno quiere hacer las cosas bien será asesinado. Trago amargo que en esencia es el razonamiento que Platón hace pronunciar a Sócrates en sus diálogos: “Es peor cometer una injusticia que sufrirla”. Lo cual eventualmente se convierte en un bien para los mexicanos que sufren injusticias y nunca las cometen.  Por otro lado tenemos que esta alegría, esta risa, ya no tan pura sino matizada de incomprensión genera un estado de cosas en el que no se pretenden cambios. Se comienzan a repetir los patrones de la injusticia a otros niveles, se acepta e incluso se llegan a defender las posturas mediatizadas por los medios de comunicación convencionales, intereses personales y/o intereses del gremio de su predilección. La risa idiota se apodera de los individuos, crea la ilusoria superioridad derivada de la supuesta debilidad de los demás, con hostilidad se llega a negar al otro sea cual sea su condición, se olvidan las historias y sus implicaciones en todas las esferas. La risa idiota encarna un placer oscuro con afán de agresividad y destrucción, plagada de prejuicios se dirige a dividir. Ya no es la risa sublime que emerge en la fiesta de los sentidos. Es la risa que estalla cuando la otredad rompe con la lógica interna a la cual está habituado, revelando la estructura cognitiva de este risueño irreflexivo. Su gracia es el infortunio de la mayoría, es el sesgo entre el que ríe idiotamente y la nada, su percepción no le permite ver la idéntica condición de todos. La risa encausada más que reprimida es todo un acto revolucionario, es una excelente herramienta para plantar una actitud ante en el mundo: sólo en comparación con la nada todo es risible. De esta forma, la risa reflexionada lanzada al vacío como acto político permite tomar postura, discerniendo entre el absurdo y un puñado de sujetos enajenados con el poder y con la acumulación de bienes sinsentido. La gracia aquí reside en que con una piedra se pueden derrumbar las escaleras de cristal a las que se han subido, y que por supuesto ellos mismos crearon. Finalizaré el texto con una surreal imagen spinettiana: “Ya nada puedo hacer por él (El Idiota) / Él se quemará / Mirando al Sol / Y es esta la historia / Del que espera para despertar / ¡Vámonos de aquí!”.

Consideraciones sobre los cubrebocas obligatorios

  En Colima, el gobernador del estado mandó una iniciativa al Congreso Local para volver obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y lugares de interacción con otras personas. Aunque la iniciativa no se encontraba disponible en el portal del Congreso al momento de escribir esta columna, trascendió en algunos medios que se busca delimitar las medidas en espacios de uso colectivo como transporte urbano, negocios, oficinas, y lugares donde sea imposible aplicar medidas de sana distancia. Con el objetivo de volver eficiente la iniciativa el gobernador propuso que se apliquen sanciones a quien infrinja las medidas establecidas en la iniciativa. Para algunos, la medida es una muestra de tiranía que dará pie a una tragedia como el homicidio de Giovani López en Jalisco. Para otros, es necesaria debido a la expansión de los casos en Colima y la aparente falta de interés por acatar con las medidas de distanciamiento social. La pregunta que nos debemos hacer es sí esta medida es pertinente dado el contexto colimense y la evidencia existente. Aparentemente, usar mascarillas podría ser una medida asociada a la reducción de la velocidad de contagio de Covid 19. Un estudio publicado en la revista científica Health Affairs (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00818) analizó las variaciones en la velocidad de contagio tras el decreto de uso obligatorio de mascarillas en diferentes ciudades de EEUU, y encontró que sí existe una aparente disminución de la velocidad de contagio tras decretar obligatorias las mascarillas, conclusión compartida por investigaciones similares. Es indudable que debemos tomar estas conclusiones con un ojo crítico por factores como la calidad de la evidencia, la solidez del método de análisis y otros factores técnicos; pero la imperfecta evidencia disponible nos dice que una medida así no es necesariamente descabellada. Sin embargo, lidiar con una crisis no es algo que pueda reducirse a aprobar un decreto y esperar que todo salga bien. Algunas dudas razonables respecto a la implementación de esta iniciativa nos hacen plantearnos si lo anunciado se justifica, dados los costos sociales. En primer lugar, está el problema de hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. Parte de la iniciativa contempla sanciones para quien no siga los lineamientos del acuerdo, esperando que la posibilidad de sanción incentive al cumplimiento. Sin embargo, la comunicación basada en sanciones podría generar resistencia entre ciertos grupos que podrían volverse aliados en promover el uso de cubrebocas; no solventa el hecho de que el personal que vigilará el cumplimiento posiblemente no será suficiente para la tarea; e introduce la posibilidad de casos de uso ilegal de la fuerza pública, que podría tener consecuencias letales, como ya aconteció en Jalisco. En segundo lugar, está el problema de accesibilidad. En 2018, 1 de cada 3 colimenses tenían ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos, y no sería descabellado pensar que la población en este caso incrementó, dada la parálisis económica. Según la Profeco, las cajas con 10 cubrebocas cuentan en promedio 23 pesos. Asumiendo que en una familia promedio dos personas salgan a trabajar, terminarían gastando 6 cajas por semana, lo que significa 138 pesos. Eso se traduce en las tortillas de una semana, o de una quincena si la familia ya se apretó el cinturón. Naturalmente, podrían comprar cubrebocas reutilizables o fabricarlos ellos mismos para reducir los costos, pero nada garantiza que tengan la calidad adecuada para cumplir su objetivo. Por último, está el problema humano. Una medida que “se está implementando” en el estado son los termómetros digitales para evitar que entre gente con síntomas. El problema es que muchos establecimientos toman mal las medidas, por lo que no detectarían la fiebre, aunque el enfermo estuviera cociéndose vivo. Es decir, la medida no mejora la situación. El uso inadecuado de cubrebocas podría llevar a un mismo escenario donde no hay efectos visibles, o incluso a agravamientos. La OMS considera que el uso inadecuado de cubrebocas podría llevar a contaminaciones que aumenten el riesgo para los individuos. Ciertamente, si la medida se implementa sin tomar en cuenta el factor humano, posiblemente podría ser ineficaz. La evidencia muestra que la medida podría ser relevante, pero las dudas anteriormente planteadas podrían dificultar su aplicación, y con ello reducir la efectividad. Para que la propuesta de volver obligatoria los cubrebocas verdaderamente genere valor social, será necesario implementar una serie de acciones complementarias, y mejorar algunas existentes. De entrada, es necesario mejorar las campañas de comunicación respecto a las medidas existentes. A pesar de la campaña de uso adecuado del cubrebocas implementada por la Secretaría de Salud, aún se observa a muchos transeúntes con la nariz fuera, el cubrebocas colgando o el abominable cubrepapadas. Además, el hecho que las medidas se cumplen por encimita, como lo relativo a los termómetros, debe tratarse para volverlas efectivas. Además, es necesario considerar el factor de la desigualdad de acceso a los cubrebocas. Lo ideal sería que existiera un reparto focalizado que pudiera atender efectivamente a las poblaciones en riesgo biológico y a las familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De igual forma, es necesario establecer guías y manuales sobre materiales y técnicas para elaborar cubrebocas caseros que puedan ser útiles, como ya lo ha hecho el CDC en EEUU. También es fundamental adoptar un enfoque colaborativo para mejorar el impacto de la intervención. En lugar de apostar por sanciones, las autoridades deben construir confianza con la ciudadanía, y apostar por mecanismos que incentiven la colaboración, o incluso que ofrezcan premios simbólicos, a individuos, colonias, municipios o establecimientos que cumplan adecuadamente con las normativas.

