En los últimos días he visto varios periódicos locales con titulares del tipo “Pide directora de Conacyt defender, proteger y robustecer la autonomía de las universidades”. Me imagino que son boletines de la propia Universidad de Colima, pues se hace mucho énfasis en lo que tal o cual actor dice sobre la autonomía, un concepto al que están recurriendo las autoridades universitarias para resistir una aparente embestida política en su contra a través de la modificación de su Ley Orgánica.
Curiosamente, y siguiendo la propia lógica del discurso de las élites universitarias, están validando la opinión de actores externos: el subsecretario de gobernación, la directora de CONACYT, el rector de la UNAM. Claro que estos personajes no están intentando modificar la normativa que rige la forma en que se estructura la vida de la Ucol, pero están emitiendo una opinión política sobre cómo debería regirse la universidad, algo que cuando es poco favorable para quienes hoy dirigen este organismo, se descalifica como injerencia ajena.
¿Qué significa la autonomía? Desde Kant hasta los zapatistas esta palabra puede tener distintos usos, aunque en general, tiene que ver con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Si pensamos en un individuo imaginario, que es mayor de edad, no tiene un salario suficiente y vive en casa de sus padres, seguramente la idea de autogobernarse será altamente complicada. Pero si este mismo individuo logra la emancipación económica y tiene una vivienda propia, tampoco es que podría hacer lo que se le venga en gana, por ejemplo, poner un laboratorio de anfetaminas y tener música altísima a las 4 am.
La analogía puede ser muy burda pero ilustra el problema de la autonomía: esta no puede ser pensada en el aislamiento. Aplicado a una comunidad política, el principio de autogobierno puede generar cajas negras en la toma de decisiones, vacíos de responsabilidad y prácticas autoritarias. No es ninguna novedad que en México muchas universidades son cotos de poder de élites que utilizan los recursos financieros y políticos para impulsar proyectos de gobierno, respaldar o chantajear actores políticos, e incluso procesos de enriquecimiento personal. En esta autonomía la comunidad universitaria en realidad no tiene mucha voz.
No por ello hay que renunciar a la defensa de la autonomía universitaria. En México y América Latina las universidades públicas han sido fuente de democratización, principalmente por movimientos estudiantiles, por la circulación de ideas, pero también por la formación de cuadros políticos. Tenemos que redefinir lo que significa una comunidad universitaria autónoma y asumir que esta no carece de responsabilidad ni de lazos con el sistema político y otros poderes del Estado.
Las concepciones de autonomía que ponen un cerco a quién sí y a quién no puede ejercer influencia sobre la vida de las universidades son un recurso elitista y oportunista. Imaginemos que el congreso estatal promoviera una reforma para incrementar las capacidades de financiamiento de la universidad ¿las autoridades se opondrían de forma histérica por la intervención de un agente externo sobre sus asuntos? Lo dudo mucho. Están amenazando su control político, lo que también pasó con la UNAM y otras universidades estatales.
Cambiemos ahora el foco ¿Quién promueve las reformas a las leyes universitarias? Grupos de legisladores que reivindican una idea de democratización de las universidades, pero que, para mi gusto, no tienen la fuerza suficiente para ejercer un poder mayoritario desde un poder del Estado como para sacudir una estructura legal que probablemente podría llevar a un cambio en las dinámicas de poder de las universidades, y la muestra está en que la mayoría de estas leyes han sido retiradas o están en pausa.
No desestimemos. La sola amenaza puede producir efectos interesantes. Habrá que ver si lo que sucede es que las élites locales se cohesionan o algunos universitarios valorarán la necesidad de apoyar cambios que no necesariamente requieran de la voluntad de una comunidad a la que se le reclama autonomía pero se le niega voz.