El Congreso del Estado de Colima busca endurecer las penas por la violencia contra las mujeres para que haya cero impunidad en este delito.
Con el respaldo de los legisladores locales, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, Ana Karen Hernández Aceves, presentó durante la sesión de ayer la iniciativa para adicionar los capítulos de violencia digital, obstétrica y política al Código Penal de la entidad.
En un comunicado, el Poder Legislativo detalló que la propuesta define que comete delito de violencia digital quien hostigue o envíe contenido no requerido una o más veces a través de tecnologías de comunicación, redes sociales, correo electrónico o mensajería instantánea y dañe la dignidad personal u otro bien tutelado por la norma.
Se impondrá pena de 11 meses a seis años de prisión y multa en el momento de la comisión del delito, y la sanción será mas severa cuando se trate de menores de edad.
Se penalizará con seis a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien contacte a menores de 18 años que no comprendan el significado del hecho y aún con su consentimiento no pueda resistirlo, y requiera un encuentro sexual, imágenes o audios de actos de connotación sexual.
Asimismo, la violación a la intimidad sexual se sancionará con tres a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil días multa que se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea niña, niño, adolescente o persona con discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio.
La violencia obstétrica la comete el personal de salud que con su acción u omisión ejerza de manera directa o indirecta, y afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, lo cual será castigo con prisión de dos a seis años y multa de 10 a 50 cuotas.
Esto incluye efectuar prácticas sin el consentimiento expreso e informado de la mujer; omita otorgar atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto, puerperio o emergencias obstétricas; obstaculice sin causa justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer.
También se castigará por alterar el proceso de parto de bajo riesgo mediante medicación o técnica de aceleración, sin consentimiento de la mujer, y por realizar cesárea cuando existan condiciones para parto natural sin anuencia de la madre.
De igual modo, se sancionará por violencia política a quien dolosamente anule o limite derechos políticos o funciones públicas a una mujer por razones de género, y se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 400 días-multa.
Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género cuando existan situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima, o existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones del género.
Las sanciones se aumentarán hasta por la mitad cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público o dirigente partidista, cuando se emplease violencia o engaño, o por aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la mujer.
Al exponer la iniciativa en el Pleno, la diputada Ana Karen Hernández señaló que para nadie es ajena la noticia que el Estado de Colima ocupa los primeros lugares en feminicidios y agresiones contra mujeres.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre 408 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas, una tasa de 105.1 casos por cada 100 mil mujeres, lo que coloca a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional.
Añadió que de los 66 asesinatos de mujeres sólo seis fueron tipificados como feminicidios, es decir 1.5 víctimas por cada 100 mil mujeres, colocando a la entidad en el séptimo lugar nacional.
En la lectura del documento también participaron las diputadas Liz Rodríguez, Gretel Culin, Livier Rodríguez, Remedios Olivera, Malú Berver y Ana Landa.
La Presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín García, instruyó turnar la propuesta a comisiones para su análisis.