Presentan acción de inconstitucionalidad contra crédito de Nacho

  La diputada de Morena, Claudia Aguirre Luna, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del crédito por 740 millones de pesos aprobado el pasado 7 de julio al Gobernador Ignacio Peralta. El recurso, entregado ayer en la sede de la Corte en la Ciudad de México, está firmado por seis diputados de Morena y dos del PT. En el documento también aparecen los nombres de otros dos legisladores del PT -Carlos César Farías y Ana María Sánchez Landa-, pero sus firmas no fueron plasmadas. «Con esto estamos cumpliendo con la última acción legal, la cual dejamos en manos de los Ministros para que la resuelvan», comentó la diputada Aguirre. Aunque previamente la propia legisladora había señalado que se requerían las firmas de al menos nueve diputados, el recurso entregado fue signado únicamente por ocho de ellos. Al respecto, Aguirre aclaró esta tarde que en la propia SCJN ya hay un par de precedentes en el que acciones similares procedieron con la firma de al menos ocho diputados. PERRIODISMO realizó una revisión en el portal de la Suprema Corte sobre los recursos de inconstitucionalidad promovidos previamente por el Congreso del Estado. En ese sentido, se encontró que en octubre de 2015, 10 legisladores locales promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del crédito por 638 millones de pesos que el Legislativo autorizó al entonces Gobernador Mario Anguiano. En ese momento, la Corte admitió a trámite el recurso al señalar que el 33 por ciento de los 25 diputados requeridos para la acción de inconstitucionalidad son al menos ocho legisladores.

Avanzan 19 aspirantes para Consejo General del IEE-Colima

  El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista de los 19 aspirantes que avanzaron en el proceso de selección de los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima. Se trata de 12 hombres y siete mujeres quienes obtuvieron una calificación superior al 6 en el examen de conocimientos realizado el pasado 25 de julio; hubo otros 48 aspirantes que no superaron esta etapa. El siguiente paso consiste en la presentación de un ensayo el próximo sábado 8 de agosto por parte de los 19 aspirantes. Los resultados de este ensayo serán publicados a más tardar el 7 de septiembre, en donde serán calificados como «idóneos» o «no idóneos». Quienes avancen en esta etapa serán considerados para la valoración curricular y una entrevista ante al menos tres consejeros del INE. Será la Comisión de Vinculación la que conformará la lista de los tres aspirantes que considera idóneos y con capacidad para ocupar el cargo. El Consejo General del INE designará a más tardar el 30 de septiembre a los tres nuevos consejeros electorales de Colima que comenzarán su periodo el 1 de octubre y durarán en el cargo siete años. Estos nuevos consejeros sustituirán a Ayizde Anguiano Polanco, Noemí Sofía Herrera Núñez y Raúl Maldonado Ramírez, quienes concluyen su periodo el próximo 30 de septiembre. Las siete aspirantes mujeres son:
  1. Lilia Gabriela Rivera Alcaraz (Directora de Administración del IEE-Colima)
  2. Neyma Berenice Hernández Medina (abogada y ex Directora Jurídica de la Sedescol)
  3. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez (Jefa de Oficina en la Dirección Jurídica de la Ciapacov)
  4. Haydee Quintero Vázquez (Directora de Capacitación en IEE-Colima)
  5. Celia Cervantes Gutiérrez (Coordinadora académica del Bachillerato 15 de la Universidad de Colima)
  6. Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz (Directora Jurídica del IEE-Colima)
  7. Ana Florencia Romano Sánchez (Abogada y consejera electoral municipal en Manzanillo)
Los 12 aspirantes hombres son:
  1. Héctor González Licea (Abogado y actual enlace de Fiscalización de la Junta del INE en Colima)
  2. Edson David Ballesteros Orozco (Maestro normalista y actual director del Telebachillerato de Esperanza, Coquimatlán)
  3. Gerardo David Amezcua Álvarez (Contador, abogado y actual Director Jurídico Contencioso del Poder Ejecutivo de Colima)
  4. José Daniel Miranda Medrano (ex consejero local del INE)
  5. Edgar Ramón Montaño Valdez (Director de Organización del Servicio Profesional Electoral Nacional)
  6. Juan Ramírez Ramos (actual vocal de la Junta Distrital 01 del INE en Colima)
  7. Víctor Manuel Gómez Corona (Director de Comunicación Social del IEE-Colima)
  8. Edgar Martin Dueñas Cárdenas (Responsable de Validación en el Inegi)
  9. Alfredo Martínez Alcaraz (Asesor jurídico en el Congreso del Estado)
  10. Carlos Arnoldo Campos Ochoa (Contralor interno en el IEE-Colima)
  11. Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez (Director Jurídico de Legislación en Poder Ejecutivo de Colima)
  12. Mauricio Zuazo Rueda (Titular del Órgano Interno de Control del Infocol)

Propone Nacho sanciones por no usar cubrebocas

  El Gobernador Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del Estado una iniciativa para establecer multas, clausuras y arrestos hasta por 36 horas a quienes incumplan medidas de prevención del Covid-19, entre ellas el uso de cubrebocas. «Hoy firmé y envié al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para que el uso de cubrebocas sea obligatorio e incluye sanciones para quienes no acaten», publicó el priista anoche en sus redes sociales. «Nuestro compromiso es con la salud y tenemos que tomar las medidas necesarias para salvar la mayor cantidad de vidas posibles». La propuesta del Mandatario busca crear una nueva ley para regular el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del Covid-19 que será aplicable durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria hasta que se declare oficialmente su conclusión. El uso del cubrebocas será obligatorio para la población en general cuando se encuentre en espacios públicos en donde no se puedan aplicar medidas de contención como el distanciamiento físico. También será obligatorio para las personas que tengan más de 60 años, para quienes padezcan enfermedades cardiovasculares o diabetes sacarina, neumopatía crónica, cáncer, enfermedad cerebrovascular, inmunodepresión, así como personas con cualquier síntoma indicativo de Covid-19. Esta obligación no será aplicable para los menores de 2 años, para las personas que tengan problemas para respirar ni para quienes e no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. Si una persona se rehusa a portar cubrebocas o incurra en actos de violencia por este motivo, la autoridad competente podrá aplicar las sanciones La ley también contempla diversas medidas a implementarse en oficinas públicas, transporte público y establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicios. En ese sentido, las sanciones a las que se podrán hacer acreedoras las personas que incumplan estas medidas contemplan la amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva -que podrá ser parcial o total-, y arresto hasta por 36 horas.

Chorreando lodo y sangre 

  Un auto gris se movía por las eternas curvas de una carretera. Los árboles, abundantes y verdes a morir, cruzaban su ramas casi formando un túnel sobre nosotros. Mi padre, aventurero como siempre y excelente conductor, hacía el camino inverso de Manzanillo a Colima por la vía larga que atraviesa las imponentes montañas de la región de Minatitlán. Aquí y allá veíamos arbustos de cacao, conocidos hasta entonces por mí solo en los libros, lloraderos de agua, aves que cruzaban a toda prisa la cinta asfáltica. Y luego, poco antes de llegar a la cabecera municipal, la mole gris en lo que antes había sido un cerro tan verde como sus vecinos: la minera Peña Colorada, como monumento a todas las muertes, las desapariciones y la destrucción de la zona en nombre del capitalismo extractivista. Carlos Marx escribió que el Capital vino al mundo chorreando lodo y sangre por todos sus poros. Las y los habitantes de Ayotitlán, en lo alto de la Sierra de Manantlán, dan testimonio de ello: el lodo de más del 90% de su territorio ancestral arrebatado a lo largo de los siglos y la sangre de al menos 35 personas asesinadas, 3 poblados desalojados a la fuerza y 3 personas desaparecidas en las últimas décadas han sido el líquido amniótico en el que se ha gestado la extracción indiscriminada, primero de maderas preciosas, y luego del 30% del hierro mexicano, con cargo a la salud y a la vida de los ecosistemas y las comunidades. Las personas mayores de Ayotitlán consideran una matanza como el inicio de la invasión de los intereses económicos sobre sus tierras. En 1920, el hacendado Juan Arias, su hijo de mismo nombre y Carlos Fernández partieron de Minatitlán, atravesaron los cerros donde ahora se asienta la minera y cruzaron el río Marabasco hasta el Llano de Timbillos para asesinar a 13 indígenas nahuas que se negaban a entregar sus tierras para la expansión de la hacienda “El Cacao”. Sus cadáveres fueron colgados y exhibidos a manera de advertencia para quien se atreviera a oponerse a ellos. Años más tarde, en 1951, a inicios del frenesí industrializador de la economía mexicana, el poblado nahua de Tenamaxtlán fue arrasado y muchos de sus habitantes asesinados para dar paso a las empresas que pretendían extraer madera. Las comunidades señalan como responsable de la orden de muerte a Marcelino García Barragán, anterior gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa durante la matanza de Tlatelolco. Burlas trágicas de la Historia y de la memoria conmemorativa burguesa: el municipio al que pertenece el territorio indígena de Ayotitlán lleva por nombre Cuauhtitlán de García Barragán en honor al sirviente genocida del capital maderero. Sangre y más sangre chorrea en la Sierra de Manantlán por culpa del latifundismo dirigido por los caciques locales de principios del siglo XX, el desarrollo estabilizador orquestado por el Estado de los años cincuenta y el extractivismo neoliberal a manos de los empresarios mineros extranjeros del siglo XXI. Este domingo 9 de agosto, las autoridades indígenas de Ayotitlán y algunas organizaciones sociales aliadas se reunirán para recordar el centenario de la matanza de Timbillos y colocar en ese sitio la primera piedra de una capilla dedicada a San Romero de América, obispo subversivo contra la dictadura salvadoreña. En tiempos de nuevos ataques del consorcio Peña Colorada y las autoridades municipales para expandir la superficie de la mina, conmemorar este terrible hecho tendrá un significado mucho más grande que el simple recuerdo nostálgico: será un acto claramente político en el que los cuerpos de los vencidos de ayer bajarán de los árboles donde fueron colgados, se encarnarán en las decenas de brazos que luchan y saldrán a atemorizar a los poderosos de hoy con el estruendo de lo aún posible. “Y sin embargo, el fantasma sigue sonriendo, porque la historia no ha terminado y la eternidad no es de este mundo”.

