Los responsables de los despidos, ¿Gobierno estatal o Congreso del Estado?

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El pasado 18 de diciembre del año en curso, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado, informó que a partir del 01 de enero de 2020 se realizarán diversas bajas a los trabajadores del Gobierno estatal que tengan contrato con vigencia al 31 de diciembre de 2019, refirió “es una medida muy dolorosa, por supuesto que no es un tema de voluntad, es un tema que nos lastima, conocemos cuáles son las consecuencias de esto… asumo la parte del costo político que me corresponde a mí como Ejecutivo del estado, pero es un tema que es necesario, estamos obligados a hacerlo, es un tema de ley”.

 

Asimismo, el Gobernador señaló que los despidos son consecuencia a las reducciones del presupuesto del año 2020 otorgado por el Congreso del Estado, debido al recorte de 135 millones de pesos a la partida de servicios personales, por lo que es necesario el ajuste a las finanzas públicas.

Posterior a este comunicado, diversos miembros del Congreso estatal señalaron que el motivo por el cual el Gobernador excusaba los próximos despidos era totalmente falso, pues los recursos asignados a la partida de los servicios personales para el 2020 no sufrieron ninguna disminución, por el contrario, aumentaron 27 millones de pesos respecto al monto ejercido este año.

Entonces, ¿a quién debemos responsabilizar de estos despidos?

Nada nuevo que se pasen la bolita de la responsabilidad.

Al Congreso se le olvida que los recortes de presupuestos y las malas asignaciones de éste tienen consecuencias, y también está dejando de lado su aumento de varios millones de pesos y, hasta el momento, no están generando empleo con ese presupuesto aprobado.

Si bien las próximas bajas laborales no son la mejor elección del Gobierno estatal, tampoco es nuevo que elijan este método, ya que se ha convertido en un modus operandi año con año, y las justificaciones van creciendo: que si el presupuesto asignado por el Congreso, la bancarrota de los gobiernos estatales pasados, la deficiencia del presupuesto federal, entre otras más.

¿No será a caso que quienes están administrando las finanzas estatales no tienen la menor idea de cómo hacerlo? Parece que mecen el presupuesto de un lado a otro sin importar la afectación social que están generando, más allá de un costo político.

Considerando en que se despedirán a trabajadores que llevan más de 10 o 15 años de contrato, éstos al momento de una demanda laboral o administrativa tienen toda la legislación a su favor y seguramente el Gobierno estatal terminará pagando un finiquito de miles de pesos y no se diga salarios caídos, de los cuáles el costo será mayor de manera económica para el Estado.

Habría que ser más visionarios para tomar este tipo de decisiones que afectan a la sociedad colimense y al mismo Gobierno estatal, pues aparentemente solo van a jinetear el dinero que al final terminará destinándose para la liquidación de los mismos trabajadores ahora ya despedidos, si promoviesen una demanda.

Al Congreso le corresponde hacerse responsable de su parte y en vez de emitir comentarios polémicos, debería estar proponiendo soluciones al impacto económico-laboral que habrá en la sociedad colimense por estos despidos.

Y sin olvidarnos de las autoridades financieras del Gobierno del Estado, habría que comenzar a priorizar las áreas para destinar el recurso asignado, ya que, en estos casos, el fin no justifica los medios.

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Abogada. Me he desempeñado como servidora pública en la administración pública federal y estatal, actualmente laboro en la Secretaría de Economía. Cuento con un videoblog para incentivar la cultura legal en la sociedad mexicana. He participado en diversos proyectos sociales, actualmente en Salvando Vidas Colima como prevención al suicidio.