La ley de movilidad

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El gobierno de Peralta Sánchez presentó una iniciativa de Ley de movilidad. La iniciativa gubernamental es buena, la sustancia que la orienta es sumamente progresista y su redacción es amplia y detallada. Es un instrumento legal y político pensado para ordenar el desarrollo urbano con el ciudadano como centro, aunque en un contexto de bajas capacidades estatales y corrupción parece difícil de lograr.

La propuesta del gobierno estatal establece una jerarquía de prioridades para el espacio vial que pone en primer lugar a los peatones y al último a los automovilistas. Es una iniciativa fuertemente modernizadora que amplía el marco regulatorio para el mercado del transporte público y lo orienta bajo principios de eficiencia y sustentabilidad.

La ley propuesta tiene muchísima relevancia. Estos principios son excelentes, pero en los más de 400 artículos de la Ley se desprenden una serie de cuestiones que le dificultarán al ejecutivo su aprobación tal cual está, y de hecho hay algunos puntos que deberían llamar la atención.

Nacho no tiene en automático el apoyo de la bancada priista con esta ley. Hay muchos diputados que no salen beneficiados por disolver el monopolio de los taxistas. La iniciativa establece una tarifa especial para los estudiantes, entonces también se ve amenazado el monopolio de la FEC, organización que cuenta con un diputado.

Eso de que el gobernador ya no podrá otorgar concesiones por cuenta propia es medio engañoso, pues de acuerdo a la letra en última instancia es el ejecutivo el encargado de autorizar concesiones, modificarlas o revocarlas, y puede hacerlo unilateralmente. El Consejo Estatal de Movilidad Urbana es un órgano consultivo. El consejo propone y opina, pero el gobernador decide.

Habrá cuestiones que generen molestia y pueden ser utilizadas como bandera de oposición para agitar a los ciudadanos, por ejemplo el hecho de que todos los automóviles deberán contar con seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. La iniciativa de Ley establece la figura de centros de control de tráfico, lo que bien podría regular los operativos de tránsito o legalizar los retenes como práctica regular de los municipios para captar recursos financieros y no para mejorar el entorno vial. La iniciativa también abre la puerta a la implementación de la foto detección de multas.

Uno podría interpretar algunos detalles de la propuesta Ley en clave de privatización. Por ejemplo se propone crear un fondo estatal de carácter público-privado encargado de captar y administrar recursos para operar políticas en materia de movilidad. Este fondo integrará empresas que operen transporte público, sistemas de peaje, estaciones y carriles exclusivos, estacionamientos masivos y terminales de integración.

Estas interpretaciones son contextuales. Ojalá que la iniciativa gubernamental en materia de movilidad pase por un periodo de revisión y debate que aclare zonas oscuras, que integre a los encargados de implementarla, pero sobre todo, que conserve sus altas metas de reordenar la ciudad para beneficio de quienes la habitan y no quienes lucran con la cotidianidad.

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