Presenta Toscano denuncia por toma de Congreso

  El diputado Guillermo Toscano presentó una denuncia contra los responsables de la toma del Congreso de Colima el pasado 6 y 7 de julio que buscaban evitar la aprobación del crédito de 740 millones de pesos que solicitó el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez. La denuncia fue interpuesta este lunes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en su calidad de presidente del Congreso local. En la querella, Toscano —quien renunció a la bancada de Morena el mismo día que votó a favor del crédito para declararse independiente— no señaló probables responsables ni los delitos por lo que los acusa. «Formulo y presento denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión del o los delitos que resulten en agravio de la sociedad del Estado, de la función pública y del patrimonio del H. Congreso del Estado de Colima, y demás que puedan desprenderse», señala el documento. En un comunicado emitido por el Poder Legislativo, Toscano señaló que corresponderá a la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades penales que correspondan. “No daremos nombres para no entorpecer las investigaciones correspondientes de la Fiscalía, pero confiamos plenamente en que se hará el trabajo correctamente», expresó. El ahora legislador independiente dijo que es inadmisible que el Congreso del Estado se encuentre sometido a la voluntad de unos cuantos. «No podemos permitir este tipo de acciones y más en un recinto oficial; como diputados debemos aprender a dialogar conforme lo mandata la ley, no tomando instalaciones e incitando al desorden», comentó. «El rumbo del Poder Legislativo debe ser siempre por acuerdo o consenso de todos sus integrantes en un marco de igualdad y de respeto para todos». Desde la noche del 6 de julio y durante el día siguiente, legisladores de Morena y PT —Claudia Aguirre, Blanca Livier Rodríguez, Ana Karen Hernández, Arturo García Arias, y Vladimir Parra— junto a decenas de ciudadanos bloquearon los accesos al Congreso para evitar la aprobación del crédito. Ante esta manifestación, la sesión se realizó el 7 de julio en una sede alterna en donde la propuesta fue avalada con 15 votos a favor.

Advierten ecocidio en Laguna de Cuyutlán por ampliación del puerto

  El proyecto para ampliar el puerto de Manzanillo al Vaso II de la Laguna de Cuyutlán generará un ecocidio con un deterioro irreversible. En un posicionamiento conjunto, 11 organizaciones ambientalistas advirtieron que la afectación no sólo será al sistema lagunar sino también de los ecosistemas adyacentes como selvas bajas caducifolias, dunas, arrecifes de coral y pastos marinos. Esta obra también generará afectación en la producción pesquera, así como derrames y contaminación por hidrocarburos. De igual manera, habrá pérdida de manglar, el cual sirve como barrera para proteger a las poblaciones costeras de huracanes, además de fungir como guarderías para larvas de peces, crustáceos y moluscos de importancia comercial. «Su daño y eventual pérdida no sólo representa un perjuicio en términos de belleza escénica y ecológica, sino también económico a la población colimense y la de otros estados», señalaron. Detallaron que la Laguna de Cuyutlán es el cuerpo costero más extenso de la región central del Pacífico mexicano y cuenta con especies protegidas: cuatro de mangle, 15 de reptiles, 28 aves y un mamífero, entre otras comunidades bióticas como fitoplancton, zooplancton y moluscos. Además, es un importante área de anidación de al menos 25 especies de aves costeras, y se tienen registradas 61 especies migratorias que hacen uso del hábitat en la estación no reproductiva, razón por la que representa un trascendente corredor biológico para aves de la región del Pacífico mexicano. «La vida útil de este proyecto se estima en sólo 25 años, con un horizonte de evaluación de 35 años, sin embargo, los riesgos ambientales al modificar el ecosistema podrían generar daños irreversibles, cuyas medidas de compensación serían demasiado costosas, además de probablemente poco efectivas», alertaron. «Un proyecto de esta magnitud abonará a la actual crisis climática global y se enfrentará a fenómenos climáticos extremos ante los cuales dejará vulnerable a la población e infraestructura al eliminar la protección que naturalmente brindan los bosques de manglar». Las agrupaciones agregaron este proyecto pretende ser justificado con la necesidad de atender el incremento de importaciones y exportaciones en el mercado internacional, lo cual se contrapone con la vocación turística de Manzanillo al incrementar el deterioro y la mala imagen de la ciudad. Añadieron que la Laguna de San Pedrito, la Laguna del Valle de las Garzas y la Laguna de Cuyutlán han sufrido un fuerte deterioro debido a la deficiente política ambiental aplicada durante las últimas administraciones que priorizan el crecimiento económico de grupos empresariales a costa del cuidado ambiental. En ese sentido, plantearon que en lugar de generar un desequilibro ecológico y deterioro de los recursos naturales, se opte por la modernización y optimización de la infraestructura portuaria ya existente. Lo anterior, a la par de la incorporación y fortalecimiento de alternativas de desarrollo como el turismo ecológico basado en la conservación y restauración de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la promoción de fuentes limpias y sustentables de energía. «El proyecto no corresponde con el tipo de políticas públicas ambientales que requieren los nuevos tiempos», señalaron. «Los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la crisis por la contaminación ambiental requieren acciones que contrarresten urgentemente sus efectos, y no que promuevan un ecocidio de tal magnitud». Este posicionamiento está firmado por Acción por la Justicia, Colectivo Amigos por Manzanillo, Colectivo Empoderamiento Climático, Colectivo Tarántula Elementos, Ciencia para el Pueblo–México, Cuyutlán Casa Amiga, Paseo de Las Brisas, Red de Defensores Ambientales, Red Manglares de Colima, Vigilemos Manzanillo, y Voluntad Organizada. En julio de 2019, la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo anunció que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador contempla la ampliación de este puerto hacia la Laguna de Cuyutlán con una inversión público-privada de alrededor de 23 mil 500 millones de pesos. Con esa obra se construirán cuatro nuevas terminales: una para contenedores, otra para granel agrícola, una más para granel mineral y una especializada en hidrocarburos.

Rechaza Cabildo donar jardín vecinal a Prepa Freire

  El Cabildo de Villa de Álvarez rechazó donar a la preparatoria privada Paulo Freire el jardín vecinal de la Colonia Villas Bugambilias para la construcción de su plantel. Durante la sesión realizada la tarde del pasado jueves, los munícipes aprobaron por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda municipal. «Es de negarse la autorización de la donación del predio ubicado entre las calles José Ahumada Salazar, Chanxopan y Paseo de los Crisantemos, de la Colonia Villas Bugambilias, en Villa de Álvarez, Colima, atendiendo a la naturaleza de bien de dominio público para uso común», señala el documento. Tras la presentación del dictamen, la síndico Karina Heredia Guzmán informó que el Ayuntamiento recibió un documento firmado por vecinos de Villas Bugambilias en el que manifestaron su rechazo a la donación de su jardín. El dictamen fue aprobado sin discusión ni comentarios por parte de los regidores, la síndico y el presidente municipal.

