Piden juicio político contra el Rector

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En su demanda de juicio político, los universitarios señalan que el manejo discrecional del fondo abre la puerta al manejo turbio y da lugar a sospechas de desvío de recursos.

Por el presunto desvío de mil millones de pesos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), ex trabajadores universitarios pidieron a la Cámara de Diputados y al Congreso del Estado enjuiciar políticamente al Rector de Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava.

 

La demanda de juicio político fue presentada por José Miguel Rodríguez Reyes, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), y Leonardo César Gutiérrez Chávez, ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC).

«El Fosap tiene mil millones de pesos menos de los que debería de tener», afirma la solicitud de juicio político a la que PERRIODISMO tuvo acceso.

«La obstinación por impedir la transparencia en la Universidad de Colima pretende ocultar la existencia de múltiples delitos aún más graves que dañan el patrimonio de la institución y afectan al de sus trabajadores», advierte el documento.

En su demanda de juicio político, los universitarios señalan que el manejo discrecional del fondo abre la puerta al manejo turbio y da lugar a sospechas de desvío de recursos.

Ejemplificaron que al término de 2014 el Fondo contaba con 778 millones de pesos, pero un año después reportó un saldo de 578.2 millones de pesos, una diferencia de 200 millones a pesar de que la nómina de pensionados era de 112 millones.

En este periodo, al Fondo ingresaron 104 millones de subsidio estatal y debió haber recibido 130 millones de pesos más por aportaciones obrero-patronales, así como otro monto por los intereses generados, pero de estos últimos no hay registro.

Para el manejo de los recursos, el Fosap debe contar con un Comité Técnico integrado por tres funcionarios universitarios y tres dirigentes sindicales que debió instalarse hace 17 años .

El Reglamento del Fosap fue publicado en el año 2002 por el entonces Rector Carlos Salazar Silva.

Rodríguez y Chávez también denunciaron una misteriosa deducción quincenal en la nómina de aproximadamente 15 por ciento denominada «APPS», cuyo sustento legal y destino se desconoce.

«Si se toma en cuenta que en la Universidad de Colima labora un aproximado de 3 mil 700 trabajadores y que a todos sin excepción, sean sindicalizados o de confianza, se les hace este descuento, se puede apreciar la dimensión multimillonaria de este despojo», indicaron.

Ante estas irregularidades, los solicitantes demandaron una auditoría a las finanzas de la institución educativa y el inicio del procedimiento de juicio político contra el dirigente universitario.

En medio de la exigencia de transparencia en los recursos de la Universidad, ocho trabajadores universitarios han sido cesados, entre ellos los propios Gutiérrez Chávez y Rodríguez Reyes.

La solicitud fue presentada desde enero pasado y hasta el momento no ha obtenido respuesta por parte de los diputados federales ni locales.

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