Las muertes por abortos clandestinos son feminicidios del sistema Iglesia-Estado

  El pasado miércoles 29 de julio se discutió lo indiscutible, uno de los derechos sexuales y reproductivos de millones de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas: el derecho al aborto.  La propuesta para despenalizar el aborto y reconocerlo como derecho a la salud en México conforme a las leyes generales del país y a criterios internacionales fue rechazada en la Primera Sala de la Suprema Corte de In-Justicia de la Nación (SCJN) por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Lo que festeja la población católica del país es que niñas, adolescentes y mujeres no tengan un acceso integral a la salud, pues los estándares internacionales señalan que los derechos humanos como el de vida, salud, intimidad y a la no discriminación son violados cuando los Estados vuelven los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres. El derecho Internacional responsabiliza a los estados por ejercer leyes restrictivas de aborto, por las altas tasas de muerte y lesiones de mujeres que recurren a abortos clandestinos; así como por no garantizarlo cuando éste es legal.  En la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres elaborada por la CNDH, el artículo sexto, séptimo y el doceavo hablan explícitamente sobre nuestro derecho al aborto seguro y legal, un derecho violado en el país si así lo decide el sistema Iglesia-Estado. Los estados convierten los derechos en recomendaciones, por ello los discuten, en lugar de ejercerlos.  Hoy México festejó que las niñas van a continuar siendo obligadas a parir. En 2019 se registraron alrededor de 390 mil partos de niñas y adolescentes que tenían entre 9 y 19 años. Se reporta que la mayoría de las menores de 14 años fueron obligadas a parir productos de violaciones. Sus violadores eran sobre todo parientes que jamás fueron denunciados. La mayoría de los 28 bebés que nacieron al día en 2019 fueron paridos por una niña que fue violada.   ¿Qué festejas, México? ¿Que miles de niñas y mujeres sigan muriendo en abortos clandestinos? ¿el problema de salud pública que esto representa? ¿festejamos que México ocupe el segundo lugar a nivel mundial en embarazos por violencia sexual, relaciones sin protección o por matrimonios forzados?  Se celebra con el pañuelo azul celeste amarrado al cuello, que una vez nacidos, esos niños se sumen a la cifra de los 30 mil infantes que continúan a la espera de ser adoptades en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)., o de los 13 mil niños y niñas en situación de calle, o de los más de 4 millones de niñes que viven en situación de pobreza extrema o a los más de 2 millones de infantes que son parte de la cifra que posiciona a México en el segundo lugar en Latinoamérica en trabajo infantil.  Que nuestros derechos no sean garantizados no es motivo de celebración. Que no se perciba la separación Iglesia-Estado es motivo de preocupación. Porque se siguen tomando decisiones de salud pública y discutiendo problemas de salud pública desde nuestras creencias religiosas y perspectivas científicas obsoletas adaptadas convenientemente al sistema Iglesia-Estado.  Las muertes por abortos clandestinos son feminicidios perpetuados por el sistema Iglesia-Estado. Porque los derechos en México no son para todas, porque muchas viven desigualdad por ser mujeres, y niñas y además por su condición económica y social. Es un derecho violado y es feminicidio de Estado.  Criminalizan a niñas y mujeres que no tienen acceso a educación sexual, laica, científica, con perspectiva de género; conocimiento y medios para acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos y estrategias de planificación familiar; mujeres y niñas que desconocen sus derechos sexuales y reproductivos; mujeres en situación de migración, de calle, de pobreza; niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Porque las que tienen dinero no necesitan el permiso del Estado, le pagan al Estado, y pagan la conciencia de los médicos que se lo obstaculizan a otras. Hay mujeres que tienen los recursos para garantizar su derecho, comprándolo. Porque en México quien tiene dinero, también tiene derechos garantizados.  Tú vistes azul celeste, yo tengo el luto en el cuerpo, por las niñas y mujeres que dejan morir en abortos clandestinos, y por las que obligan a ser madres sin querer serlo. 

Todas las promesas robadas

  Ayer se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha que de manera aún modesta busca despertar conciencia sobre la magnitud de una de las formas de esclavitud más graves en la historia contemporánea de nuestras sociedades. La trata de personas es una actividad con impacto y presencia global que funciona a través de complejas redes criminales trasnacionales, y que tiene como objetivo explotar el cuerpo y la vida de sus víctimas tanto como estas sirvan para seguir generando dinero.  En la ley, se reconocen once modalidades distintas del delito de trata de personas. Entre las más graves están las distintas formas de explotación sexual y de trabajo forzado, así como el tráfico de órganos. Naturalmente, el delito afecta con particularidad a ciertos grupos: niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, gente que proviene de comunidades rurales e indígenas y mujeres en condición de vulnerabilidad. El fenómeno se reproduce en las cicatrices de las sociedades: quienes caen en redes de trata generalmente están en situación de pobreza, tienen poco acceso a estudios o se encuentran en contextos de violencia familiar.  La trata afecta de manera completamente desproporcionada a las mujeres (también a las mujeres trans, para quienes todavía se confunden) pues se calcula que entre el 70 y el 95% de las víctimas a nivel mundial pertenecen a este género. Las personas en situación de movilidad, por el simple hecho de estar lejos de sus redes de apoyo y su contexto cultural, también son más proclives a ser víctimas de este delito.   Las diversas formas de explotación del cuerpo de las personas derivan en un negocio redondo, que le genera fuertes ganancias a los grupos criminales organizados. Hay quienes dicen que ya se está llevando más dinero por delante que el tráfico de algunas drogas. Sin embargo, a diferencia de este, es un problema sumamente invisibilizado a la que los gobiernos dedican poco tiempo y recursos. Todo mundo sabe que hay pornografía infantil, prostitución forzada o jornaleros agrícolas en situación de esclavitud. Pero de eso a que haya acciones coordinadas para detener el problema o por lo menos una fuerte discusión sobre el mismo, hay un gran trecho.  Caer en una red de trata es particularmente peligroso para quienes buscan nuevas oportunidades. Muchos de los mecanismos de enganche funcionan a base de promesas: un mejor trabajo, una nueva vida en otro lugar, o hasta un nuevo amor. Con promesas, cientos de trabajadores rurales del sur del país deciden dejar a sus familias para emplearse como jornaleros en los estados del norte, hasta que se percatan que en realidad no pueden salir de ahí cuando quieran, ni recibir el pago prometido por su trabajo. Con promesas, las refugiadas venezolanas radicadas en las grandes ciudades de México encuentran empresas que les ofrecen empleos atractivos e inmejorables prestaciones, para luego descubrir que forman parte de redes de trabajo sexual forzado de las que ya no pueden escapar, si es que no quieren perder la vida.  En el contexto de la pandemia por el Covid-19, expertos advierten que la crisis económica y de desempleo es un caldo de cultivo muy fértil para que las redes de trata intensifiquen sus operaciones. Con los tugurios y teibols con permisos legales cerrados, los bules y las casas de prostitución clandestinas (en dónde las redes de trata venden a las mujeres) se quedaron sin competencia. Con los pedófilos encerrados en sus casas, la demanda de niños, niñas y adolescentes obligados a ser grabados para el consumo de pornografía infantil es más fuerte que nunca. Con millones de personas con desempleo y hambre, los trabajos de catorce horas al día que solo pagan con techo y comida se están volviendo la última alternativa para personas que tienen que sobrevivir.  Combatir la trata de personas requiere de mucha investigación, mucho presupuesto y mucha voluntad política. La mayoría de los gobiernos carecen de las tres cosas. Afortunadamente cada vez más organizaciones y colectivos ciudadanos se coordinan con agencias intergubernamentales y presionan a las autoridades para intentar contener el problema. Hay mucho por hacer: desde identificar las redes de enganche, hasta brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas rescatadas para que puedan reintegrarse a la vida autónoma.  La lucha contra la trata también pasa por la búsqueda de derechos laborales y condiciones dignas para quienes decidan ejercer el trabajo sexual como ocupación, rechazando la doble moral blanca que busca abolirlo pero que solo logra empujarlo más a la clandestinidad. Pasa por ofrecer sueldos suficientes y horarios justos a los trabajadores en vez de recurrir a romantizar la explotación laboral con un discurso de falsas promesas de movilidad social. Pasa por dejar de reconocer el trabajo infantil como una forma de “emprendimiento” y visibilizarlo como consecuencia de las políticas sistemáticas de abandono a la niñez y de empobrecimiento de las familias.  Es vital arrebatarle todas las promesas robadas a quienes de manera completamente deshumanizada explotan cuerpos y esperanzas para hacer dinero. A las autoridades que con corrupta complicidad, lo permiten. La trata de personas es uno de los fenómenos más oscuros del capitalismo global y forma parte de sus ciclos productivos. Para erradicarla por completo, es impostergable cambiar el sistema.  Corolario En Colima, las desapariciones se incrementan sin freno. De acuerdo con cifras recientemente publicadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, alrededor de 1200 personas no han sido localizadas en los últimos 13 años. Tan solo en 2020, se contabilizan 70 desapariciones y la cifra sigue aumentando. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto?  El viernes 24 de julio Jorge Navarro Llamas ya no regresó a su casa. Tiene 19 años, es de complexión delgada, ojos color café y cabello castaño obscuro. Ese día portaba una playera negra con cuello en V, un pantalón de mezclilla y unos tenis Vans negros. Su novia y familia lo están buscando. Cualquier información es relevante.

Prisioneras sin sentencia

  María viajaba por algún camino polvoriento de este país, cuando su automóvil dejó de funcionar. Sin señal, su única opción fue aceptar la oferta que le hizo un desconocido de llevarla hasta algún destino donde pudiera volver por su carro. En un retén, policías federales encontraron marihuana en el vehículo, por lo que los detuvieron. Durante la detención, María fue pateada con tanta brutalidad que ahora tiene sordera de segundo grado, y la violación que sufrió requirió una cirugía de reconstrucción del recto. A pesar que la Fiscalía no ha demostrado su culpabilidad, y que además es víctima de un proceso viciado por la tortura física y sexual, ella ha vivido más de cuatro años en una cárcel mexicana, debido a que los delitos contra la salud son graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. La historia de María es una entre decenas de miles, que con mayor o menor brutalidad sufren de encarcelamiento sin que se les haya dictado sentencia. De acuerdo a un posicionamiento de Intersecta y otras organizaciones, en México 86,218 personas se encuentran en situación de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que deben vivir en alguna prisión mexicana mientras que las fiscalías arman los casos contra ellos, cosa que puede tomar años. La prisión preventiva oficiosa es uno de esos vicios que arrastramos del viejo sistema penal inquisitivo, que tanto dañó a nuestra sociedad y que aún no terminamos de purgar. En este momento, contra la opinión de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y el sentido común, en el Senado se discute la posible ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aprobar ese dictamen significa erosionar derechos civiles bajo una justificación de dudosa calidad. En el dictamen que da cuenta de los 12 delitos más a los que se busca incorporar la figura de prisión preventiva oficiosa, hay un elemento en común con el que se busca justificar las penas antes de prisión: Es necesario porque esos crímenes se están incrementando, dañan a la sociedad y disminuyen la confianza de la población en el estado. Sin embargo, esta justificación asume dos mitos sin fundamento: que la prisión preventiva disminuye la incidencia delictiva y además mejora la seguridad ciudadana. Las cifras sobre feminicidio claramente muestran que la incidencia delictiva es inelástica a la prisión preventiva oficiosa, pues los feminicidios cometidos en 2019 superaron en un 6% a los cometidos en 2018, a pesar que se incluyó al feminicidio en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en abril de 2019. Del mismo modo, a pesar de que se amplían el catálogo de dichos delitos, la población no se siente más segura, tal y como lo señalan diferentes encuestas sobre aprobación política que señalan a la seguridad como principal preocupación. Entonces, ¿Qué es lo que motiva a los políticos a apostar por la prisión preventiva oficiosa, si la evidencia nos dice que no funciona? Una combinación de incentivos perversos. Con diagnósticos incorrectos sobre los problemas, falta de estrategias alternativas efectivas y con presión social por políticas que resuelvan las cosas cueste lo que cueste, los políticos recurren al punitivismo. Además, a diferencia de reformas sustanciales que impliquen cambios sistémicos, o de adoptar políticas públicas que vuelvan eficiente el sistema actual, el punitivismo no requiere invertir tiempo, dinero, capital político o trabajo intelectual. Aunque errónea y peligrosa, la decisión es perfectamente lógica desde una visión electoral; pues no cuesta nada, no desgasta y permite decir que algo se hizo. El problema es que la prisión preventiva oficiosa sí tiene costos sociales que reducen el bienestar general de los mexicanos, con un énfasis cruel por el contexto de la pandemia y contra las mujeres. En este momento, la tasa de muertes de Covid por 100,000 habitantes es 2.3 veces más grande en la población que se encuentra en prisión que en la población general. Más delitos con prisión preventiva oficiosa significa que más gente irá a prisión sin sentencia, lo que contribuirá a las condiciones de hacinamiento que permiten la propagación del virus.  Por si esto no fuera suficiente, la prisión preventiva se ensaña con las mujeres. Comparando los efectos del uso de la prisión preventiva oficiosa entre géneros, 4 de cada 10 hombres en prisión no han recibido sentencia, mientras que 5 de cada 10 mujeres se encuentran en la misma situación. Además, las poblaciones que reciben prisión preventiva oficiosa crecen a diferentes ritmos, pues de enero a junio de este año, durante el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid 19, los hombres en prisión sin sentencia por delitos del fuero federal aumentaron en un 1.9%, mientras que las mujeres en el mismo caso aumentaron en un 10.3% Por sí misma, la idea de la prisión preventiva no es mala. Es indudable que existen casos particulares donde el riesgo de fuga, el daño a la sociedad, y la imposibilidad de mantener el debido proceso con otras medidas cautelares hace necesaria esta medida. Lo que sí es malo es tratar de convertir a la prisión preventiva en una política para mejorar la percepción de justicia a costa de hacer purgar penas antes de la sentencia. La evidencia demuestra que no es un elemento disuasorio de delitos ni incide en la percepción de seguridad, pero si tiene costos sociales fuertes, que afectan con particular saña a las mujeres. Tenemos que exigirles a nuestros senadores que se opongan a esta medida para preservar el debido proceso y los derechos humanos de decenas de miles de personas. De nuestros senadores depende en este momento cambiar la inercia política para plantear proyectos verdaderamente valiosos, o profundizar en medidas que tarde o temprano repetirán la tragedia de María.

La improcedencia del juicio y la evidente simulación

  He logrado percatarme del impacto que una opinión objetiva puede causar a la sociedad y, con ella, a los servidores públicos. Debido a los comentarios tanto de ciudadanos como de diputados a la columna anterior, decidí compartirles desde un punto de vista jurídico y ciudadano la razón del por qué el juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, promovido por la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso del Estado en contra de la aprobación del crédito de 740 millones de pesos al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez, es improcedente. El juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano es un medio de impugnación en materia electoral para recurrir aquellos actos que violenten, como su nombre lo dice, los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como de todos aquellos derechos humanos estrechamente vinculados; pudiendo ser el derecho a votar y ser votado, de expresión, audiencia, entre otros al margen de las circunstancias electorales. Ahora bien, el derecho parlamentario regula la estructura de las asambleas de los Congresos, su constitución e integración, el régimen de sus órganos de gobierno y grupos parlamentarios, reglamentos de procedimiento, actuación y disciplina, organización interna y administración; y las relaciones del Poder Legislativo con otros órganos y organismos del Estado. En días pasados los diputados de MORENA señalaron que los actos que se impugnan en el juicio son los siguientes:
  • Los preparativos a la celebración de manera virtual de la sesión número 11 del Congreso del Estado.
  • La aprobación del acuerdo número 40, en donde se autoriza como recinto legislativo la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado que se realizó el mismo 7 de julio.
  • Los actos preparatorios de la sesión número 12, y;
  • La aprobación del Decreto número 2886 por el que se le autoriza al Gobierno del Estado de Colima a contratar uno o varios financiamientos públicos por el monto de hasta 740 millones de pesos, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el pasado jueves 9 de julio.
  • Así como, la violencia política de género ejercida en contra de las diputadas locales Claudia Aguirre, Ana Karen Hernández, Araceli García Muro y Livier Rodríguez.
Todos los actos descritos forman parte del derecho parlamentario, más no del derecho electoral, la cuestión aquí es, ¿si la vía legal procedente para impugnar actos parlamentarios es mediante un juicio en materia electoral? NO, y esto lo ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando en la Jurisprudencia 34/2013 que, los derechos políticos-electorales de los ciudadanos se agotan al apropiarse del cargo político a ocupar y en el ejercicio de la función pública correspondiente. Excluyéndose de la tutela del derecho político-electoral los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente DESVINCULADOS de los elementos o componentes del objeto del derecho político-electoral. Siendo así, los hechos enlistados anteriormente, que son parte del juicio promovido y los derechos que se dicen violados están totalmente alejados del derecho electoral, haciendo que el juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano que busca se anulen los efectos la aprobación del crédito, sea improcedente. Si esto lo saben los diputados de MORENA, entonces, ¿no es acaso una simulación la promoción del juicio?  La peor parte es el oportunismo político hacia la sociedad que carece del conocimiento legal, pues esto nos demuestra, una vez más, que son parte de lo mismo que vemos Legislatura tras Legislatura. A la sociedad colimense le hace falta cuestionar más los actos de sus servidores públicos, en este caso, de todos los legisladores del Estado. Por lo tanto, invito a la fracción de MORENA hagan públicos los documentos y seguimiento del juicio que promovieron, y de todos aquellos actos promovidos que buscan impugnar la deuda que los colimenses acabamos de adquirir, porque esto es también parte de su trabajo y desempeño como buenos servidores públicos que dicen ser.  Les comparto las ligas donde pueden encontrar Jurisprudencia y Tesis del TEPJF relacionado al tema. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2013&tpoBusqueda=S&sWord=derecho,parlamentario  https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XIV/2007&tpoBusqueda=S&sWord=derecho,parlamentario  https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/21_Luis%20Raigosa.pdf 

RCP para la crisis de desempleo

  La semana pasada, en este espacio se mencionaron algunas cifras para ilustrar la magnitud del grave problema de empleo (y consecuentemente, de pobreza) que en medio de la pandemia ha puesto en una situación muy crítica a la mayoría de las personas en el país. El desempleo es un círculo vicioso. Cuando las personas no tienen ingresos, no pueden gastar, y si el dinero no circula, el mercado interno no se puede reactivar lo suficiente como para generar trabajo. Si no se le pone un freno en seco, el desempleo se reproduce a si mismo y la situación se vuelve cada vez peor.  En general, los gobiernos no han hecho lo suficiente para atender el problema. Más bien no han hecho casi nada. Aunque la 4T tiene un gigantesco programa de capacitación laboral con subsidio federal para jóvenes, en la práctica este ha servido para que las empresas tengan mano de obra gratuita sin incrementar sus contrataciones de manera significativa (más detalles en la columna “Jóvenes posponiendo el futuro” https://cutt.ly/JsyE9Ap ). Por su parte, pocos gobiernos estatales o municipales se han atrevido a generar políticas públicas suficientemente ambiciosas como para apaciguar la crisis laboral.  Entrarle a atacar el problema no es fácil, pero es necesario. Para empezar se necesita que circule el dinero. Desde antes de que se pusiera de moda entre los partidos políticos oportunistas, la izquierda consecuente ha lanzado la propuesta de la Renta Básica Universal, que consiste en garantizar a todas las personas un ingreso mínimo -en México, se proponen poco menos de 200 dólares al mes- para que puedan satisfacer su derecho a alimentación y vivienda, independientemente de si logran o no encontrar una chamba. Si todo mundo tiene al menos un poco de dinero para gastar, el mercado interno se reactivará con mayor rapidez y las personas podrán encontrar o generar fuentes de trabajo con mayor facilidad. Las políticas de creación de empleo directo también son indispensables. El gobierno de México tiene que renunciar ya a su austeridad neoliberal y promover la contratación directa de miles de personas en servicios públicos y obras de infraestructura bajo su control. Las instituciones públicas deben dejar de ser espacios en los que solo se contrata a amistades y personas con afinidad partidista para abrirse a los grupos más vulnerados por la crisis económica.  Otro espacio de acción está en las micro y pequeñas empresas. Para las formalmente constituidas, sí se requieren incentivos y condonaciones fiscales. Para los negocios que están en situación de informalidad, un programa realmente ambicioso de créditos a la palabra, combinado con oportunidades reales para incorporarse al mercado formal sin arriesgar sus posibilidades de supervivencia.  Hay un gran potencial de empleo en las pequeñas unidades familiares productivas. Si a México le queda futuro, no está en el Call Center que nunca dejará de pagar sueldos de hambre a sus trabajadores. Está en el puesto de tacos de la esquina, en el taller mecánico del vecino y en la parcela trabajada por todas las familias del pueblo. Para ellos sí es necesario pensar en subsidios para contratar más personas y en incentivos condicionados a un incremento continuo de los salarios.  Implementar políticas de este tipo es increíblemente caro. Pero comparado con las grandes fortunas concentradas en unas cuantas manos en el país, en realidad no es tanto. Desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria se han propuesto algunas ideas para financiar cuestiones como la Renta Básica Universal (https://cutt.ly/csy1svv): una reforma fiscal progresiva que obligue a los más ricos a pagar más impuestos. Una auditoría a la deuda pública para suspender el pago de la parte adquirida de forma ilegítima. Un impuesto especial para la especulación financiera. Estas acciones tocarían muchos intereses políticos y económicos, pero permitirían financiar las acciones necesarias para que una buena parte del país salga de la pobreza extrema.  El gobierno también puede generar financiamiento si el presidente aprende a reconocer sus errores y cancela sus megaproyectos ecocidas y poco rentables. Si les cobra los impuestos que deben a sus empresas amigas. Si renuncia a su intento de financiar bases electorales con programas sociales y los usa para lo que son.  Son tiempos críticos, que requieren acciones de grandes proporciones. Si las personas pueden cambiar su vida cotidiana para protegerse de un virus, la distribución de la riqueza tiene que poder cambiar para que la mayor parte de la población pueda hacer algo más que sobrevivir. No queda mucho tiempo, y si mucho por hacer.  Corolario. Dentro de lo que cabe, fue una buena semana para la 4T. López Obrador presentó una iniciativa de ley para que se incrementen las contribuciones patronales al sistema de pensiones, a través de las Afores. La mayoría de Morena seguramente la aprobará en el Congreso sin cambios. Si bien, lo anunciado no resuelve de fondo la emergencia con las pensiones en el país ni revierte el esquema privatizador impulsado a finales del siglo pasado, sí mejora significativamente las oportunidades de miles de personas para acceder a una pensión un poquito menos jodida. Enhorabuena.  Por cierto, andan muy callados los del PAN. ¿Cuántas pruebas más se van a necesitar para que reconozcan que fueron parte del cochinero de corrupción del gobierno de Peña Nieto? Hoy, se rasgan las vestiduras por tonterías mientras intentan presentarse como oposición responsable. No tienen vergüenza, de verdad.

En Colima no pasaba nada

  14 de marzo de 1998, en un rincón del país existe una pequeña ciudad costera de cocos y limones, donde se aprecia una tranquilidad paradisíaca envidiable: la gente se saluda y confía, hay frutas en las calles disponibles para todos, el tiempo se expande tanto como puede, llueve de manera consecutiva durante días, el calor aviva los corazones y se puede dormir con la puerta abierta sin miedo a que se metan a tu casa. El ponche, delicioso. Hay pocos foráneos, poca industria y demasiados conservadores. En las noticias sólo aparece su nombre cuando hay erupciones volcánicas, terremotos o ciclones tropicales. La mayoría de los habitantes trabaja, va a la escuela y descansa. Ningún colimense siquiera imagina que algo cambie esto. Ocho años después un evento nos tomaría por sorpresa, inicia la guerra entre cárteles oficiales y cárteles no oficiales, produciendo un efecto cucaracha en toda la región. La pequeña y paradisíaca ciudad colimense es asaltada por diversas razones, por su cercanía con las viejas plazas, por sus gobernantes de moral acomodaticia, por su falta de foco nacional y por su envidiable puerto. De esta forma algunas descripciones se invirtieron, aunque no todas a causa de este evento pero sí a causa de un proceso gradual de globalización.  Ya no hay árboles libres, todos están esclavizados y maquilizados, se les ha negado la gracia del dar porque sí. Ese líquido vital ha sido disminuido en sentido literal y en el que solía brindar alegría. La confianza está herida de muerte y las puertas cerradas con más de tres candados. Incrementan los foráneos y la industria no tanto como podría. El puerto, corrompido. Colima comenzó a hacerse notar por sus altísimos índices de violencia; asesinatos de civiles, implicados y funcionarios públicos; secuestro de ellos para el negocio y de ellas para la trata; muerte para quienes les tocó el lado de la desventaja histórica.  En fin, esta entidad está trastornada desde su médula. Podemos rastrear su etiología olfateando la putrefacción en la élite política, han robado tanta vida que se les empieza a morir todo en su interior. Basta con observar a nuestro alrededor para deducir de la inmediatez percibida la letal falta de vida. En ocasiones, tengo un poco de compasión por quienes tanto y tanto conservan ¡No saben de las maravillas de andar ligero!, pero después recuerdo cómo han aprovechado las ventajas azarosas de haber nacido privilegiados, cómo mantienen su estatus a costa exclusiva de lo ajeno y cómo tienen la inteligencia a merced de la agresividad, que la sed de justicia se intensifica y me hierve la sangre. No obstante, toda esta escalada de violencia generalizada hacia la vida misma ha sido gradual desde hace siglos, ni me sorprenden ni me espantan estas calamidades.  Las explosiones culturales vividas en todo lo que hoy conocemos con el nombre de América nos ha dejado hasta la fecha aturdidos pues no se trata sólo de una efeméride más, se trata del último big bang a escala humana conocido y el inicio de un nuevo estadío de la globalización, el cual en forma de espiral ha ido desarrollándose de manera paradójica. Una misma especie que tuvo un mismo origen se reencuentra después de miles de años y lo único que hace es desconocerse. Este hecho ha traído diversas situaciones que no pueden encasillarse simplemente en dos posturas, dado que en la realidad la dualidad siempre es aparente, por lo que bastará con decir que el impulso de la vida nos ha traído hasta aquí. ¿De qué manera nos ha traído? Según observo, a la mala. Con esto quiero decir que han sido siglos violentos, a cuentagotas en favor de la justicia y siempre arrebatando. Hemos pasado de la esclavitud física a la cultural y económica. Si analizamos un poco, básicamente todos los países americanos tienen unos 200 años de haber sido fundados como los conocemos en la actualidad. Por ende, tenemos mucho por experimentar todavía si, por ejemplo, nos comparamos con países como China que tiene 5000 años de existencia y no sólo eso, sino que además han sido sin conquistas ni saqueos colosales como los ocurridos en América.  ¿Qué tiene que ver Colima con todo esto? Bueno pues mucho. La globalización ha sido un proceso natural que ha impactado, sí, a todo el mundo y hasta el último rincón costero paradisíaco. Las cosmovisiones están tan entremezcladas que no permiten ver con claridad, principalmente en países con dos siglos de semi independencia, fenómeno mundial que debe someterse a escrutinio. Colima ni crece, ni desaparece ni disminuye, se ha mantenido entre la vida y muerte, en extremo a punto de estallar, tal como la situación generalizada del país. Está entre la declarada guerra contra el narco, una política ortodoxa, la pujante globalización y estas ganas de enaltecer la vida de una gran mayoría. Su forma es la de una quimera que no pertenece ni a estas tierras ni a estos tiempos. Y es que en Colima ya pasa de todo menos la justicia.  23 de Julio de 2020 – La realidad colimense en particular, y la mexicana en general, han sufrido un trauma, reparable. Es momento de que la juventud actual y las generaciones venideras comencemos a reparar el sistema y sanar las viejas heridas en todos los niveles. Debemos encaminar esa quimera a donde pertenece. El despertar de conciencia duele, pero es necesario. Es momento de crear un sistema propio de pensamiento desde las condiciones geográficas en las que específicamente estamos y, por supuesto, desde los nobles ideales, que sea congruente y no impuesto. El momento, como ya has escuchado quizás más de una vez querido lector, el momento de vivir es hoy. 

Afirma Prepa Freire que se tergiversó la información

  La preparatoria privada Paulo Freire afirmó que se tergiversó la información respecto a su solicitud de obtener la concesión de un espacio público para la construcción de sus instalaciones. Luego de que vecinos de la Colonia Villas Bugambilias manifestaron su rechazo a la donación de su área verde a este colegio, la institución educativa aseveró que cuando hizo esta petición al Ayuntamiento de Villa de Álvarez no se especificó un domicilio en particular y mucho menos se realizó la petición formal sobre algún jardín vecinal. «En Prepa Paulo Freire lamentamos la tergiversación de información que se ha generado en publicaciones politizadas en redes sociales, en las cuales se ha hecho alusión a que la institución de manera ‘voraz’ ha decidido solicitar la concesión de un jardín vecinal para la construcción de sus instalaciones», expuso. «Estas declaraciones tendenciosas se han realizado sin conocimiento de causa y comprometen la imagen de la institución». Añadió que requiere un lugar adecuado para su proyecto de escuela sustentable, por lo que invitó a los colonos, a la síndico Karina Heredia Guzmán y a la Coordinadora Socialista Revolucionaria a informarse y conocerlo. «De acuerdo con las necesidades actuales tenemos la visión de que la construcción, la estructura y la infraestructura de nuestras instalaciones serán completamente ecológicas», abundó. «Reiteramos y agradecemos ampliar su investigación e indagación de la situación que acontece con la finalidad de no agraviar a tercer que no hemos sido informar de tal suceso». El Centro de Desarrollo Cognitivo Paulo Freire también expresó su rechazo a que se busque una polarización desinformada que culmine en una lucha entre los colonos y esta institución educativa. «Asimismo, instamos a los medios alternos a difundir información veraz, a la vez que deje de lado disyuntivas con el fin de realizar su imagen», finalizó.

Poder privilegiado

  ¿Cuál es la relación entre Emilio Lozoya, los garrafones con bacterias y materia fecal que circulan en Ciudad de México, y la construcción de casas con el radioactivo elemento Cobalto 60 en el norte de México? Que los tres hechos vienen de un mismo origen: el uso privilegiado del poder. Aunque estas tres tragedias ocurrieron en diferentes administraciones federales, fueron realizadas por actores que no están relacionados, y generaron distintas consecuencias, todas son amenazas al bienestar de los ciudadanos y flagrantes violaciones de las leyes mexicanas. Asimismo, también son hechos perfectamente lógicos en un país donde nunca se construyó un estado funcional para evitar los excesos del uso privado del poder, lo que suele derivar en institucionalización de la violencia y la corrupción. A pesar de que durante los últimos 100 años hemos tenido gobiernos relativamente estables, esto no se ha traducido en la creación de un estado funcional con un sistema de justicia confiable. En su lugar, el estado mexicano actual es una suma de estructuras de poder que administran privilegios para círculos selectos en los diferentes niveles de gobierno, utilizando a la ley de manera personalista, selectiva y sujeta a criterios políticos. Además, la falta de estado funcional ha creado barreras de acceso al poder para los ciudadanos, por lo que no existen contrapesos suficientes desde la sociedad civil organizada y la población en general. Estos dos factores han incidido profundamente en la falta de una política de estado para combatir la corrupción, porque han creado un sistema de incentivos para sabotear la institucionalización de medidas que puedan ejecutarse de manera sistemática y sean auditables por la ciudadanía. Durante los tres sexenios previos al actual gobierno se vivió un cambio de élites en el poder, pero no se cambiaron las reglas del juego que permitían el uso privilegiado del poder. El resultado de un cambio así se encuentra en que la corrupción siguió operando de manera habitual en todas las esferas, desde los altos funcionarios que dañaron sustancialmente al erario, como en los pequeños empleados que convertían sus ventanillas de atención en fuentes de ingreso ilegales. Sin duda, el gobierno actual está intentando cambiar algunas cosas y traer justicia, pero esto no se está traduciendo en una institucionalización de la política anticorrupción. El ejemplo claro de la falta de institucionalización de la política anticorrupción se encuentra en la situación actual del Sistema Nacional Anticorrupción. En lugar de dotar de herramientas, presupuesto y personal a un mecanismo que podría utilizarse para combatir la corrupción con una visión que trascienda gobiernos, se le descalifica, recorta presupuesto y reduce personal que podría hacer la diferencia. La falta de institucionalización no es cosa menor. Sin ella, los factores que permiten el uso del poder privilegiado seguirán en su lugar, lo que tarde o temprano terminará incentivando al abuso por parte de las élites en turno. Aunque el juicio de Lozoya causa fuertes expectativas en este momento, deberíamos preocuparnos más en diseñar mecanismos para prevenir que esto suceda, en lugar de esperar juicios espectaculares con el fin de cada sexenio.

Rechazan vecinos privatización de área verde en VdeÁ

  La escuela preparatoria privada Paulo Freire busca que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez le done el jardín vecinal de la Colonia Villas Bugambilias, ubicado al norte del municipio, para la construcción de un plantel educativo. Desde el pasado fin de semana los vecinos comenzaron a ser encuestados por personal del Ayuntamiento sobre si estaban de acuerdo o no con la donación del terreno al Centro de Desarrollo Cognitivo Paulo Freire. Sin embargo, los colonos manifestaron su desacuerdo y comenzaron a recolectar firmas logrando recolectar más de 200 hasta el momento; la meta son 500. «Rechazamos la construcción de una escuela privada en esta área verde», indica un lona colocada en este jardín. Según vecinos, será este jueves cuando sesione el Cabildo para discutir y votar la donación del inmueble, el cual está ubicado atrás de la escuela primaria Este jueves el Cabildo sesionará para discutir y votar la petición de donación del Colegio. Actualmente la Prepa Paulo Freire está ubicada en Plaza La Palma, en Avenida Ayuntamiento, Villa de Álvarez, y ofrece bachillerato semiescolarizado y bachillerato en línea.

Freire debe estar revolcándose en su tumba

  Es mentira que las grandes fortunas se hagan a base de esfuerzo honesto: siempre están cimentadas sobre la explotación de las y los trabajadores y de la apropiación de lo público. En el episodio local más reciente de esta máxima, tenemos el caso de una empresa educativa que solicitó la concesión del jardín de la colonia Villas Bugambilias para la construcción de sus instalaciones. El Centro de Desarrollo Cognitivo “Paulo Freire” lleva el nombre del gran pedagogo brasileño, fundador de la pedagogía crítica latinoamericana, que fue exiliado de su país por oponerse a la dictadura y a los grandes capitales y dedicar su práctica educativa a la organización y toma de conciencia de las clases oprimidas. Es esta la empresa en cuestión que quiere beneficiarse de un área verde pública para levantar la infraestructura que le ayude a cumplir su misión de “formar emprendedores”. Educación privada + devastación ambiental + despojo + ideología de la clase explotadora. Paulo Freire deberá estar revolcándose en su tumba. Sin embargo, esta intentona se topó con la rápida organización de las y los vecinos que alertaron a la opinión pública a través de los medios de comunicación, encararon al presidente municipal de Villa de Álvarez y comenzaron a recabar firmas al mismo tiempo que creaban redes barriales activas. Todo esto en tan solo tres días. Ayer asistí al jardín de dicha colonia en donde, bajo la sombra de una imponente parota, se instaló una mesa de recolección de firmas. Sandra, una de las vecinas organizadoras, me comentó la preocupación que siente por defender el jardín, primero de manera intuitiva, después, cuando le hablaron de cómo las áreas verdes impiden la creación de islas de calor y favorecen la filtración del agua, con argumentos más científicos. Señalando a su hija pequeña, mencionó que quería dejarle un mejor mundo a ella y a las nuevas generaciones y que el primer paso era ganar esta batalla apropiándose de manera comunitaria del espacio público. Terminó diciendo que “esta lucha es un precedente no nada más para esta colonia, sino para todo Colima y Villa de Álvarez, pues al parecer, concesionar espacios públicos a privados es una práctica común. (…). Queremos que la ciudadanía vea que sí se puede ganar, siempre y cuando haya organización, fundamentos y movilización.” Tremenda lección nos da el compromiso y la determinación de esta mujer. Por lo pronto están atentos a la próxima sesión de cabildo en la que esperan quede descartada la concesión solicitada por empresa. Mientras tanto no se confían y continúan alerta y movilizados. Incluso, les ha llegado nueva información en donde se afirma que otros dos jardines públicos de los alrededores están en peligro. El contubernio gobierno-empresarios sigue buscando la manera de tragarse lo que es de todos. Después de 40 años de neoliberalismo, nos queda claro que lo privado no es más eficiente, ni más útil, ni más barato ni menos corruptible que lo público. En México tenemos muchos ejemplos de esto. Si a nivel macro, ser antineoliberal (y anticapitalista) significa impulsar la propiedad comunal, cancelar las concesiones mineras y los megraproyectos y renacionalizar y poner bajo control público los sectores claves de la economía, a nivel micro es ganarle a la lógica privatizadora este tipo de batallas y de paso contribuir a que las clases populares tomen confianza en sus propias fuerzas. Todo lo demás es retórica.

Critica senadora sumisión de diputados a Nacho

  La senadora Gricelda Valencia criticó la sumisión de la mayoría de los diputados locales a los intereses del Gobernador Ignacio Peralta Sánchez tras la aprobación del crédito por 740 millones de pesos. «En 2018 el pueblo de Colima eligió como sus representantes a los diputados locales, cuyo deber es velar por los intereses de la ciudadanía y el no someterse», comentó a través de Facebook. En ese sentido, la legisladora morenista criticó que se hayan manipulados las actas de las sesiones legislativas en las que se aprobó el nuevo endeudamiento, las cuales, dijo, omiten los actos de violencia que sufrieron los legisladores de Morena, quienes se opusieron al crédito. «Es lamentable que los diputados que se deben al pueblo se sometan a los intereses del Gobernador del Estado de Colima al manipular las actas de las sesiones 11 y 12 del Congreso del Estado, en las que se omiten las violaciones a los derechos político electorales y los actos de violencia que sufrieron los diputados que se opusieron a la aprobación la deuda de 740 millones de pesos», expresó. «Al manipular las actas del Congreso, hemos llegado al punto donde la ficción se convirtió en realidad al puro estilo del poder por el poder». Valencia consideró que el Mandatario estatal tiene nulos resultados en materia de seguridad y salud, además de que ha derrochado y malgastado los recursos públicos del estado. «¿Cuál es el afán del Gobernador de meter las manos al Congreso local?», cuestionó. «Es evidente que se movieron voluntades, pero esas voluntades atentan contra los derechos del pueblo». El pasado 7 de julio, durante una sesión en una sede alterna, el Congreso de Colima aprobó que el Gobernador pueda contratar una nueva deuda de largo plazo hasta por 740 millones de pesos. Esta sesión fue convocada horas antes a través de una sesión virtual, la cual fue calificada de ilegal por la mayoría de los diputados de Morena. Posteriormente, la noche del 15 de julio, sesionó la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local. En esta reunión, el coordinador del PT en el Congreso de Colima, Carlos César Farías, arrebató -con el apoyo del resto de las fracciones parlamentarias- la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno a su homólogo de Morena, Vladimir Parra. Una vez en el cargo, Farías convocó a una sesión virtual del Pleno del Congreso para el domingo 19 de julio en la que, entre otros temas, se sometieron a votación las actas de las dos sesiones celebradas el 7 de julio. La diputada Ana Karen Hernández calificó estas actas como ilegales, pues carecen de información y no se establece el precepto jurídico por el que se convocó a sesión virtual. Asimismo, pidió se inserte el fundamento jurídico por el que se sustentó convocar a una sesión virtual y se establezca la llegada de los cuerpos policiacos a la sede alterna. Tras la intervención de varios legisladores, las propuestas de modificación fueron desechadas, por lo que las actas fueron aprobadas como originalmente estaban redactadas.